En defensa del derecho al trabajo

En hora buena los más de centenar y medio de empleados de la cadena de cosmética y perfumería La Riviera decidió movilizarse  para demandar de las autoridades nacionales y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la aprobación de medidas jurídico-mercantiles legales que garanticen la continuidad de la operación comercial de una empresa que genera numerosísimas plazas de trabajo y tributos a las regiones donde ejerce su actividad, como es el caso de San Andrés donde La Riviera contribuye al progreso y el desarrollo socio económico

En el caso puntual que nos ocupa, los 165 empleados y empleadas de la cadena La Riviera están demandando del Gobierno colombiano y de Estados Unidos que permita la aprobación de un fideicomiso que permita la continuidad de la operación comercial de las tiendas mientras la empresa propietaria aclara su situación legal con el gobierno norteamericano.

El fideicomiso es un acto jurídico, de confianza, en el que una persona entrega a otra la titularidad de unos activos para que ésta los administre en beneficio de un tercero. El contrato de fideicomiso es el negocio Jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante transfiere a título de confianza, a otra persona denominada -fiduciario-, uno o más bienes (que pasan a formar el patrimonio fideicomitido) para que al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición, éste transmita la finalidad o el resultado establecido por el primero, a su favor o a favor de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

Es necesario que las autoridades no se hagan los de la vista gorda ni la oreja sorda para que el bien superior de mantener las plazas laborales y los tributos que ingresas al Departamento, sigan contribuyendo tanto al bienestar económico de tantos hogares que dependen de sus ingresos como empleados de La Riviera así como de las arcas departamentales que perciben un buen porcentaje del impuesto de mercancías importadas, que poco antes de haber sido intervenida La Riviera, fueron rebajadas en un 50% de su valor original por la Asamblea y la Gobernación para incentivar un mayor volumen de importaciones, que justamente estimulaba a empresas como La Riviera a incrementar sus inventarios de productos importados para retribuir más tributos al ente territorial.

Como lo dicen sus trabajadores todos los trabajadores buscan en sus fuentes de empleo “sostenernos, somos familias enteras que dependemos de nuestros trabajos para pagar casas, arriendos, estudios, colegios de nuestros hijos, gastos de nuestras familias que son diarios, somos parte de una comunidad; somos personas que conformamos barrios; somos personas que formamos parte de una sociedad y un departamento, que en el momento de vernos desempleados no nos afectaría solamente a los 160, si no a todas nuestras familias, barrios, sociedad y Departamento”,

Como se recuerda, debido a la intervención de esa compañía administrativa la empresa se ha visto seriamente afectada ya que se ha obligado a que ninguna empresa o particular mantenga relaciones comerciales con La Riviera, por lo que ha tenido que cerrar varios establecimientos por cancelación de los contratos de arrendamiento, sobre todo en los aeropuertos donde funcionaban sus puntos Dutty Free y se cancelaron los sistemas de tarjetas de crédito, lo cual ha causado la reducción de hasta un 50 por ciento de las ventas, debido a que los tarjetahabientes no pueden pagar con dinero plástico si no en efectivo, y en un destino turístico como San Andrés los visitantes utilizan en gran proporción tarjetas de crédito para sus operaciones comerciales. Algunos de los empleados tienen hijos en la Universidad y al cerrar la empresa muchos de ellos quedarían expuestos a no terminar sus carreras. Además hay empleados y sus familiares que requiere atención médica de por vida y si se quedan sin cobertura no se sabe que va a ser de ellos. Más del 80 por ciento de las trabajadoras son madres cabeza de hogar y la situación es crítica porque además hay empleados de más de 20 años de servicio que tendrían dificultades para que otras empresas los reabsorban.

Por eso esperamos que la movilización que han empezado a hacer sus trabajadores cuente con el apoyo y la compañía de la dirigencia política; desde los dos Representantes a la Cámara que han recibido apoyo financiero en sus campañas políticas, los diputados, el gobernador, los dirigentes gremiales y la sociedad en general y que el Gobierno colombiano en cabeza del presidente Santos, de la misma forma como hace gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para que liberen a un criminal de la estirpe de Simón Trinidad, que también se encuentra bajo la lupa de la Ley y Justicia de Estados Unidos, lo haga para que se conserve la operación mercantil de una empresa que le genera desarrollo social y económico al Departamento. Editorial escrito por César Pizarro B

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