¿Por qué Procuraduría pide intervenir Johnie Cay, Occre, licencias de construcción y alcantarillado?

Para proteger el derecho al medio ambiente sano en San Andrés.  La Procuraduría General de la Nación presentó cuatro intervenciones en los tribunales con el objetivo de proteger el derecho colectivo al ambiente sano de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La primera petición tiene que ver con el islote Johnny Cay, un pequeño cayo a 1,5 kilómetros de la isla de San Andrés que es frecuentado por turistas.

El organismo de control, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, presentó una acción popular en la que pidió medidas para garantizar la seguridad, salubridad y medio ambiente sano, además de la reevaluación del ingreso de turistas y las actividades comerciales, informó la entidad en un comunicado.

Como medida cautelar, la Procuraduría solicitó el cierre temporal o definitivo del Parque Nacional Regional Johnny Cay.

Por otra parte, el Ministerio Público formuló una solicitud de desacato de la sentencia del 17 de febrero de 2014, que exigió el amparo de los derechos colectivos de los habitantes de Providencia y Santa Catalina y pidió la potabilización del agua del municipio.

Otro incidente de desacato se instauró contra el gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pues según la Procuraduría no ha hecho el debido seguimiento a la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), que se encarga del control poblacional de la isla.

En ese sentido, el organismo había ordenado ejecutar un contrato de consultoría “para la elaboración de un proyecto que contenga un modelo de restructuración que modifique la estructura administrativa, definir la ampliación de la planta de personal; y que el organismo pudiera trabajar en condiciones de seguridad, salud y con espacios para garantizar la atención al público”.

Por último, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, se solicitó el desacato de la sentencia T-284 de 1995, emitida por la Corte Constitucional, que prohibe otorgar licencias de construcción en áreas protegidas dentro de la isla mientras no cuenten con redes de alcantarillado adecuadas.

En un comunicado, el Ministerio Público señaló que evidenció la problemática ambiental en el cayo Johnny Cay, por lo que presentó una acción popular en la que pidió medidas para garantizar la seguridad, salubridad y medio ambiente sano y la reevaluación del régimen de ingreso de turistas y de las actividades comerciales realizadas dentro del parque.

Como medida cautelar, la Procuraduría solicitó el cierre temporal o definitivo del Parque Nacional Regional Johnny Cay.

Como segunda medida, el Ministerio formuló una solicitud de desacato respecto a la sentencia del 17 de febrero de 2014 que amparó los derechos e intereses colectivos y al goce de un ambiente sano, conminando al municipio de Providencia y Santa Catalina para obtener la potabilización del agua del municipio.

Tercero, -agrega el comunicado- se instauró un incidente de desacato en contra de la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina porque no ha realizado el debido seguimiento sobre la Oficina de Control, Circulación y Residencia  (OCCRE) frente al control poblacional en la isla, en cumplimiento con la orden que dispuso, entre otras actividades, ejecutar un contrato de consultoría para la elaboración de un proyecto que contenga un modelo de restructuración que modifique la estructura administrativa, definir la ampliación de la planta de personal; y que el organismo pudiera trabajar en condiciones de seguridad, salud y con espacios para garantizar la atención al público.

Finalmente, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena se solicitó el desacato de la sentencia T-284 de 1995, emitida por la Corte Constitucional en la cual se disponía, entre otras, la prohibición de otorgar licencias de construcción en áreas protegidas dentro de la isla, hasta tanto no se cuente con redes de alcantarillado adecuadas.

Luego de la visita realizada por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez al departamento de San Andrés el 17 de febrero de 2017, se conformó una Comisión Especial que adelantará acciones y hará seguimiento y velará por la protección de los recursos naturales existentes en la Reserva de Biosfera Seaflower, indicó la Procuraduría. Con resumen de diarios, emisoras y noticieros de tv

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