Corte Suprema dilata procesos a congresista isleño y cuestiona a ciudadanos que indagan por expedientes

La Corte Suprema de Justicia, muy cuestionada por estos días por el escándalo de corrupción que envuelve a varios de sus magistrados o ex magistrados y que tiene en la cárcel a uno de sus expresidentes acusado de corrupción a través del llamado Cartel de la Toga que presuntamente negociaba absoluciones judiciales por miles de millones de pesos a Congresistas involucrados en líos judiciales, ha venido dilatando todos los procesos penales contra el legislador sanandresano Julio Eugenio Gallardo Archbold y cuestiona a los ciudadanos que indagan por esos procesos.

Así se desprende de dos oficios que esa corporación le respondió al bloguero Álvaro Segundo Archbold Núñez a quien la Corte increpó por hacerle solicitudes relacionadas con esos procesos.

“En respuesta a su derecho de petición, allegado a la Secretaria el 19 de septiembre pasado me permito requerirlo para que acredite la calidad e interés que le asiste para pedir la información solicitada en el escrito de la referencia (…) Lo anterior dentro de las diligencias adelantadas en esta Corporación contra el Representante a la Cámara Julio Gallardo Archbold” , dice una de las comunicaciones firmada por Nubia Yolanda Nova García, secretaria General de la CSJ, desconociendo que el Artículo 23 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011 le conceden el derecho a la ciudadanía a formular respetuosas peticiones a todas las autoridades colombianas.

Adicionalmente en otro oficio la misma entidad le informa al abogado y exgobernador Archbold Núñez que en un proceso de única instancia por peculado por apropiación, se está pendiente de fijar fecha para audiencia de juzgamiento que se debe adelantar contra el legislador por procesos que datan del año 2006 cuando fue presidente de la Cámara de Representantes y que están a punto de prescribir. 

En manos de magistrados del “Cartel de la Toga” duermen el sueño de los justos 

Así se desprende de sendas investigaciones periodísticas de The Archipiélago Press y del bloguero de Quitasueño Álvaro Archbold Núñez mediante consultas on line o derechos de petición sobre los procesos que le cursan al legislador en la Corte Suprema de Justicia.

Según derecho de petición respondido al abogado Archbold, el hoy investigado magistrado Gustavo Malo, señalado por presunta corrupción como parte del llamado Cartel de la Toga, en su despacho cursa una investigación penal por hechos que este rotativo denunció hace varios años y que desde el 16 de abril de 2012 está decretado en indagación previa por presuntas influencias ante el director Nacional de Estupefacientes mediante la asignación de depositarios y la adjudicación de vienes a sus familiares y miembros de su grupo político. Pese a que han transcurrido más de cinco años desde cuando se decretó el auto de apertura de investigación, apenas se está estudiando el acopio de pruebas necesarias para darle el impulso a la investigación que cada vez está más próxima a prescribir.

De otro lado este rotativo comprobó que desde el 15 de diciembre de 2015 en el despacho del magistrado José Leónidas Bustos, también señalado por la Fiscalía ante la Comisión de Acusaciones del Congreso de presunta corrupción se quedó engavetados por muchos meses un recurso extraordinario de casación del legislador sanandresano, frente a una acusación de la propia Corte Suprema de Justicia que formuló acusación por peculado en favor de terceros contra el entonces presidente de la Cámara de Representantes, frenando de esta manera una eventual condena contra el congresista.

Estas convenientes moras en los procesos judiciales que ha enfrentado el congresista Gallardo parece mostrar el mismo patrón que hoy se investiga del llamado Cartel de la Toga que por años ha mantenido represados diversos procesos penales en contra de congresistas como los llamados Ñoños de Córdoba, hoy salpicados por un gigantesco y vergonzoso escándalo de corrupción que logró alcances nacionales y que implicó a las tres Ramas del Poder Público en Colombia.

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