Ordenan a la Occre otorgar permiso de residencia a directora de la Dian expulsada por no tener residencia en la isla

Foto tomada de El Tiempo. Corte advierte a la Dian que funcionarios nombrados deben hablar inglés.                           La Corte Constitucional dejó sin efectos las resoluciones No. 092 de 2016 y 2446 de 2016 de la Oficina de Control de Circulación y Residencia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Occre), en las que se decidió abrir investigación previa e imponer sanción administrativa contra la directora de la Dian Seccional San Andrés Jenny Alexandra Camacho, la cual fue expulsada de la isla luego de ser nombrada en el cargo sin contar con residencia en la isla de San Andrés.  La Capitán de Corbeta de la Armada Nacional “fue designada en comisión administrativa permanente en la Administración Pública” mediante  Resolución No. 0429 del 22 de enero de 2016, proferida por el Ministro de Defensa Nacional, para ocupar el cargo de directora Seccional de la DIAN-San Andrés.

El fallo de la Corte Constitucional ordenó a la Oficina de Control de Circulación y Residencia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Occre) que reconozca y autorice permiso de residencia provisional a la funcionaria y su núcleo familiar, hasta tanto se adelanten y culminen los trámites de normalización y definición de la permanencia en la Isla de la demandante, en razón la vinculación institucional que se ha oficializado entre ésta y la Dian.

De igual forma se advierte al Director Nacional de la Dian acerca de su deber de solicitar la expedición de la tarjeta de circulación o residencia de los funcionarios que ingresen a la Isla, bien sea con fines de registro, bien con fines de control  y que la persona que designe como Director Seccional en las Islas debe cumplir con el requisito de hablar inglés, en los términos del artículo 45 de la Ley 47 de 1993. Séptimo.-

Así mismo se advierte a la Gobernación de San Andrés Islas sobre su obligación de dar respuesta a los derechos de petición y los recursos presentados por todos y todas las ciudadanos en vía administrativa dentro de los términos legales.

Y también se le advierte a la Occre que, en caso de iniciarse nuevamente el trámite para la residencia temporal y trabajo de la señora Jenny Alexandra Camacho, por parte de la Dian, deberá acatar lo expresado en esta providencia, sin perjuicio de llevar nuevas controversias sobre la interpretación de las normas legales pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa.

La Corte aseguró que su caso no es el de una persona que ingresa en calidad de turista y es sorprendida ejerciendo labores de naturaleza privada, o el de quien sobrepasa el tiempo de estadía admitido por las autoridades isleñas. Se trata de una funcionaria nombrada por el Director Seccional de la Dian, miembro de la Armada Nacional y con tarjeta de la Occre por su condición de oficial. Y la violación o no de las normas de residencia, trabajo, circulación e idioma dependía de complejas discusiones de interpretación legal.

Por ello, la Occre debía permitirle el acceso integral al expediente, y crear, en el marco de sus procedimientos especiales, un lugar adecuado para la defensa, no de forma precaria, sino de manera profunda e integral. En consecuencia, la Sala dejará sin efectos la resolución 2446 de 2016, por la que se decidió declararla en situación irregular, expulsarla de la Isla y sancionarla con multa, por diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Sin embargo, la Sala observa que ello implicaría el reinicio de un trámite en las mismas condiciones en que se produjeron las sanciones a la accionante, en un escenario en que las partes sostienen puntos de vistas disímiles y eventualmente incompatibles sobre el contenido del derecho positivo aplicable en el asunto objeto de análisis. Estas discusiones giran en tomo a normas legales y de un decreto con fuerza de ley que han sido analizadas y aplicadas en diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, de manera que resulta oportuno establecer un mínimo de condiciones para que este trámite se ajuste a estos estándares, sin perjuicio de que, discusiones ulteriores sean llevadas ante los jueces competentes. (En principio, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo).

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