Tutela, queja y denuncia contra administradora aeroportuaria por trabas a operador de TAC

La queja, denuncia y acción de tutelas la presentó el gerente de la agencia de turismo Ocean Wonder Tour, Byron Bent Williams ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, Gobernación del Departamento, Oficina de Control de Circulación y Residencia OCCRE, la Dirección de Aeronáutica Civil y la Rama Judicial, contra la administradora del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, Julieth Howard González.

La funcionaria de la Aeronáutica Civil es acusada de presunta violación de derechos al trabajo y a la igualdad entre otros, debido a las trabas que ésta le ha impuesto a la mentada agencia de turismo para atender a sus usuarios y clientes en el aeropuerto local, no obstante que la misma le había asignado un espacio por el que les cobró la suma de 2.958.000 pesos, pero luego lo declaró espacio público y ordenó su desalojo a la Policía Aeroportuaria.

El empresario en su denuncia asegura que está situación la considera una violación de derechos y falta de respeto ya que como ciudadano Raizal interesado en apoyar y brindar un servicio a la comunidad, me he comprometido en realizar grandes inversiones en beneficio de mis paisanos, ya que la empresa Searca era la única que operaba entre ambas islas y en virtud a que no se encontraban cupos decidí ofrecer el servicio de transporte entre ambas islas pero siento persecución por parte de la Aeronáutica Civil, advierte Bent Williams.

En virtud de ello el operador turístico pide que se investigue si las demás aerolíneas que operan en la misma ruta cumplen todas las exigencias legales que se le están imponiendo a la operación de TAC que ha cumplido todos los requisitos y a la Oficina de Control de Circulación y Residencia OCCRE, que se establezca si su personal de aviadores y administrativo tiene autorización para laborar en las islas.

Los hechos
La empresa Ocean Wonder Tour solicitó a la Aeronáutica Civil el espacio en los aeropuertos para operar en el Departamento Archipiélago entre la isla de San Andrés y Providencia islas  a través de la aerolínea Transporte Aéreo de Colombia TAC bajo la modalidad de vuelos charters. Dicha operación se inició a partir del 26 de mayo de 2017 se solicitaron los respectivos permisos para operar dentro de los aeropuertos administrados por la Aeronáutica Civil y temporal de trabajo para el personal de tripulación ante la Oficina de Control de Circulación y Residencia, Occre.

Luego se solicitó  ante la administradora del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, Julieth Howard González, autorizar la asignación de un espacio en el aeropuerto de San Andrés, en el área de módulos de atención de pasajeros, para atender dignamente a los usuarios y/o clientes.

Posteriormente la U.A.E Aeronautica Civil en San Andrés,  asignó un espacio en el aeropuerto para atención a usuarios y emitió una factura  de pago (Recibo de caja 11356 de junio 20-2017 por valor de $ 2.950.800, en fecha 20 de junio de 2017, por concepto de arrendamiento de área stand, en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, y de esta manera constituyendo un contrato interpartes para el uso del área asignada en un pasillo ciego (sin salida) del segundo piso, a cambio de un pago.

Posteriormente en fecha 5 de julio de 2017 Howard González  en su condición de Administradora Aeroportuaria U.A.E Aeronáutica Civil, ordenó que se retirara el personal del área en el aeropuerto que había asignado en virtud de la expedición de la factura de cobro que cancelaron oportunamente, manifestando que esa área la había  declarado espacio público y que por ello debíamos abandonar el área inmediatamente.

“Resulta extraño porque mientras declara como Espacio Público un pasillo ciego, sin salida ni utilidad más que para que viajeros se tiran al piso a dormir, por demora en sus vuelos,  no haya declarado como espacio público -debería ser espacio de uso común- los espacios ocupados por empresas comerciales, las cuales ejercen actividades distintas a las aeronáuticas, pero sí en cambio se le permiten ejercerlas dentro del aeropuerto, pero no a nosotros que cumplimos una función de atención de pasajeros, violando de esta manera nuestro Derecho al Trabajo.  Y al ponerle trabas a un empresario raizal, se me están violando las normas señaladas en el Decreto 2762 de 1991, Decreto 2171 de 2001 y demás normas de la Occre al no concederle oportunidad a un residente o raizal de las islas para laborar legalmente, violando con esto el Derecho a la Igualdad. Y al pretender desalojarnos en forma violenta, con hostigamiento permanente y sin llevar a cabo un debido procedimiento, como lo indica la ley, se nos ha violado el Debido Proceso, dice la acción de tutela incoada.

“No se puede perder de vista que la explotación comercial que estamos haciendo con el uso de los aeropuertos, no es un beneficio exclusivo para nosotros como operadores, sino que además le genera beneficios al aeropuerto, debido a que pagamos tasas aeroportuarias que generan ingreso adicional a las arcas de la Aeronáutica Civil, y pago de arriendo por el uso del espacio que requerimos para atender nuestros pasajeros”, concluye la acción de amparo.

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