Si la concesión de Proactiva (multinacional española) es por 15 años, habiendo comenzado el 3 de octubre de 2005, significa que estarán hasta el 3 de octubre de 2020, faltándole 7 años de concesión. Todo apunta entonces a que esa concesión será renovada. ¿Merece Proactiva, como consecuencia de sus ejecutorias de los anteriores 8 años de contrato, un espaldarazo gubernamental en tal sentido, como el adoptado en el Plan de Aguas con multimillonarios desembolsos? ¿No será acaso el momento de que se advierta que si Proactiva no mejora sus servicios esa concesión debe serle terminada?
Se va a dotar al distrito #4 de North End (casi todo sector popular) del servicio de Alcantarillado, lo cual significa que una vez adoptado, comenzará el cobro a los usuarios.
Los pasados 8 años han demostrado que Proactiva ha asumido una actitud de posición dominante, con un esquema de cobro de tarifas bastante confuso y de reclamaciones sumamente kafkiano.
Es el momento que aún a inmuebles del North End, que solo con el Plan 2500 resultaron conectados a la red de alcantarillado, les están elevando cobros acumulados anteriores a tal hecho sin que tuvieran el servicio.
¿Pasará lo mismo con esas aproximadas 2797 viviendas estimadas a los cuales en el distrito # 4 se les brindará el servicio? ¿Si es el Gobierno Nacional el que financiará la adopción del programa estratégico en materia de agua potable y saneamiento básico, pasará Proactiva a solo ser un cobrador de tarifas de un montaje que no hará? ¿En caso contrario, esto es, si no es el gobierno nacional el que financiará ese programa, quien lo hará? ¿Cuánto podrá Proactiva? ¿Qué dice al respecto el contrato de concesión que celebró Aguas de San Andrés S.A EPS con Proactiva, cuya suscripción tuvo el aval de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios?. A todas estas, ¿Qué pensará la procuradora ambiental y agraria?
