San Andrés, julio de 2023.
En mi condición de ciudadano arbitrariamente privado de la libertad y doblemente víctima del homicidio de mi amada esposa MARÍA MERCEDES, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, acudo a este medio para invitarles a reflexionar acerca de las afirmaciones que, a manera de reclamo a la Revista Cambio, hacen ustedes en el portal de “The Archipiélago Press”, el pasado 10 de julio.
Afirman Ustedes que ya “se comprobó que al parecer, José Manuel no sólo asesinó a nuestra madre y hermana a sangre fría en su propia casa, sino que la dejó agonizar mientras intentaba encubrir su crimen y desaparecer pruebas fundamentales.”.
¿No se les ha ocurrido que si yo le hubiera disparado a Mersita, habría esperado hasta que falleciera para llamar a la línea de emergencias, sin correr el riesgo de que me delatara?
Cuando hablan de las pruebas fundamentales que desaparecí, ¿se refieren al celular samsung de Mersita, que se robó de la casa el policía Aldair Gallo Toloza meintras yo estaba en el hospital? ¿El mismo celular cuya devolución le exigí a la fiscalía desde el primer momento, creyendo que estaba en su poder como elemento material probatorio? ¿Reclamarle el celular samsung de Mersita a la fiscalía, de verdad es una forma de ocultar su existencia?
Dicen que, además, yo “habría falsificado las firmas de dos de las víctimas que suscriben esta misiva, para obtener así un poder para figurar como víctima en la investigación.
¿Nadie les ha dicho que el poder requiere para su validez la aceptación del apoderado? ¿Los poderes que la fiscalía les ha exhibido, tienen la firma del apoderado?¿Julián no les ha contado que entre febrero y junio de 2022 acordó varias citas, todas frustradas por él, con el abogado que yo recomendé? ¿No les ha dicho que el propósito era presionar a la fiscalía entre todos para obtener resultados en el esclarecimiento del crimen? ¿Creen que si yo fuera el asesino estaría interesado en presionar ese esclarecimiento? ¿Creen que me convenía esa presión, así como gestionar y lograr que la Procuraduría designara un agente especial para que vigilara y actuara desde la indagación?
Califican ustedes de maniobra dilatoria, grosera e irrespetuosa la solicitud de cambio de radicación que formuló mi defensa, con que “pretende que los jueces de San Andrés pierdan competencia, y el juicio pase a manos de un juez de Bogotá, porque considera que la vida del acusado, corre peligro por las bandas delincuenciales de la Isla, las cuales nada tienen que ver en este caso.
¿En qué me favorecería que uno de los 66 jueces penales del circuito de Bogotá, previo reparto, conozca el juicio? ¿Están en condiciones de desmentir las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que dan cuenta de la existencia y características criminales de la banda de Los Pusey? ¿No les preocupa que durante la indagación, la fiscalía hubiera omitido el deber de realizar cualquier cotejo balístico con las armas incautadas con posterioridad a los hechos? ¿No se han enterado de que el arma incautada, efectivamente pertenece a esa banda?
Manifiestan ustedes preocupación porque “el peritaje que presentó la defensa hace unas semanas, y que difundió en medios de comunicación, puede contener serias irregularidades”.
¿Nadie les ha dicho que ese peritaje no lo realizó la defensa? ¿Que lLo hizo un laboratorio oficial, independiente, acreditado nacional e internacionalmente, el de la DIJIN de la Policía Nacional, empleando la más alta tecnología mundialmente reconocida, y sin ningún contacto ni intervención de la defensa ¿Están seguros de que en el “contra peritaje” de parte interesada que mencionan, que mi defensa desconoce, se empleó la misma arma incautada? ¿Este “contra peritaje” que ustedes invocan, no es un intento de “documentar de manera más sólida” la acusación?
Dicen ustedes que “los jueces de la República (…) han determinado, en varias decisiones -que están en firme-“, que soy el presunto autor de los delitos.
Dado que ni siquiera se ha dado inicio a la fase probatoria del juicio, ¿qué jueces me han declarado “presuntamente autor de los crímenes” de los que se me acusa?
Debo señalar: No existe decisión en firme, que declare mi presunta responsabilidad.
Como lamentablemente ustedes cayeron en la trampa de confundir fantasías y conjeturas con hipótesis siquiera medianamente plausibles, aunque me informan que en el ordenamiento jurídico probatorio aplicable en Colombia no se acepta la prueba del polígrafo, desde aquí les manifiesto mi disposición a someterme a ella, en el laboratorio que escojan. Quizá eso les ayude a preguntarse si su actitud obstinada no está contribuyendo con la total impunidad de los verdaderos asesinos de Mersita.
JOSÉ MANUEL GNECCO
