Abogados invocan protección a raizales por muertes selectivas ante la CIDH

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Ya hubo una contestación por parte de la Corte Interamericana frente a su demanda. Las cincuenta y nueve muertes que han tenido lugar en la isla de San Andrés en los últimos cinco años, según la denuncia presentada ante la CIDH, viene como consecuencia del hostigamiento y estigmatización del raizal de estar vinculado al narcotráfico.  En mayo del 2011, el líder raizal Enrique Pusey Bent  puso en conocimiento de la Fiscalía sobre este tema y al año siguiente el ente acusador decidió “archivar la investigación” por no encontrar pruebas. La CIDH, en su documento de respuesta, le ha solicitado a los demandantes, y para decidir sobre atender las medidas cautelares, clarificar el universo de los beneficiarios, en este caso, la comunidad raizal, de existir líderes con una supuesta situación de riesgo particular detallando sus nombres.

Por: Daniel Newball H.

Ante la indignación presentada por el abstención por parte de la Fiscalía General de la Nación frente algunos casos de muertes selectivas ocurridas en la isla, y en perjuicio de miembros de la comunidad raizal de las Islas, el abogado y director de la Red Nacional de Veedurías Eduardo Padilla Hernández, señaló que es deber del Estado colombiano de brindar esa protección frente a lo que consideró un genocidio del que está siendo víctima el pueblo raizal.

Las denuncias habían sido presentadas en su momento por parte del ciudadano Enrique Pusey Bent en un documento voluminoso en que hace un total de nueve denuncias sobre el exterminio del pueblo raizal y la persecución estatal.

“Bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, la isla de San Andrés se ha sobrepoblado de Ejército y Policía dándose el fenómeno de sobrepoblación donde vemos que los agentes del orden quieren llegar a la isla junto con sus familias al igual que las autoridades encargadas aportan su grano de arena para la sobrepoblación generando un grave conflicto cultural, étnico y económico al pueblo raizal.

“A la fecha, y como resultado del enfrentamiento y desplazamiento étnico, cultural y económico del pueblo raizal, se han realizado asesinato por acción de los sicarios a 59 miembros de la comunidad étnica raizal durante los últimos cinco años encendiendo las alarmas de forma intensa”, dice Padilla Hernández quien presentó la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el apoyo de los también abogados Víctor Velásquez Reyes y Ricardo Cifuentes Salamanca, éste último en representación de la Corporación Foro Ciudadano, una Organización No Gubernamental en defensa de los Derechos Humanos que también participa del proceso.

Dentro de la demanda se explica que hay un constante hostigamiento por parte de las autoridades colombianas contra el Pueblo Raizal, realizando requisas de habitación, instalando retenes en los barrios donde habitan, realizando sobrevuelos de aviones a baja alguna en lugares cercanos a sus escuelas y colegios donde se educan sus hijos raizales, los sitios de diversión y expresión acabando con batidas y redadas, quedando a la fecha, y según la demanda dos lugares de concentración de cultura raizal.

La CIDH, en su documento de respuesta, le ha solicitado a los demandantes clarificar el universo de los beneficiarios, en este caso, la comunidad raizal, de existir líderes con una supuesta situación de riesgo particular detallando sus nombres; el detalle cronológico e individualizado donde expresen circunstancias de modo, lugar y tiempo sobre amenazas, hostigamiento y hechos de violencia en contra de los raizales, conocer si se habrían presentado las denuncias anteriormente y cuales han sido sus resultados, si se habrían presentado acciones de protección previa y sus resultados a fin de poder cumplir con las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad Raizal ante el organismo judicial multilateral.

La demanda coincide con el debate generado sobre el tema de la existencia de bandas criminales, la cual fue revelado por el Director del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial de la Fiscalía, David González, y el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, quienes han hecho el llamado a las autoridades para que intervengan al respecto.

“Si existen bandas criminales en la isla, esa no es competencia de la Red Nacional de Veedurías, la Fiscalía tiene la responsabilidad de combatir a estos grupos y tiene dentro de función controlar este tema.

“Nosotros estamos utilizando las herramientas judiciales que nos permiten acudir a las instancias judiciales internacionales porque, lamentablemente, la Fiscalía no está actuando, sin responsabilizar al actual Fiscal (Eduardo Montealegre) debido a que las decisiones se han tomado en administraciones anteriores y por eso hemos querido llegar hasta la Corte Interamericana”, concluyó Padilla Hernández.

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