“Eedas es una gigantesca carga para la economía pública que encarece el servicio de energía”

En corto tiempo esta empresa no ha sido ajena a la burocratización, corrupción y politiquería.

El veedor ciudadano Leandro Pájaro Balseiro denunció ante la Contraloría General de la República la causa de un enorme detrimento patrimonial para el presupuesto de la Nación y el encarecimiento del servicio de energía a los usuarios por cuenta de la existencia de la Empresa de Energía de San Andrés, Eedas, la cual hoy día se constituye en otro fortín político y burocrático del representante a la Cámara Julio Gallardo Archbold, donde incluso ya se ha destapado el robo de kilómetros de cableados del sistema de interconexión eléctrica de la isla.

Y es que desde un principio no ha existido confianza en el papel de Eedas, por cuanto su gerente siempre se ha negado a entregar información pública de los manejos contables, invocando el derecho privado a pesar de administrar dineros públicos; además este llegó a la gerencia con los malos antecedentes de quiebra de otras dos empresa públicas que gerenció como fueron la Lotería Nueve Millonaria y la empresa Archipiélagos Power and Light. Y más recientemente el nombramiento de la Secretaria General, tuvo un fuerte pulso con el Departamento que es socio de la entidad y quien a instancias de la Asamblea Departamental promovió su creación mediante ordenanza para asegurar su participación accionaria producto de sus activos en APL. Este nombramiento recayó en la ex asesora jurídica Etilvia Cano Barrios, cuestionada por su rol en la contratación de la Gobernación durante el Gobierno de Pedro Gallardo Forbes y quien fue removida en declarada insubsistente en dos ocasiones de la Contraloría General de la República, sede San Andrés.

El Zar Anticorrupción Ciudadano dijo que estamos frente “al posible concurso por parte de funcionarios del Ministerio de Minas y Energía en la consumación de este gran detrimento patrimonial al Estado, al permitir el “funcionamiento” de esta “empresa de servicios públicos domiciliarios” (como está registrada) para ocasionar gravísimo daño económico al interés público y social, a cargo del dinero de los contribuyentes y usuarios de dichos servicios, toda vez que esta empresa no produce nada, ni presta servicio alguno que contribuya al bienestar general  o al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Es una gigantesca carga para la economía pública. Las supuestas “funciones” que está cumpliendo esta “empresa” son de competencia y las está realizando la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el Instituto de Planeación para la Soluciones Energéticas de las Zonas no Interconectadas (IPSE) y las funciones de control y vigilancia, para este sector, son de competencia y las realiza la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las labores de regulación, son de competencia legal de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ante lo cual percibimos que la empresa EEDAS, en la práctica, no está llevando a cabo función alguna que amerite los considerables gastos de funcionamiento que los colombianos tenemos que asumir y en la teoría, está asumiendo funciones de cuatro (4) entidades del Estado, creadas por la Ley para los postulados constitucionales inherentes a su finalidad social y estas disposiciones están claramente definidas en el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1.994, artículo 45).”

Pájaro Balseiro asegura que “en este orden conceptual solicito a ese despacho  (CGR) y repito, a instancias de los ciudadanos sanandresanos, establecer el costo total y absoluto del funcionamiento de esta empresa que nos corresponde sufragar, año tras año y desde sus inicios y establecer si el Estado, asumiendo este gran lastre burocrático, está propendiendo por la obtención de economías de escala, al sostener trece (13) cargos de planta, cuando por reglamentaciones estatuarias, solo se permiten cuatro (4) y lo hacen a través de órdenes de prestación de servicio, lo cual es contrario a la ley. La pregunta que se hace la comunidad es la siguiente: ¿de dónde pueden provenir las “utilidades” que esta “empresa de papel” (mico) reporta, si no producen nada y solo perciben dineros públicos, los cuales derrochan y gastan infructuosamente? La información etérea que tenemos los ciudadanos de las islas es que el presupuesto para gastos y pagos para esta empresa  EEDAS oscila alrededor de quince mil millones de pesos ($15.000.000.000) solo para un (1) año, por lo que consideramos que se debe involucrar en las posibles responsabilidades fiscales a los funcionarios del orden nacional, que sospechamos, son quienes están detrás del desmonte del subsidio a la energía y el incremento del impuesto al alumbrado público para las Islas, como sofismas de distracción o cortinas de humo para que las autoridades no se percaten del verdadero negociado que existe detrás de todo este despilfarro.”

Pájaro Balseiro asegura además que para la vinculación de esta empresa como “interventora” al proceso de prestación exclusiva del servicio de energía eléctrica en la región, se violaron todas las disposiciones que rigen la contratación estatal en el país, es decir, no tiene asidero jurídico, como quien dice “está pegada con babas” y desde ese instante se fraguaron todos estos entuertos que tienen proyectados colapsar a San Andrés y Providencia en lo laboral, social y económico a partir de enero de 2.015. Tal vez considere el ente de control fiscal que este aspecto, por sus connotaciones, sea del resorte disciplinario, pero por las consecuencias patrimoniales, conceptuamos procedente informarles.

Denuncia el Veedor Ciudadano que durante la corta ‘gestión de esta empresa de papel’ se han presentado graves incumplimientos en las ejecuciones de las obras contratadas, así como serias desviaciones de sus propósitos iníciales, tales como la subterranealización de las redes y la no liquidación de sendos contratos, como ya se enunció, los cuales detallamos a continuación: 013, 020, 021, 022, 023 y 024 del 2.008 dentro del proyecto  Fazni, en los cuales no se permitió la vigilancia por parte de los profesionales del ente gubernamental local.”

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