Legalizan captura e imponen medida de aseguramiento a tripulante de lancha hallada con 505 kilos de cocaína tras persecución por aire, mar y tierra

En las horas de la mañana de este martes 21 de emero de 2020 se legalizó el procedimiento de captura en flagrancia y se le imputaron cargos penales al señor LUNG DUFFIS SPICER ARMANDO por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y se ordenó su detención preventiva en establecimiento de reclusión Cárcel Nueva Esperanza de San Andrés.

La Audiencia contó con la participación activa de la Fiscalía Seccional 02 de San Andres que presentó el material probatorio contra el indiciado, formuló los cargos y solicitó medida de aseguramiento, y la misma estuvo a cargo del juez Segundo de Control de Garantías de San Andrés.

Al capturado se le imputó responsabilidad penal por el cargamento de 505 kilos de clorhidrato de cocaína incautado el domingo en la tarde en el sector de Elsy Bar en un envolvente y cinematográfico operativo de persecución por aire, mar y tierra que involucró un avion P3 Orion de vigilancia satelital de Estados Unidos que opera en el aeropuerto internacional Ernesto Cortizzos de Barranquilla, lanchas de Guardacostas y Unidades de la Policia Nacional, Sijin y Goes.

El abogado del indiciado, Julio Cotes alegó falta de inmediatez en la captura del tripulante, pero el fiscal del caso invocó el artículo 298 del Código Penal, Parágrafo 2 el cual establece que cuando existan motivos razonables para sospechar que una nave está siendo utilizada para el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los miembros uniformados de la Armada Nacional, deberán aplicar el procedimiento de interdicción marítima y conducir inmediatamente la nave y el personal que está a bordo al puerto para que se verifique el carácter ilícito de las sustancias que transportaba. En este caso el término de 36 horas para que se realice la audiencia de legalidad, se contará a partir del momento en que se verifique que las sustancias transportadas son ilícitas en el puerto, siempre y cuando se cumpla el procedimiento de interdicción marítima y se hayan respetado los derechos fundamentales de los involucrados.

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