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Análisis: perspectiva de la violencia juvenil insular

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PERSPECTIVA DE LA VIOLENCIA JUVENIL INSULAR.
POR: SHANA TAYLOR BUSH
Psicóloga.
En el presente artículo, presentaré un análisis del fenómeno de la violencia juvenil en la isla de San Andrés, retomando algunos elementos conceptuales, legales y empíricos, éstos últimos, basados en mi experiencia profesional de 13 años trabajando con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal.
De esta manera, busco crear conciencia acerca de un problema que ha venido creciendo desde hace varios años y ahora, en medio de la pandemia por el covid-19, con todas las repercusiones que ha traído a nivel económico, social y psicológico para las personas, puede terminar convirtiéndose en un problema mucho más complejo de intervenir.
De igual manera, mis reflexiones y críticas no tienen ningún tinte político y cuando hablo del gobierno departamental, lo hago como organismo de poder del estado en la isla, con sus respectivas obligaciones constitucionales.
Tal y como menciona Carmen Rosa De León-Escribano, la violencia es producto del impacto psicológico y pérdida del tejido social causados por los diversos conflictos armados vividos en una región, de la debilidad institucional y de la ausencia de políticas incluyentes y equitativas.
Es así como vemos que en la isla, con el crecimiento urbano desordenado y la sobrepoblación, así como el auge de las actividades ligadas al narcotráfico y la llegada y conformación de ciertas estructuras a su servicio, fueron apareciendo focos de violencia especialmente en los barrios populares, reforzados por conflictos entre familias producto de la intolerancia o vendettas relacionadas con el ejercicio de actividades ilegales, tales como el hurto y el micro-tráfico, lo que aunado a la proliferación de armas de fuego y el fácil acceso a éstas, exacerban la conflictividad e incrementan la letalidad.
Hoy en día algunos de los adolescentes y jóvenes de nuestra ínsula, incluyendo los sectores nativos-raizales, han tenido contacto con este tipo de armas.
Pero, por qué algunos de estos adolescentes y jóvenes terminan involucrados en hechos de violencia y otros no? La respuesta no es tan sencilla y está relacionada con la presencia o no de factores protectores y factores de riesgo a nivel personal, familiar y social.
Los factores protectores o de generatividad, son condiciones favorables que permiten el desarrollo integral de los sujetos, mientras que los factores de riesgo o de vulnerabilidad, son condiciones adversas que elevan la probabilidad de daño en estos sujetos.
Lo anterior se puede ejemplificar de la siguiente manera: Tenemos dos adolescentes de 15 años de sexo masculino. El primero vive en un barrio popular (no menciono un nombre en particular para no estigmatizar), en condiciones de hacinamiento y pobreza, con situaciones de violencia intrafamiliar, en escolaridad retardada (cursa primero de bachillerato por tercera vez) y con consumo socio- recreativo de marihuana.
El segundo vive en un barrio estrato medio-alto, con condiciones dignas de vivienda, ambos padres trabajan, tratan de compartir tiempo con él, supervisan sus actividades, pertenece a un equipo de fútbol juvenil de la isla y no presenta consumo de SPA.
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Cuál de estos dos adolescentes tiene más probabilidades de participar en hechos de violencia? La respuesta en este caso resulta obvia, ya que en el primer caso existen más factores de riesgo que protectores.
Sin embargo, existe un concepto que explica, por qué algunas personas, viviendo en condiciones de vulnerabilidad, no terminan en estas situaciones y es la resiliencia, que básicamente es la capacidad que tiene un individuo de sobreponerse a las adversidades de la vida. Desafortunadamente, es una capacidad que no todos alcanzan a adquirir.
En este orden de ideas, está demostrado que el comportamiento violento en adultos jóvenes viene precedido de un comportamiento agresivo en la niñez y adolescencia temprana.
Estos comportamientos no aparecen de forma repentina y normalmente cuando he indagado al respecto en la historia clínica con los padres o acudientes, me encuentro con antecedentes de problemas de conducta tales como déficit de atención con hiperactividad, conductas desafiantes, problemas de aprendizaje o
acontecimientos vitales estresantes como exposición a eventos de violencia a temprana edad, encarcelamiento de alguno de los padres, entre otros; muchos de los cuales no fueron atendidos de forma oportuna y profesional.
De acuerdo con Bonta y Andrews son ocho las características que permiten predecir el comportamiento violento de los jóvenes:
  1.  Antecedentes de comportamiento antisocial
  2.  Patrón de personalidad antisocial
  3.  Conocimiento antisocial
  4.  Socios antisociales, (pandillas, combos, maras)
  5.  Familia / circunstancias matrimoniales, (familias criminales, violencia íntima e intrafamiliar)
  6.  Escuela, trabajo (bajo nivel educativo por inicio de trabajo a temprana edad, deserción escolar, desempleo)
  7. Ocio / recreación, (falta de recursos económicos, no practicar deporte)
  8.  Abuso de sustancias psicoactivas (A inicio más temprano, mayores secuelas).
A nivel familiar, me he encontrado con un patrón de relaciones disfuncionales, ya sea por estilos de autoridad extremos, en los cuales o son muy autoritarios, con tendencia a ser agresivos; son permisivos y suelen poner pocas normas y límites; o son negligentes y no velan por sus necesidades y sus cuidados.
También existen familias donde oscilan entre un estilo y otro dependiendo de la situación, evidenciando por un lado a una madre, un padre, un abuelo o abuela que sufre por estos comportamientos y que no cuenta con las herramientas suficientes para afrontarlos; así como también he observado familias en dónde han normalizado estas conductas al extremo de encubrirlas y perpetuarlas.
La familia como núcleo fundamental de la sociedad, es el primer espacio de socialización que tienen los niños y niñas, en dónde se aprende valores y normas de conducta, adquieren hábitos y rutinas (aseo, alimentación, etc) y a través de esto, aprenden a desenvolverse en comunidad, junto con la interacción con los
profesores (escuela) y las demás personas de su entorno.
Si bien, los padres y quienes ejerzan su rol son quienes deben asumir de forma activa la crianza y cuidado de sus hijos, tal y como lo estipula la ley 1098 del 2006 (ley de infancia y adolescencia), el estado, la familia y la sociedad son corresponsables en este ejercicio y cuando la familia falla, el estado debe intervenir y por ello se crearon instituciones como el ICBF y se le otorgaron capacidades y responsabilidades al ente territorial como las secretarías, las fundaciones y ONG´S para velar por el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, desde sus diferentes áreas durante el curso de su vida.
En la actualidad, en la isla se cuenta con el operador ASOCIACIÓN GOTAS DE PAZ en el cual trabajo, que maneja las medidas privativas y no privativas de la libertad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA).
Aún cuando por motivos contractuales y de reserva de la información por tratarse de población bajo protección, no puedo ahondar en detalles, si puedo contarles que este trabajo debe ir articulado de forma permanente con el ente territorial y demás
sectores de la sociedad para cumplir con las finalidades que establece el SRPA que son: Pedagógica, Protectora y Restaurativa, porque su interés no es el castigo del adolescente o joven, sus medidas tienen un carácter pedagógico y diferenciado respecto al sistema de adultos conforme al principio de la protección integral y
buscan que reconozcan su conducta punible y reparen el daño cometido a la víctima y a la sociedad.
Si bien, en varios sectores del gobierno y la comunidad, prevalece el “populismo punitivo” que aboga por disminuir la edad de responsabilidad penal que actualmente es de 14 años y aumentar los años de privación de la libertad, con todo el conocimiento de causa, sí les digo, que esta estrategia no interviene la raíz del
problema, porque cuando un menor de edad comete un delito, indudablemente la familia, el estado y la sociedad fallamos. El delincuente no nace, se hace.
Retomando el tema de la violencia, las estadísticas son contundentes.
Haciendo un análisis de la información disponible en la página web del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de los últimos 10 años, me encuentro con una desagradable sorpresa.
En sus categorías, establecen varios tipos de violencias como homicidios, violencia interpersonal, violencia intrafamiliar, sexual, lesiones por accidentes de tránsito, etc.
Pero para el objeto del presente artículo me detengo en las dos primeras (Homicidio y violencia interpersonal), encontrando los siguientes datos:
En cuanto al homicidio, desde el año 2010 hasta el 2019, 186 personas han fallecido de forma violenta por esta causa. En lo que va corrido del 2020, van 27 casos, los cuales se caracterizan de la siguiente manera: El total corresponden a sujetos de sexo masculino, ubicados en el rango de edad entre 15 y 53 años (1 de
15, 14 entre 18 y 30 años, y 12 mayores de 30) y en cuanto a la causa de la muerte, 20 fallecieron por proyectil de arma de fuego y 7 por arma cortopunzante (Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses).
En relación a la violencia interpersonal, en este artículo se debe entender como el uso de la fuerza física entre individuos que no están relacionados; con la intención de causar lesiones sin llegar a producir la muerte (violencia no letal) y que ocurren generalmente fuera del hogar. Puede manifestarse a través de riñas y hechos
delictivos como hurtos y atracos, entre otros y pueden tener diversas causas, de las cuales destaco varios factores que pueden ser también precipitantes tales como la intolerancia, vendettas, las fronteras invisibles que existen entre barrios populares, el uso y abuso de SPA y la agresión como principal mecanismo de resolución de conflictos.
De esta manera, los hallazgos resultan muy preocupantes, ya que por varios años, desde el 2010, hemos ocupado el primer lugar a nivel nacional con la mayor tasa de violencia interpersonal por cada cien mil habitantes como ente territorial (entendiendo esto como el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), aclarando que las islas vecinas quedan fuera de esta discusión ya que presentan contextos diferentes y la gran mayoría de los casos se presentaron en esta isla.
Es así como ocupamos el primer lugar del 2012 al 2016 de forma
consecutiva, al igual que en el 2018; el 2 lugar en los años 2010 y 2011 y el tercer lugar en el 2019, para un total de 4.614 casos de lesionados por violencia interpersonal.
En lo que va corrido del 2020 van 227 casos, los cuales se caracterizan de la siguiente manera: 146 corresponden a riñas, 59 por retención legal, 8 por retención ilegal, 6 por intento de atraco, 3 por hurto, 3 por ajuste de cuentas, 1 por acción de bandas criminales y 1 por bala perdida (Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses).
Muchos de los episodios de violencia interpersonal involucran a jóvenes, como víctimas o victimarios y según la OMS, por cada joven asesinado, muchos otros sufren lesiones que requieren tratamiento hospitalario; para un mismo país y año, por cada menor muerto en homicidio, ocho sufrían lesiones por violencia
interpersonal; y cuando estas agresiones no son mortales, la violencia juvenil puede dejar repercusiones graves, que a menudo perduran toda la vida en el funcionamiento físico, social y psicológico, además que representan altos costos para el estado a nivel sanitario, judicial y social.
Recuerdo la primera vez que murió un paciente mío de forma violenta (homicidio), eso fue hace casi 4 años. Me encontraba realizando una diligencia en el centro, cuando pasadas las 8 am me llega un mensaje por whatssap: “Mataron a Jaimito anoche” (cambio el nombre por reserva de la identidad). Lo leí y no pude evitar sentarme en silencio, procesando la noticia, mientras mis ojos se encharcaban, al tiempo que trataba de recomponerme, porque me encontraba en la calle y no quería que me vieran así.
Apenas me desocupo, camino hacia la oficina y cuando entro a la de mi jefe, estallo en llanto mientras le decía: “Doctora, mataron a jaimito”, “él no era malo, no merecía morir así, un adolescente de 16 años que apenas comenzaba a vivir”. Todo el resto del día pasé llorando, culpándome de qué había hecho mal, en qué había fallado el sistema y aceptando la fragilidad de mi humanidad, porque sí, los psicólogos de vez en cuando también nos quebramos.
Tristemente, no ha sido el único caso de adolescentes y jóvenes que terminan su vida de esta manera. Son muchos, sumados a las estadísticas que se vuelven datos fríos e inertes que al parecer a muchos no les importa.
Por años he visto cómo pasan los gobiernos sin realizar inversiones significativas a nivel social y en general, para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades vulnerables, con intervenciones que tengan continuidad y estén articuladas a nivel interinstitucional para lograr resultados y un impacto positivo.
Y ahora, en medio de la pandemia por el covid-19, en una isla que ha demostrado su fragilidad económica, sanitaria y social, con la mayoría de la población golpeada por el desempleo y la informalidad laboral, el riesgo de que estas “subculturas de ilegalidad” crezcan y consecuentemente aumenten las brechas y la exclusión social es bastante alto.
La tarea es compleja y requiere, desde mi punto de vista y mi experiencia de varias acciones:
  •  Utilizar los datos estadísticos disponibles del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como insumo para la elaboración de proyectos con esta población.
  •  Implementar programas y proyectos a nivel comunitario en los que se trabaje en la prevención de la violencia con los NNA y sus familias en sus entornos.
  •  Mejorar la atención para la población consumidora y con abuso de SPA a través de la creación de centros de desintoxicación y demás programas que estipula el ministerio de salud y protección social.
  •  Implementar estrategias para prevenir el escalamiento de la conducta agresiva en la educación primaria y secundaria.
  • Capacitar al personal docente y directivo de las instituciones educativas en el tema de justicia y prácticas restaurativas en el entorno escolar.
  •  Establecer mecanismos preventivos de la deserción escolar y más
  • modalidades de educación flexibles diferentes a la oferta existente para los adolescentes y jóvenes en vulnerabilidad psicosocial.
  • Creación y puesta en marcha del OBSERVATORIO DEL DELITO.
  •  Desarrollar e implementar un programa de justicia juvenil restaurativa que permita la reparación del daño causado y si es posible, la reconstrucción de los lazos sociales del agresor con su comunidad.
  •  Fortalecer los procesos que se desarrollan en el SRPA y en la cárcel de mayores, en especial los relacionados con la formación laboral e inclusión social.
  •  Promover la vinculación y permanencia de esta población en disciplinas deportivas y artísticas como factor protector.
  •  Sensibilizar y capacitar a los funcionarios que atienden víctimas en las diferentes instituciones, sobre atención diferencial y trato digno y oportuno a las mismas.
Todas estas acciones, enmarcadas en la nueva normalidad por el covid-19 y en la dinámica propia de la pandemia. Finalmente, si queremos sacar a estos adolescentes y jóvenes del espiral de violencia y romper con ese legado intergeneracional, se requieren sólidas políticas de prevención, promoción e inversión social.
Como dice la famosa frase de Emma Goldman: “Cada sociedad tiene los delincuentes que se merece”. Mientras tanto sigo en pie de lucha, motivada por esos cuantos que si lo lograron y por los que necesitan ser visibilizados.
IMAGENES DE REFERENCIA: Tomadas de Vanguardia y Caracol Radio