El pasado miércoles 24 de julio el Gobierno Nacional y Departamental en cabeza de la ministra de Educación, la gobernadora del Departamento y el director del Icetex realizaron una gala pública en el salón Cotton Cay del Sunrise para entregar delante de numerosos invitados, un total de 704 becas condonables a igual número de estudiantes de las islas que aspiran a adelantar una carrera profesional en universidades del país para convertirse en la fuerza laboral y profesional que regirá el destino futuro del archipiélago.
La entrega de las becas hace parte del programa Alianza San Andrés que lanzó el Gobierno Nacional en asocio con el Gobierno Departamental gracias al empeño de la gobernadora Aury Guerrero Bowie y su secretaria de Educación Edelmira Archbold, como respuesta a los efectos negativos que dejó el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que delimitó las áreas marítimas del archipiélago para concederle derechos económicos a Nicaragua.
La satisfacción y alegría de jóvenes estudiantes y padres de familia que sienten que su educación superior está garantizada con estas becas, que además de pago de matriculas, incluye gastos de desplazamiento a las ciudades donde se ubiquen las universidades elegidas por el estudiante, más su manutención durante la carrera, sin lugar a dudas son una excelente noticia para 704 familias de las islas, que tuvieron que ver como perdían su mar territorial para que el Estado se acordara de subvencionarlos.
Pero no es una satisfacción completa por que el promedio de estudiantes que anualmente salen del bachillerato en las islas es de 3.000 jóvenes que ahora con la perdida de territorios marítimos, con más veras deben apelar a la educación superior para garantizarse un futuro promisorio, pero muchos de los cuales no tienen la capacidad económica para irse hasta una universidad a formarse profesionalmente.
Esto indica que el Estado debe seguir incrementando su esfuerzo presupuestal para que el programa supere los 700 estudiantes y garantice la cobertura total de la población estudiantil que cada año deja el bachillerato. No importa que de 34 mil millones suba a 100 mil millones de pesos; el Estado colombiano nos debe eso y más por su desastroso manejo diplomático causante de la debacle de La Haya, y por que la pérdida es incuantificable. La única forma de medianamente redimir el daño causado a las islas, es que el Estado le garantice gratuidad con cobertura al cien por ciento a toda la población académicamente apta del archipiélago, porque la educación será la única herramienta que permitirá que los habitantes de las islas puedan reemplazar con conocimientos en otras áreas distintas a la pesca, ese importante renglón de productividad que se ha perdido con el fallo de La Haya.
El criterio utilizado por Icetex para escoger los beneficiarios parece haber sido el indicado, sin embargo hubo casos, individuales o colectivos que fueron injustamente tratados y no pudieron acceder al mismo beneficio que tiene hoy contentas a 700 familias. Jóvenes con bajo nivel Sisben, buenas calificaciones y necesidades educativas que no fueron favorecidos. O en casos grupales como las decenas de funcionarios públicos de la rama judicial que estudian derecho en Bogotá en la corporación Unicoc, los cuales fueron descalificados, al ser favorecidos solo dos de los 42 estudiantes, por un criterio que para estos resultó discriminatorio por razones de edad (cambio en las reglas de juego), cuando se trata de padres de familia que están haciendo un esfuerzo por profesionalizarse, al mismo tiempo que financian la educación superior de sus hijos.
Estos son casos que merecen revisión y que demuestran la necesidad de ampliar la cobertura al cien por ciento, para que la compensación por el daño causado cobije a todos cuantos viven en las islas y tienen capacidad, ganas y voluntad de seguir estudiando sin importar la edad.