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Borrador con los aspectos básicos que trabajará el Estatuto Raizal

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The Archipiélago Press tuvo acceso a un documento borrador del Estatuto Raizal  sobre el que la Mesa instalada el pasado sábado, trabajaría en la construcción del documento final que luego deberá presentar el Gobierno Nacional al Congreso de la República para su respectiva aprobación. En esta edición publicamos algunos de los aspectos sobre los que se desarrollará la Mesa de Trabajo que deberá culminar con los insumos necesarios para un proyecto definitivo que el ejecutivo llevará al legislativo antes de que se dé un cambio de Gobierno.

El objeto del Estatuto Raizal es a través de una ley reconocer los derechos étnicos del pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a la autonomía territorial, como implementación del respeto de los derechos derecho humanos fundamentales, a la libre determinación, la protección de su identidad cultural y la gestión de su territorio.

En virtud de ese derecho, el fin del Estatuto es de determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Ejercer el derecho al autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, en particular la cultura, la religión, la educación, la información, los medios de comunicación, la salud, la vivienda, el empleo, el bienestar social, las actividades económicas, la gestión de tierras y recursos, el medio ambiente y el acceso de personas que no son miembros a su territorio, la reparación de daños y violaciones a los derechos humanos, así como los medios de financiar estas funciones autónomas.

Dicho Estatuto encuentra amparo legal en el hecho que luego de varios años de discusiones con el Gobierno Nacional, se incluyó dentro de la Ley 1753 de 2015, o Ley del Plan de Desarrollo, un artículo que compromete al Congreso de la Republica de Colombia aprobar un Estatuto de Protección del Pueblo Raizal cuyo texto final fue el siguiente: “Artículo 131. Estatuto del Pueblo Raizal y reserva de biósfera Seaflower. En el marco de la aplicación del Convenio 169 de la OIT, la Ley 21 de 1991 y 1a Declaración de la Reserva de Biósfera Seaflower de la Unesco, el Gobierne Nacional, en conjunto con una comisión de ambas Cámaras del Congreso de 1a República, presentará a consideración del legislativo, cumplidos los trámites de consulta previa e informada con el Pueblo Raizal, un proyecto de Estatuto del Pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.” 

Principios del Estatuto

Este Estatuto se regirá por los principios de dignidad humana, igualdad, protección de minorías, diversidad cultural, participación, sostenibilidad ambiental y autonomía territorial del pueblo Raizal. Así mismo este Estatuto se orientará por los demás principios generales consagrados en la Constitución y en pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia. El mismo se aplicará dentro del territorio de la jurisdicción autónoma del pueblo Raizal; y es de cumplimiento obligatorio de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y sus disposiciones reglamentarias.

Se define como Pueblo Raizal al Pueblo indígena ancestral del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el caribe; con lengua, cultura, historia, ancestros, territorios y territorios marino propios; grupo étnico que está conformado por los descendientes de los Amerindios, Africanos y Europeos que poblaron el Archipiélago para construir una sociedad con lengua y cultura propia.

Además se define la Territorialidad Raizal a la unidad sociocultural sobre la que los raizales indígenas realizan todas las prácticas, usos y costumbres culturales y mantienen viva su cultura. El territorio es más que el espacio físico donde se consigue el sustento para supervivir, en él se encierra y se reproducen todas las relaciones; es la base material para su supervivencia y el derecho político a la autodeterminación. Adicionalmente tendrá una Propiedad Colectiva que corresponde a  todo bien inmueble adquirido por el FITSAN (Fondo de Inmuebles y Tierras del Archipiélago) y destinado a usos que beneficien a la colectividad raizal.

Derechos del Pueblo Raizal

En materia de Derechos del Pueblo Raizal, este Estatuto les reconocerá Derecho a la libre determinación, a determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno; darse o conservar sus normas, costumbres, visión del mundo y opción de desarrollo o proyecto de vida; y adoptar las decisiones internas o locales que estimen más adecuadas para la conservación o protección de esos fines dentro de su territorio y en desarrollo de sus principios de identidad cultual, unidad y solidaridad;  a su personalidad jurídica; a la tierra,  a su territorio propio que es el del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para asegurar su supervivencia, su vida propia y el pleno y libre desarrollo de su cultura; a la identidad cultural, a conservar su cultura y a compartirla entre sí y con los demás países e islas de Centroamérica y del Caribe; a la etno-educación: la educación que se imparta en las Islas, además de bilingüe, deberá promover las tradiciones, música, bailes, culinaria, arquitectura, tradición oral y demás dimensiones culturales del pueblo raizal; a la participación: las organizaciones autóctonas de los Raizales serán reconocidas y promovidas por la demanda pública de participación; Derecho a la consulta previa: Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI);  a usar y gozar de los recursos naturales existentes en sus territorios;  a decidir el tipo de desarrollo, sus formas y su ritmo;  Derecho a controlar su propio desarrollo económico y social y el Estado colombiano deberá facilitar estas realizaciones proporcionando los recursos necesarios; Derecho a una justicia propia, a ser juzgado en su lengua propia; al Desarrollo Económico, a la Protección de las formas tradicionales y contemporáneas de producción; acceso a las formas de producción, acceso a la propiedad y medios de producción en el Archipiélago; a la explotación sostenible de los recursos naturales presentes en el territorio del Archipiélago; Derecho a mantener y desarrollar contactos, relaciones y cooperación con otros pueblos indígenas del caribe que comparten las mismas culturas; y Derecho a una salud efectiva y eficaz.

Deberes y Garantías de los residentes de la Región Autónoma del Archipiélago 

Además de los derechos establecidos en la Constitución política del Estado Colombiano en su título II, capítulos I, II, III y IV, son deberes de todos los residentes del territorio Raizal conocer, respetar, promover, cumplir, practicar y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, el Estatuto Autonómico Raizal y las leyes nacionales; la unidad y la integridad territorial ancestral de la autonomía; promover el respeto mutuo entre las autoridades raizales y la sociedad civil;  recuperar, fomentar y salvaguardar la cultura, idioma y las tradiciones ancestrales del pueblo Raizal; recuperar, defender y proteger el patrimonio cultural natural y económico de la región autónoma raizal; defender y proteger los recursos naturales renovales y no renovables, el medio ambiente y contribuir con su uso sostenible para preservar los derechos de las generaciones futuras; denunciar ante las autoridades competentes los actos que transgreden Estatuto Autonómico Raizal.

Todos los derechos establecidos en el Estatuto autónomo raizal son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección en el marco de la Constitución Política, las normas Internacionales ratificados por Colombia y las leyes.

Todo acto, medidas administrativas o legislativas que se refieran al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, afecta directamente al Pueblo Raizal y a sus miembros y serán previamente consultados con las autoridades raizales antes de su aprobación.

Como un mecanismo de protección de la identidad cultural, la comunidad raizal participará en el diseño, elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental, socioeconómico y cultural, que se realicen sobre los proyectos que se pretendan adelantar en la Región Autónoma del Archipiélago.

Sin perjuicio de lo establecido en la normatividad vigente, todo proyecto, obra o actividad de los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintas órdenes, sectores y niveles que afecte de forma negativa el territorio, la tierra, la cultura ancestral, la lengua y los recursos naturales del pueblo raizal podrán ser vetados en un proceso de consulta previa. El requisito de la consulta previa se aplicará también a los particulares no raizales en el otorgamiento de licencias y permisos para el desarrollo de obras de construcción, de megaproyectos, y demás acciones señaladas en la reglamentación del presente estatuto.

Autoridades Raizales 

Las autoridades político-administrativas del pueblo Raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina estarán constituidas por un cuerpo colegiado regional que se denominara Parlamento Regional Autónomo, y un órgano ejecutivo que se denominará Gobierno de la Región Autónoma, elegidos por el pueblo Raizal. La máxima autoridad administrativa del órgano ejecutivo y representante legal del Archipiélago de Estado de la Región Autónoma es el Gobernador regional. El parlamento regional autónomo es la Instancia única de Representación e interlocución con el Gobierno Nacional. El parlamento Regional es un órgano político administrativo con poderes legislativos, con autonomía administrativa y presupuesto propio con ejercicio de control político sobre la administración regional, que formulará su propio reglamento. Los integrantes del parlamento Regional Autónoma y el Gobernador Regional serán elegidos por periodo de cuatro (4) años.

Cooperación fronteriza

El Estatuto busca además que el Estado de Colombia respetará los lazos histórico y tradiciones entre los pueblos Raizales del Archipiélago y los Creoles de las Islas Corn Islands y la Regiones autónoma de la costa de la Mosquitia y promoverán las relaciones libres entre los dos pueblos, para lo cual establecerá con el estado de Nicaragua los acuerdos internacionales para facilitar los contactos y la cooperación entre estos pueblos incluyendo actividades en las esferas económicas, sociales, espirituales y de medio ambiente. Cuando los asuntos internacionales de especial interés del Archipiélago están en discusión, el Gobierno Nacional podrá autorizar negociar directamente a las autoridades regionales. Las autoridades regionales autónomas podrán exigir que en los países en los que el archipiélago tiene interés comercial y cultural, que las misiones diplomáticas colombianas empleen agentes Raizales específicamente para atender a dichos intereses.