Exige para el pueblo isleño reparación y verdad por pérdida de Mar Territorial. La candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical en San Andrés y líder del Partido Verde en las islas, Ligia Rojas Lobo, cuestionó a través de un comunicado de prensa dirigido a la opinión pública regional y nacional, las razones por las cuales el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos Calderón no interpuesto el Recurso de Revisión contra el Fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el cual despojó de 75 mil kilómetros de mar territorial al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La aspirante a una curul en Congreso en disputa contra su ex esposo Julio Gallardo Archbold, y el también parlamentario Jack Housni Jaller y otros cuatro aspirantes por las islas, reclamó además por este tema Verdad y Reparación para el pueblo isleño, madrugándole de esta manera a los demás candidatos en contienda y al resto de la dirigencia política y gremial de las islas que hasta ahora ha omitido referirse al tema.
“Reprochable la conducta procesal observada por el Gobierno Nacional, dejar vencer el término y no haber interpuesto el Recurso de Revisión contra el Fallo adverso a Colombia, adiado 19 de Noviembre proferido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pedir la Revisión, era un asunto de conveniencia jurídica para Colombia, en la medida que, alegando un hecho nuevo como la planeación de la construcción de un canal Interoceánico por parte de Nicaragua, se generaba la oportunidad jurídico -procesal para indicarle y reprocharle a la Corte los errores sustanciales y adjetivos en que incurrió, tales como no haber considerado la existencia y subsistencia connaturales de una comunidad étnica con ese mar territorial, la unidad o integralidad del Archipiélago, la aplicación de la Convención del Mar no hallándose Colombia sometida a esta legislación, la decisión de dejar Cayos Colombianos en enclave cuando hacía más de 5 décadas no imponía esta medida, y otros, incluidos errores y omisiones de la defensa, como por ejemplo no haber aportado como prueba las bitácoras de faenas de pesca para acreditar soberanía, entre otros”, cuestionó Rojas Lobo.
Según la aspirante “así obligaba a la Corte, o a reconsiderar su decisión, a referirse a esos yerros y hacer algunas enmiendas a favor de Colombia, o, por lo menos se dejaba constancia histórica- judicial de conocimiento internacional que el fallo fue contrario a unas realidades jurídicas, fácticas y geopolíticas. En ese orden, se agotan las opciones y el fallo ha quedado, lastimosa y desafortunadamente, en firme. Sin embargo como lo hemos sostenido desde el 19 de Noviembre, el fallo por ser contrario a normas de derecho público internacional y al derecho interno colombiano (art.101 CN), es absolutamente inaplicable; consideración en la que debe insistir y ratificarse Colombia, reforzada con la decisión de Estado de impedir todo acto, por mínimo que sea, que pretenda desconocer o perturbar el ejercicio de la soberanía de Colombia sobre nuestro mar territorial por parte de Nicaragua. Colombia no debe ceder ni un milímetro de la delimitación del meridiano 82.”
Rojas Lobo dice además que “con la falta de una defensa Técnica, idónea y eficaz de nuestro mar territorial de los 7 colores, el Estado Colombiano ha quedado en deuda con la comunidad de las Islas, quien tiene derecho inalienable a conocer La verdad de: ¿Por qué no hubo una debida defensa de nuestro territorio marítimo?, ¿por qué el Gobierno dispuso y ofreció ceder a Nicaragua, secretamente, la esquina de Luna Verde, indicándolo así a la CIJ?”
Advierte la candidata que ahora queda obligado el Estado Colombiano a la reparación , la que demandamos en Inversión de Capital en un esquema de salud preferente, educación subsidiada técnica y profesional especialmente para mujeres, plan de empleo Joven, el fortalecimiento del programa de bilingüismo del Sena como fuente generadora de empleo permanente e indefinido, fondo para becas, subsidio de prima especial para la clase trabajadora, según capacitación y productividad, inversión en creación de empresa industrial y comercial del estado, teniendo como socios al sector pesquero, infraestructura turística y servicios públicos que potencien el destino y permita repartir riqueza, y no el empobrecimiento que lentamente está apoderándose de la gente del Archipiélago con ocasión de los efectos letales del fallo, que, dicho sea desde ya, aun no conocemos en toda su dimensión.
