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Colombia le pidió a La Haya garantizar los derechos de la comunidad raizal de San Andrés.

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Un punto central de la defensa colombiana ante la demanda de Nicaragua son los derechos de la comunidad raizal a pescar en las aguas que rodean el archipiélago de San Andrés y Providencia. Estos fueron los argumentos que llevaron ante la Corte Internacional de Justicia para defender esos derechos.

En la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, por primera vez habló un líder de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia. La intervención hizo parte de la defensa de Colombia de una demanda que interpuso Nicaragua en 2013, en la que asegura que Bogotá ha vulnerado sus derechos soberanos sobre la zona marítima que esa misma Corte le reconoció en 2012 —alrededor de 75.000 km2—. En contraposición, el Estado colombiano asegura que Managua ha vulnerado derechos ancestrales de pesca de las comunidades que históricamente habitan la región.

Luego de que el coagente del Estado colombiano ante la Corte, el exmagistrado Manuel José Cepeda, llamara “extravagantes” los pedidos de Nicaragua y asegurara que sus acusaciones no tienen fundamento, le cedió la palabra a Kent Francis James, representante de los raizales. El exgobernador de San Andrés y Providencia dijo: “Los raizales dependen de los derechos de pesca tradicionales que se extienden por las grandes zonas marítimas que se cuestionan en este caso”. E hizo un recuento histórico de cómo, desde tiempos de la esclavitud, han sido ellos quienes habitan esta zona.

Kent Francis James, representante de la comunidad raizal, intervino en la CIJ como miembro del equipo de defensa de Colombia.

Sus argumentos luego los complementó el abogado Eduardo Valencia Ospina, el único colombiano que actúa como abogado en el equipo de defensa de Colombia. Considerado una autoridad en derecho internacional, Valencia Ospina centró su intervención en, por un lado, demostrar que, en efecto, los derechos de pesca históricos de la comunidad raizal existen. Y, por otro lado, que esos derechos se ven amenazadas por decisiones del gobierno de Nicaragua, así como por la discusión en la Corte Internacional de Justicia.

El abogado Valencia Ospina citó, por ejemplo, declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que él mismo ha dicho reconocer la presencia histórica de la comunidad raizal en San Andrés y Providencia. Incluso, en 2012, luego de que la corte de La Haya fallara parcialmente a favor de su país, Ortega dijo que, junto a Colombia, buscarían maneras de garantizar estos derechos de pesca.

iénes son los abogados de Colombia en las demandas de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.

Judicial

Al parecer, en repetidas ocasiones, embarcaciones de la Armada han impedido actividades de pesca en aguas de Nicaragua.

Sin embargo, en sus argumentos ante la Corte, Nicaragua ha dicho que esos derechos de pesca no existen. Y ha dicho, por ejemplo, que la pesca que ejercen los raizales, con apoyo del Gobierno colombiano, es cada vez más tecnificada —con el uso de sistemas de refrigeración y GPS—, lo que le quitaría su carácter artesanal. El abogado Valencia Ospina, por su parte, aseguró que, si bien “los métodos y medios de pesca han evolucionado para adaptarse, la meta de la actividad es la misma: la alimentación de las comunidades”.

Y, por último, Eduardo Valencia Ospina señaló que decisiones de otros tribunales internacionales han reconocido que los derechos de pesca no pueden ser limitados por los límites de los mares territoriales. Este argumento es el que ha usado Nicaragua para negar que raizales habitantes del archipiélago colombiano pesquen en aguas de lo que, desde 2012, pasó a ser Zona Económica Exclusiva (ZEE) nicaragüense.

En la audiencia, el abogado francés Jean March Thouvenin también reprochó, en nombre de Colombia, el decreto 33 de 2013, a través del cual el Gobierno de Daniel Ortega declaró sus límites de frontera en línea recta. Para la defensa colombiana, esto expandió los límites marítimos de Nicaragua y quebrantaría el derecho internacional. A su vez, el abogado estadounidense Michael Reisman defendió el decreto 1946 de 2013, emitido por el gobierno de Juan Manuel Santos, con el cual Colombia definió cómo ejercería soberanía sobre el San Andrés tras el fallo de La Haya de 2012.

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