Consejo de estado ordenó la práctica de pruebas dentro de la demanda contra el gobernador encargado.

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Colprensa

El Consejo de Estado ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales dentro de la demanda presentada contra el nombramiento del contralmirante Juan Fernando Herrera como gobernador encargado de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El alto tribunal estudia si existió alguna falla en la expedicicón del decreto 1963 del 19 de octubre de 2018 por medio del cual el presidente Iván Duque designó al contralmirante como mandatario encargado tras la captura del gobernador Ronald Housin Jaller.

El demandante sostiene que el contralmirante no podía ser designado para este cargo puesto que actualmente es oficial de insignia de la Armada Nacional, por lo tanto es un miembro activo de las Fuerzas Militares, lo que está totalmente prohibido por la ley.

En este punto se señala que los oficiales activos están impedidos para expresar ideas políticas, intervenir en los procesos electorales y ser parte de partidos políticos. Hecho por el cual cualquier decisión que tome como gobernador (e) estaría viciada y podría ser nula.

Igualmente se advirtió que se desconoció el hecho que el contralmirante estuvo en servicio activo por lo que vulnera el artículo 30 de la Ley 617 de 2000 que indica que “no puede ser designado como gobernador quien haya desempeñado los cargos con autoridad militar” establecido por la Constitución Política.

El accionante sostiene que el Jefe de Estado omitió varias prohibiciones a la hora de realizar esta designación, por lo que pide que se suspenda y se ordene la presentación de una terna de coalición de los partidos de ‘La U’ y Liberal que avalaron la gobernación de Husin Jaler.

El despacho de la magistrada Rocío Araújo negó la petición de medidas cautelares para anular los alcances de este decreto, sin embargo, adelanta todos los estudios del caso para tomar en los próximos días una decisión de fondo.

En este caso se han allegado los conceptos de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General y el mismo gobernador encargado que piden rechazar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral.