Contraloría quiere trasladar a funcionarios del comité técnico del espacio público del departamento los costos no cancelados por hotel Casa Blanca por uso de la peatonal.

Cuatro gobernadores y varios miembros de gabinete entre los llamados a responder por 680 millones de pesos.

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La Contraloría General del Departamento avanza en una investigación fiscal por presunto detrimento patrimonial elevado como tal por el ente fiscalizador, frente al no pago de la tasa o contribución por uso de la Peatonal de Sprath Bigth que hace el hotel Casa Blanca, el cual tiene instalada una terraza de madera con mesas, sillas y jardineras que le permite disfrutar de exclusividad para sus huéspedes.

De acuerdo con una investigación periodística adelantada por THE ARCHIPIELAGO PRESS y Pregonero, entre los 27 funcionarios que el pasado lunes fueron notificados de la decisión del ente fiscalizador, y que están bajo investigación fiscal cobija al actual gobernador encargado Juan Francisco Herrera Leal y a los ex mandatarios Alain Manjarrez Flores, Sandra Victoria Taylor Howard y Ronald Housni Jaller, a los actuales secretarios de Turismo, Cultura, Gobierno, Planeación, Hacienda, Infraestructura y a sus antecesores del gobierno de Housni Jaller y quienes lo reemplazaron por encargo.

Al Hotel Casablanca al igual que a todos los demás establecimientos de la Peatonal, por norma departamental se les hace una concesión del espacio público para sus actividades de explotación comercial previa firma de un contrato, pero el hotel se ha negado a pagar y a través de apoderado emprendió un largo pleito contra el Departamento alegando indebida notificación, para lo cual se interpusieron recursos, tutelas y demandas ordinarias, todas las cuales le han sido negadas a la Sociedad Promociones San Andrés Limitada, Hotel Casablanca.

Aunque el Hotel Casablanca alega indebida notificación de la Resolución 003859 de 2016 que le fue notificada a la arquitecta que ejecutaba una obra de intervención del espacio público, el acto posteriomente se notifica al gerente del Hotel Casablanca Germán Arenas Tobian, y el mismo representante legal le remite oficio al secretario de Planeación Salvador Castellote en fecha 18 de octubre de 2016, donde éste expresa el número de la Resolución y pregunta para cuando estará listo el texto del contrato que menciona dicha Resolución, lo cual se entiende como una notificación por conducta concluyente.

Así lo establece el artículo 301 del Código General del Proceso que advierte que cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada Providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, se considerará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito, razón por la cual, Hotel Casablanca tiene orden del Gobierno Departamental para levantar la estructura de madera, sillas, mesas y jardineras desde el 2 de noviembre de 2018, y con la obligación de devolver oficialmente el espacio público al Departamento.

Curiosamente, a pesar de que el Departamento sí ha mostrado un grado de diligencia para obligar al operador turístico a pagar las contribuciones que le corresponde pagar, pero a las que se ha negado, mientras todos los demás operarios de la zona si pagan a tiempo, la Contraloría le traslada la responsabilidad a los tres últimos gabinetes del Coral Palace determinando cuantías individualizadas para los 27 funcionarios, que va desde 1.200. 000 pesos que es el menor valor cuantificado hasta 89 millones de pesos para un total cuantificado en 680 millones de pesos.