En una providencia de 87 páginas, la Corte Constitucional al dirimir un debate juridico que surgió entre la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación, por la destitución de funcionarios elegidos por voto popular, ese máximo tribunal le concedió la razón a la jefe del Ministerio Público.
La Corte Constitucional fijó tres premisas: la Procuraduría mantiene incolumne su facultad de sanción disciplinaria de todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular; solo que en el caso de los elegidos popularmente debe haber control posterior del Consejo de Estado; la Constitución está por encima de cualquier pronunciamiento del sistema interamericano de justicia, no obstante que por bloque de constitucionalidad se de aplicación a los fallos que emiten tribunales internacionales de derechos humanos
