Funcionaria de Occre, secretaria y propietario de sexy bar implicados. En audiencia realizada la semana pasada en el Juzgado 34 Penal del Circuito de Bogotá contra tres indiciados capturados el año pasado en la isla de San Andrés por el presunto delito de trata de personas, entre ellos un empresario y una secretaria del establecimiento Inversiones Campestre Ltda. Sexy Bar y una funcionaria de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, Occre, se decidió remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que decida un traslado del proceso a la isla de San Andrés donde supuestamente se cometió el ilícito, y lo que entrañaría falta de competencia del operador judicial que adelanta el proceso.
Tanto abogados de la defensa como de los acusadores pidieron que se ordenara el traslado del proceso a la isla de San Andrés en virtud de los normado en el Código de Procedimiento Penal, a lo que la operadora judicial respondió que ella no podía definir un cambio de radicación en el proceso y le dio traslado a su superior jerárquico a efectos que defina al respecto.
Las dos mujeres que están vinculadas al proceso, una funcionaria de la Occre en el aeropuerto y la otra ex estudiante del Infotep, experimentan un estado de salud algo deplorable, como quiera que se encuentran con una marcada delgadez, producto de la falta de ánimo y stress sicológico producto del encarcelamiento en condiciones deprimentes, sobre todo en una ciudad con un clima extremadamente adverso al que siempre han estado acostumbradas, como es el que caracteriza a la ciudad de Bogotá. Una de estas es cabeza de hogar y quien velaba por la formación y crianza de sus hijos, pero luego de siete meses y dos semanas, el impacto que esta situación ha causado en su salud es bastante evidente.
Por esta razón sus abogados están buscando condiciones más favorables para sus prohijados, como quiera que han sido separadas de sus hogares y llevadas a cárceles en condiciones bastante agrestes que han afectado su salud física y mental, y donde además la celeridad que demanda la aplicación de justicia no se ha logrado por que la parálisis judicial por más de cuatro meses, afectó la economía procesal que reclama todo proceso.
The Archipiélago Press tuvo acceso a las 17 páginas del escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación radicado desde el 22 de septiembre de 2014 contra los acusados Arbey Gustin Dorado, Alfredo Olivero Ospina, Estefany Peñalosa Reyes y Deborah Nelson Forbes (funcionaria de la Occre), a quienes el ente acusador sindica de presuntamente formar parte de una organización delictiva dedicada a la captación, traslado, recibida y acogida de mujeres con la finalidad de ser explotadas sexual y laboralmente en el Departamento de San Andrés y Providencia, y cuyo hecho atribuyen desde el 24 de noviembre de 2012 hasta el mes de junio de 2014 cuando se realizó la judicialización de los indiciados.
Dice la Fiscalía que a las jóvenes Eliana Cruz y Andrea Johana Hernández fueron contactadas para laborar en venta de mercancía en unos almacenes ubicados en San Andrés, quienes viajaron a la isla en el vuelo 7548 en la ruta Bogotá- San Andrés adquirido en la Agencia de Viajes Aviatur, por la Empresa Inversiones Campestre, establecimiento comercial que corresponde al mismo Sexy Bar , donde son socios Alfredo Olivero Ospino y Jaime Guillermo Peñaloza Benítez.
A la funcionaria de la Occre la acusa la Fiscalía de haberla recibido, en el aeropuerto, haberlas apartado de la fila y llevarlas hasta la oficina del ente de control migratorio en el terminal aéreo, haber registrado solo el ingreso de las viajeras mas no la salida, las hizo esperar hasta que llegó por ellas Olivero Ospina y presuntamente le suscribió una tarjeta de turismo como inspectora, “le dijeron a la joven que era un permiso para trabajar y ella firmó pero no leyó. Luego procedió a hacer entrega de las dos mujeres con sus cedulas y tarjetas de turismo a Olivero Ospino en un vehículo que lo trasladó al establecimiento público donde fueron explotadas sexualmente.”
En la sindicación se le atribuye a la funcionaria de la Occre y a Arbey Gustin Dorado la condición de participes en calidad de cómplices, y le atribuyen concurso de conductas punibles así como abuso de función pública para la servidora pública, delitos contra la administración pública para Gustin Arbey, entre otros.
Hay que indicar que estos hechos se originaron en una denuncia de las supuestas víctimas, la cual fue rendida por una patrullera de la Policia ante la Fiscalía para dar inicio al proceso, y la ratificación de la misma por las supuestas víctimas de 26 y 35 años de edad, y que según supuestos testigos de la defensa, el presunto engaño del que habla una de las mujeres habría sido de la joven de 26 años porque ya trabajaba en un sexy bar.
Además cabe indicar que la Fiscalía al momento de presentar su informe de acusación carecía de pruebas como muestras de voz y grafología, inspección a la oficina de la Occre, reconocimientos fotográficos, entrevistas al coordinador de la entidad de control migratorio, análisis de discos duros de celulares, cotejo de voces, etc.
