Imagen tomada de Facebook. Lo que en un principio se creía se tomaría dos meses para que la Corte Suprema de Justicia decidiera si acogía la petición de la defensa de trasladar la competencia del juicio contra la funcionaria de la Oficina de la Occre Deborah Nelson Forbes, de Bogotá a San Andrés, y con lo cual la servidora pública tendría condiciones más favorables en su juzgamiento, no tomó más de una semana y en tiempo record ese máximo tribunal lo decidió antes de ocho días desde cuando fue radicada la solicitud.
La decisión de la magistrada María del Rosario Gonzáles además resultó adversa para la defensa que pedía que se le retirara la competencia al Juzgado 34 Penal del Circuito de Bogotá por el proceso que se sigue contra tres indiciados capturados el año pasado en la isla de San Andrés por el presunto delito de trata de personas, entre ellos un empresario y una secretaria del establecimiento Inversiones Campestre Ltda. Sexy Bar y de la funcionaria de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, Occre.
La juez en la audiencia se declaró sin facultades para decidir el cambio de radicación y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia pero ésta se lo devolvió conservando su competencia para seguir conociendo del proceso, por lo que la señora Nelson como los demás procesados seguirán detenidos y atendiendo las respectivas audiencias en la capital de la república, donde la situación para éstos se ha hecho más gravosa.
Anuncian marchas a favor de funcionaria de la Occre
Amplios sectores de opinión, amigos y familiares de Deborah Nelson Forbes han empezado a movilizarse a través de las redes sociales para reclamar una pronta y eficaz aplicación de justicia y desde ya están anunciando una marcha de protesta para el próximo viernes 27 de febrero.
“Una mujer madre cabeza de hogar, quien sale una mañana cualquiera, tipo 6 dela mañana a trabajar, dejando dormidos a sus tres hijos, ese día no terminó su trabajo y aun sus hijos preguntan qué ha pasado con su madre, que desde ese día no saben nada de ella, solo lo que escuchan en las calles de San Andrés. Jueces y magistrados que se sientan desde un escritorio a impartir disque justicia, se prestan para dictarle medidas de aseguramiento injustamente a esta señora. Hasta cuando la injusticia (…) , será que detrás de esto hay fines políticos? Será que quieren cerrar la oficina de Control, Circulación y Residencia Occre en San Andrés? Las pruebas que dicen tener son las actas de compromiso que están firmando desde el año 91 cuando fue creado el decreto 2762. Será que se va a capturar todo el personal desde el 91. Será que los que se equivocaron están tratando de proteger su institución?
Son muchas las preguntas que hacemos en cuanto a esta captura. Porque estamos seguros de la inocencia de nuestra compañera Deborah Nelson Forbes. Por favor todos salir a apoyar esta marcha el día 27 de este mes. Punto de encuentro Aeropuerto de San Andrés.”, dice un mensaje que circula en redes sociales invitando a una movilización a favor de la funcionaria.
De este proceso llama la atención las razones por las que la funcionaria es vinculada a la investigación al atribuírsele cargos de presunta participación como cómplice de una red de trata de personas por haber sido la funcionaria que firmó el acta o permiso para que una mujer de 36 años ingresara a la isla a trabajar en actividades de prostitución, supuestamente bajo engaño, cuando la funcionaria al parecer actuaba en cumplimiento del deber legal y el Código Penal Colombiano y de Procedimiento Penal establecen como causal de ausencia de responsabilidad penal el cumplimiento de un deber legal; y el suyo como contratista de la Occre en el aeropuerto era el de registrar y autorizar el ingreso de la mujer a la que se le había tramitado su ingreso por parte de la empresa que la estaba empleando y que pudo haber sido cualquier otro funcionario de esa entidad, sin hacer parte de una red de trata de personas.
Con la negativa de la Corte Suprema de Justicia a trasladar el proceso a San Andrés, la funcionaria y los demás procesados se exponen a las consecuencias de una morosidad judicial que en San Andrés no habría ocurrido por que el proceso se ha alargado por el paro del Inpec y luego el de Asonal Judicial, además que existían méritos para su cambio de radicación, por cuanto en el informe de acusación la Fiscalía dice que el delito ocurrió en San Andrés y es razón para que sea aquí donde se radique y adelante el proceso. Esto sin desconocer que algunas pruebas ponen en duda la versión de la supuesta víctima, según la cual cuando llegó a la isla le confiscaron sus documentos de identidad para someterla a “esclavitud sexual” y bajo engaño, cuando hay pruebas que demuestran que usaba su documento por ejemplo para retirar o enviar giros y remesas.
