Diario El Colombiano hizo el corte de cuentas de cómo le va a San Andrés con los dineros de extinción de dominio que maneja la SAE SAS

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311 bienes administraba la SAE en San Andrés, según reporte de la Asamblea de la isla en octubre pasado.

Richard Aguirre Fernández

San Andrés, el destino de 33.485 turistas extranjeros durante 2018, también es el lugar elegido para quienes intentan legalizar el dinero proveniente del crimen, especialmente del tráfico de drogas. La isla, aunque es uno de los lugares más bellos del país y del Caribe, vive bajo la sombra del polvo blanco, que encuentra allí un puerto ideal para llegar a Centroamérica y Estados Unidos.

Hay que recordar que delincuentes de la talla de Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, Nelson Urrego, la “Monita Retrechera” o Jesús Amado Sarria amasaron sus fortunas y, a través de hoteles o casas de campo, buscaron legalizarlas allí, pero la justicia truncó su estrategia.

Pese a esto, la herencia criminal se mantiene y ahora es dominada por Los Paisas, Los Urabeños y Los Rastrojos, grupos que “luchan por el control de las rutas de tráfico y extorsión”, según el informe “El paraíso del narcotráfico en Colombia: Las Islas de San Andrés”, publicado en 2016 por Insight Crime.

De capos más recientes, en voz baja y por temor, los isleños consultados mencionan a “bandas criminales” en general, aunque el coronel de la Policía, Jorge Enrique Mendoza, asegura que no están asentados en el territorio, pero sí tienen personas que se encargan de las rutas y del menudeo pues, como está claro, el lío no es nuevo.

Esta historia tiene que ver con que hace una semana la Sociedad de Activos Especiales (SAE) –antes Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)– le entregó a la Gobernación recursos por $15 mil millones, producto de la monetización de divisas con extinción de dominio del narcotráfico.

Para entender el flagelo
Como bien lo relatan los isleños y el informe de Insight Crime, la isla se convirtió y sigue siendo un paso obligado para el tráfico de estupefacientes.

Además, el informe destaca que para 2012 “los traficantes del continente se unían para organizar cargamentos al archipiélago desde los puertos de las ciudades de Cartagena o Barranquilla. Uno de los dos clanes hacía que su gente llevara la droga de San Andrés a México, donde se entregaban a los contactos de los traficantes colombianos en el Cartel de Sinaloa. Luego la droga seguía su trayecto hacia Estados Unidos, por tierra o por mar”.

El líder raizal Evert Hawkins destaca que, por no encontrar otra opción de vida, los jóvenes isleños son atrapados por “las garras de los delincuentes que, ofreciéndoles hasta $100 millones o $120 millones por un trabajo de un día, caen en la tentación, pues es una dinero que para muchos, incluso profesionales o con estudios de maestría, es difícil de lograr en un año”.

En relación con las transferencias que ha recibido San Andrés, Martha Parra, gerente financiera de la SAE, le indica a EL COLOMBIANO que entre 2015 y 2018 transfirieron $145.473 millones en recursos líquidos en total, mientras que en especie (bienes, muebles o terrenos), la cifra asciende a $112.939 millones (ver Informe), lo que quiere decir que, en total, el monto de transferencias de la SAE a estas entidades ascendió, en ese lapso, a $258.412 millones.

Capítulo especial
En el caso de San Andrés, el valor de las trasferencias alcanza, en el mismo periodo, $78.982 millones. Aquí hay que precisar que el Artículo 91, de la Ley 1849 de 2017, menciona que “una vez decretada la extinción de dominio de los bienes localizados en el Archipiélago deberán ser entregados a la Gobernación, al igual que los rendimientos y frutos que se generen antes de la declaratoria de extinción del dominio. Los bienes serán destinados a programas sociales para la población raizal”.

Por otra parte, del inventario de bienes y propiedad, según una rendición de cuentas que le presentó la SAE a la Asamblea de San Andrés en septiembre pasado, se tienen 147 inmuebles, 122 en San Andrés Islas y otros 25 en Providencia. De estos, 65 son rurales y 82 urbanos.

Este panorama de transferencias de recursos, dice Hawkins, es un reflejo de cómo se acentuó el delito en la isla: es una muestra de que ese fenómeno permanece. Y, aunque se considera un flujo de recursos corto, servirá para satisfacer necesidades sociales de la isla. Además, relata que “en otras épocas el fenómeno fue más evidente, pero ahora hacen sus cosas ocultándose, aunque lo claro es que ese fenómeno no se ha ido nunca de la isla”, dice Hawkins.

Vale la pena mencionar el informe “Multiculturalismo y seguridad fronteriza”, de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, publicado en 2016, el cual expone que, producto del tráfico de drogas, en las cárceles de EE.UU. y Centroamérica hay, al menos, 300 personas capturadas.

Camino a la compensación
“Es lo mínimo que debe pasar con los bienes de los responsables de tanta sangre y dolor en el país”. La frase es de Tomás Florentino Serrano Serrano, uno de los jueces sin rostro que juzgó a los narcotraficantes en la época más tensa y salvaje de Colombia.

Incluso, se le conoce por ser el juez que falló la primera extinción de dominio en Colombia, la cual tuvo que ver con el Edificio Mónaco, en Medellín –será demolido el 22 de febrero y allí se erigirá un muro en homenaje a las 46.612 víctimas que dejó la guerra del narcotráfico en Medellín–, propiedad de la familia Escobar. En su lista de juzgados aparece Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, quien se desempeñó como jefe de sicarios de Escobar (Ver Para saber más).

“Con esos dineros lo único que se puede hacer es compensar a la sociedad colombiana por el daño que se les hizo, debe haber enfoque social, cultural y de memoria”, añade Serrano Serrano.

Ante esto, el gobernador encargado de San Andrés, el contralmirante Juan Francisco Herrera Leal, asegura que, desde que recibieron la oficialización de los recursos, convocaron a reuniones con las asociaciones campesinas y raizales, pues “tienen que ser orientados en temas sociales y buscar programas de innovación y desarrollo en la comunidad raizal”, como bien lo plantea la Ley 1849 de 2017.

Asimismo señala el gobernador (e), “vamos a focalizar el esfuerzos para fortalecer el Estatuto Raizal, a través del grupo que se configura como autoridad, que desde el año pasado creó el diálogo directo entre el Gobierno Nacional y el pueblo raizal”.

Ante este panorama, con recursos listos y necesidades identificadas, el líder raizal Hawkins asegura que lo “positivo” de recibir estos recursos será formular proyectos que “permitan el beneficio social, porque la comunidad lo necesita, sobre todo en proyecto de emprendimiento y generar empresarios en la isla, para que no se vean tentados a caer en el flagelo de las drogas y el dinero fácil”.

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billones de pesos en extinción de dominio incautó la Fiscalía en 2018.

Contexto de la Noticia
EL COLOMBIANO conoció la decisión del juez que decretó la extinción de dominio al Edificio Mónaco, en Medellín, propiedad de la familia del extinto narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria. En el documento se puede leer: “El poder del dinero generado por las inmensas ganancias de dicho narcotráfico se constituyó en la peor fuente de inestabilidad, capaz de destruir los cimientos del sistema legal, pues la totalidad de los integrantes del ‘Cartel de Medellín’, obtuvieron inmensas fortunas, en particular quien la encauzaba, siendo lucro de dicha actividad ilícita el inmueble nominado ‘Edificio Mónaco’”.

El tráfico de drogas no es el único mal que golpea en la isla. La corrupción, en virtud de las presuntas malas prácticas en la administración pública, tiene a los sanandresanos bajo el mandato de un gobernador encargado, pues el que resultó electo en las elecciones de octubre de 2015, Ronald Housny Jaller, terminó en la cárcel por el presunto cobro de coimas por $11 mil millones. En este caso también está involucrada la exgobernadora de la isla, Aury Guerrero Bowie. “Habrían participado en esquema de corrupción en la isla. Coimas en isla superarían $11.000 millones”, ha dicho la Fiscalía.

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