El caso del Tropical Park, aquí cabe la celebre frase «tras de ladrón, bufón» Andrés Sanmiguel, empresario salpicado en caso Odebrecht, demandó a San Andrés

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José David Escobar 14/04/2021

El contratista, imputado por supuestamente adueñarse de dineros del erario, dice que esa gobernación no cumplió con unos requisitos legales y de planeación para la construcción de un centro cultura hípica en el archipiélago. La administración departamental niega los señalamientos.

Andrés Sanmiguel fue citado ante el Consejo Nacional Electoral por el tema Odebrecht y se acogió a su derecho a guardar silencio. /

Hace una semana, El Espectador hizo una radiografía de los millonarios contratos con el Estado colombiano que se ganó el empresario Andrés Sanmiguel, señalado de ser uno de los hombres que movió la plata de la multinacional Odebrecht y que habría entrado a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. Entre esas obras, que terminaron bajo la lupa de las autoridades y en algunos casos inconclusas o sin construir, estaba la construcción del Centro de Cultura Hípica en San Andrés Islas (SAI), dentro de las cuales se prometió un hipódromo al sur de la isla, por un valor de $14.000 millones.

Luego de la publicación periodística El Espectador conoció que el consorcio Hípica 2017, el cual es encabezado por Andrés Sanmiguel, demandó a la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por un supuesto detrimento sufrido por el contratista. Esa demanda, hasta hoy desconocida fue presentada y aceptada en 2019 por un juzgado administrativo del propio departamento, señala que el proyecto presentó retrasos como la imposición de una medida preventiva al proyecto impuesta por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina a comienzos de 2018 para que se cumplieran una serie de requisitos.

Sanmiguel fundamenta su demanda en dos puntos básicamente: la administración departamental hizo entrega incompleta, defectuosa y plagada de errores de diseño, planos, presupuesto para el centro de cultura. Segundo, la administración departamental no hizo entrega de los permisos ambientales. La gobernación señala que “los contratistas se encuentran igualmente sometidos a respetar el principio de planeación y, por ende, aquellos tienen la carga de analizar la suficiencia y consistencia de los estudios previos y de mercado, en orden a definir su participación en los procesos de selección, así como el contenido de su oferta, sin que el contratista pueda desconocer los términos y condiciones que aceptó”.

La gobernación agregó en su defensa que “El demandante no puede limitar el concepto de planeación como responsabilidad exclusiva de la entidad y es pertinente revelar que el proyecto en su momento, no requería para su ejecución el agotamiento de licencia ambiental, por cuanto conforme al Decreto 1076 de 2015, estarán sujetos a este trámite únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en dos artículos de la citada disposición normativa sin que en dicho listado taxativo se observe el tipo de proyecto”

La promesa del Centro de Cultura Hípica, cuenta en entrevista con El Espectador el exgobernador de SAI, Álvaro Archbold, es una promesa que hicieron varias gobernaciones a la comunidad del archipielago, pero que en su opinión era una obra innecesaria. “Aunque aquí hay una cultura por las carreras de caballos, es un tema más aficionada, amateur, y que esea obra terminaría arrojando más pérdidas que ganancias. Haga usted un barrido de los hipódromos que aún funcionen y se va dar cuenta que hay muy pocos. Por ahí encuentra aún funcionando en Argentina y Panamá, nada más”, aseguró Archbold.

Este diario se contactó con Heidi Contreras, la abogada que contestó la demanda presentada por el consorcio encabezado por Sanmiguel y señaló que “se solicito que se devolviera el anticipó y se realizo el tramite respectivo se que abonaron una parte del porcentaje del anticipo que fue entregado por el departamento al consorcio Hípica. La gobernación realizo el cobro respectivo una vez agotado todos los actos administrativos con el fin de llegar a la liquidación del contrato y realizar el cobro coactivo. Independiente de la demanda interpuesta por el consorcio Hípica 2017″.

En diciembre de 2002, cuenta la antigua cabeza del departamento, el entonces director de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) coronel (r) Alfonso Plazas Vega viajó a San Andrés en medio de un operativo contra el narcotráfico que tenía varias propiedades en la isla aterrizó en San Andrés, relacionados con el sector hotelero, entre otros. En esa misma visita Plaza, cuenta Archbold, el antiguo miembro de la fuerza pública le prometió a un grupo de caballistas un predio de los que le incautó a la mafia para construir el hipódromo y que estaba ubicado al sur de la isla conocido con el nombre de Bowie Bay, South End. Sin embargo, Plazas terminó saliendo en medio de cuestionamientos del DNE y la promesa nunca se cumplió.

El tema quedó congelado hasta 2016 cuando Ronald Housni Jaller llegó a la gobernación y retomó la idea de construir el hipódromo. Un año más tarde en octubre de 2017 , la gobernación publicó los estudios previos con el fin de convocar a una licitación pública para la construcción del centro cultural hípico con un plazo para su ejecución de doce (12) meses a partir del momento que se legalice el contrato. El proyecto se iba a construir en un terreno de 46.657 metros cuadrados, con una pista de 1.000 metros con cuatro carriles, un espacio cubierto para hall de la fama, exposiciones itinerantes relacionadas con la cultura hípica del Archipiélago, graderías para un aforo de 1.600 personas, pesebreras cubiertas, entre otros aspectos.

Los exgobernadores Ronald Housni Jaller y Aury Guerrero Bowie, condenados por recibir dineros en campaña de un empresario que luego participó en esa obra.

En diciembre de 2017, el proyecto fue adjudicado por el gobernador Housni a Sanmiguel y sus socios. El resto es historia: la obra no se adelantó, el contrato fue liquidado y los dos protagonistas de esta historia terminaron rindiendo cuentas ante las autoridades por casos distintos a este. El político fue condenado por la Corte Suprema 7,5 años de prisión por hacer parte de una red de corrupción para quedarse con dineros del erario, y el empresario envuelto en el escándalo de Odebrecht y adportas de ser imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos e imputado por quedarse, supuestamente, con 600 millones dineros públicos.

Meses antes de que Housni fuera condenado, se conoció que una de sus propiedades estaba en la mira de la Fiscalía y que termina cerrando el círculo de la historia del hipódromo. El ente investigador señaló en marzo de 2019 que indagaba sobre un lote que el exgobernador compró en 2014 y que en el pasado estuvo en manos del DNE y que precisamente hizo parte de las acciones de Plazas Vega cuando viajó a la isla en diciembre de 2002 para quitarle varios inmuebles al señalado narcotraficante Daniel Urrego, alias el Loco. Este hombre fue dueño del hotel Sunrise Beach y fue uno de los hombres vinculados a la mafia más buscado por las autoridades en los años noventa.

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