Recientemente todos hemos sido testigos de los actos de vandalismo y sabotaje a la economía y tranquilidad ciudadana realizados por algunas personas con interés político en desestabilizar al gobierno regional, causando pánico y zozobra en la comunidad residente y visitante.
Por lo anterior, el Gobernador del Archipiélago Everth Hawkins Sjogreen como primera autoridad departamental, ratifica su compromiso indeclinable de trabajo permanente para garantizar un turismo sostenible que se fundamente en un adecuado equilibrio entre la abundante oferta privada de alojamiento y transporte, frente a la capacidad institucional en materia de servicios públicos, de atención en salud, de seguridad ciudadana, de movilidad terrestre y marítima.
El Gobernador debe promover el turismo sostenible porque es un mandato establecido en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “Todos por un nuevo comienzo”, el cual fue aprobado, sin excepción, por todos los Diputados que integran la Asamblea Departamental en el actual periodo constitucional.
El Gobernador recuerda a todas las personas incitadoras de la protesta social sin razón, que uno de los instrumentos con que cuenta el Archipiélago para promover el turismo sostenible es la tarjeta de turismo, la cual fue creada por el Gobierno Nacional en el año 1991 bajo el mandato del expresidente César Gaviria, y que luego fue complementada por el Congreso de la República en el año 1993 por iniciativa del excongresista isleño Julio Gallardo Archbold.
El costo de dicha tarjeta de turismo lo establece la Asamblea Departamental, a la cual según el artículo 300 numeral 2 de la Constitución Política, le corresponde por medio de sus ordenanzas:
“Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera”.
En virtud de la constitución política y la ley, el Gobierno Departamental no puede estar al servicio de un solo gremio económico, por el contrario nuestra función es racionalizar el aprovechamiento económico individual y promover un uso colectivo e igualitario de nuestras vías públicas vehiculares, peatonales y en general del espacio público incluyendo cayos y playas; para proteger y garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos naturales, fauna, flora, suelo, aire y agua, como una manifestación seria de solidaridad con nuestras futuras generaciones.
El Gobernador del Archipiélago puede y debe ausentarse del territorio departamental con el fin de cumplir con agendas oficiales ante diversas entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, siempre con respeto hacia sus competencias constitucionales y legales.
Con respecto a los ingresos por concepto de tarjeta de turismo, estos recaudos son reportados de manera permanente ante la Contraloría General del Departamento, la cual se encarga de verificar el destino dado a dichos recursos. Valga anotar que estos recursos son los que financian en gran parte los gastos de funcionamiento y de inversión de la gobernación.
Si estos ingresos por tarjeta de turismo no existiesen, el Gobierno Departamental no hubiese podido promover la exoneración del impuesto predial para la población raizal, y se vería obligado a imponer mayores impuestos a los hoteles, bares, restaurantes y cafeterías, así como a los alquileres de vehículos y a todos aquellos que desarrollan cualquier tipo de actividad económica dentro de esta jurisdicción.
También es importante anotar que no todos los ingresos por tarjeta de turismo se quedan en San Andrés, sino que por norma constitucional el 20% de estos dineros son enviados a la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina Islas, la cual dentro de su autonomía los destina también a financiar sus gastos de funcionamiento e inversión pública.
Finalmente, el Gobernador Everth Hawkins Sjogreen entiende y comprende que existen diferentes visiones y opiniones políticas sobre la manera como debe ser gobernado nuestro Archipiélago, sin embargo, como titular del poder departamental democráticamente elegido le corresponde liderar procesos de desarrollo equitativo para el mejoramiento económico de las comunidades menos favorecidas y que nada tienen, desestimulando a quienes ostentan posiciones de dominio para evitar que continúen construyendo monopolios y oligopolios dañinos para nuestra sociedad, los cuales restringen oportunidades de progreso general y propician la creación de más espacios para la desigualdad y violencia social.
