En esta imagen satelital de Google Maps, la zona encerrada en el circulo amarillo, indica la zona donde se pretende instalar la antena de telefonía móvil celular sin ninguna clase de permisos ni autorizaciones de las autoridades marítimas y ambientales. Ni Capitanía de Puerto, ni Planeación han tramitado permisos para su colocación.
Este es el sitio donde se pretende colocar la antena, que ha despertado la indignación y la preocupación por parte de los moradores del sector quienes lo califican de contaminante y dañino para la salud humana. Capitán de Fragata Darío Sanabria, Capitán de Puerto local: “Hasta el momento, ninguna empresa ha hecho solicitud alguna para la colocación de una antena en la playa ni tampoco es posible por estar prohibido por la legislación vigente.” Rixie Newball, Secretario de Planeación Departamental: “A nuestro despacho no ha llegado ninguna solicitud de construcción de antena en la playa, estaremos efectuando una brigada y si es posible estaremos frenando cualquier obra de construcción de antena en la playa o el cualquier sitio donde no tenga permiso de hacerlo.” Pie de foto4 Este es el concepto técnico entregado por la Corporación Ambiental Coralina donde señala que no es competente para autorizar o no la construcción de esta antena. Leandro Pájaro Balseiro, Zar Anticorrupción: “Esta antena en medio de la playa es un adefesio, no es aceptable desde ningún punto de vista que se haga una obra de estas en una zona como las playas. Tenemos preparada una acción popular para impedir que la obra se realice.” La isla se viene poblando de manera paulatina de antenas de transmisión de telefonía móvil celular, como en las grandes ciudades, sin medir el agravante que para la salud pueden tener este tipo de artefactos. No hay un estimativo de cuantas antenas de telefonía móvil celular existen en la isla, no obstante ya se nota en muchos sectores, en especial las residenciales, la existencia de las mismas. Dr. Gonzalo Martínez, medico homeópata: “Del cigarrillo decían que no era dañino hasta que un médico científico que los hacía lo logró probar, lo mismo pasará con las antenas porque en principio se dice que no son ionizantes, hay pruebas de que si lo son y por eso no es conveniente colocarlos en zonas urbanas.”
Por: Daniel Newball H.
El anuncio de la colocación de una antena de transmisión de señal de telefonía móvil celular en las playas de Sprat Bight, justo al lado de la cafetería de Juan Valdez, despertó de inmediato las voces de indignación por parte de turistas y residentes del lugar quienes, con conceptos de expertos y declaraciones de autoridades competentes en mano, expresaron su firme intención de buscar medidas cautelares ante la justicia local para impedir que se adelante su construcción.
De hecho, ya se adelantó una recolección de firmas para lograr respaldar una acción popular que logre, de una vez por todas, impedir que se ejecuten los trabajos en la zona, de los cuales por el momento, se observa una demarcación en el área a construir, donde ya se han efectuado las excavaciones para la colocación de los cimientos que servirán para el sostenimiento de la antena que se estima será de 25 metros de altura en el lugar.
Funcionarios consultados por este semanario han afirmado que no existen solicitudes de permisos o permisos en concreto para la colocación de la antena, principalmente desde la Secretaria de Planeación y la Capitanía de Puerto local.
Igualmente, y luego de consultas efectuadas por este medio, se conoció de primera mano que existe una respuesta a un derecho de petición efectuada por parte de contratistas de la empresa Telefónica, empresa constructora de la antena, ante la Corporación Ambiental Coralina para lograr el permiso ambiental para la instalación de la misma.
Se pudo conocer que en este documento la Corporación, a través de su directora encargada Opal Bent Zapata, se le informa que sobre las implicaciones ambientales la entidad carece de competencia para la construcción en zona de bajamar, ya que ésta le corresponde a la Capitanía de Puerto; y para efectos sobre la salud humana deberá acudir a la Secretaría de Salud Departamental para un concepto al respecto.
Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, éste indica que en un largo plazo, “si bien no hay un aumento del riesgo de algún tipo de cáncer de cerebro por la exposición a las ondas de radio provenientes de equipos celulares, esta conclusión pierde solidez debido a que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), ha clasificado los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posibles carcinógenos para los seres humanos, categoría que se utiliza cuando se considera que una asociación causal es creíble, por lo que los sesgos o factores de confusión no pueden descartarse con una confianza razonable”, es decir, no hay razones concluyentes que determinan si estos equipos afectan o no a la salud.
Sin embargo, un concepto médico emitido desde España informa en la localidad de Majadahonda en sólo cinco edificios ubicados a 20 metros de una antena de telefonía y un centro de transformación ha habido en escasos años un total de cuarenta y cinco muertos por cáncer y accidentes cardiovasculares.
Por otro lado, y luego de una demanda ganada por una menor de edad en el municipio de Fresno, Tolima, por la colocación de una antena de telefonía móvil celular, el Instituto Nacional de Cancerología señaló que no se puede excluir por completo los efectos a largo plazo de la exposición a ondas electromagnéticas emitidas por antenas repetidoras por lo que se solicita tomar medidas de precaución tomen medidas frente a la radiación a fin de que no se produzcan daños para la salud.
El Gobierno Nacional con la finalidad de establecer límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos expidió el decreto 195 de 2005, el cual adopta los estándares intern
acionales sobre la materia, indicados por la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones no Ionizantes y la Unión Internacional de Telecomunicaciones [UIT].
Esta norma fue elaborada conjuntamente por un equipo interdisciplinario de los Ministerios de la Protección Social, del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El decreto 195 de 2005, es aplicable a quienes presten servicios y/o actividades de telecomunicaciones en la gama de frecuencias de 9 KHz a 300 GHz, en el territorio colombiano.
Para garantizar una buena comunicación entre los usuarios del servicio, se requiere la instalación de varias estaciones base cuantos más usuarios de telecomunicaciones hay, más antenas se requieren.
En materia de uso del suelo, los municipios son autónomos para reglamentar su Plan de Ordenamiento Territorial POT y en consecuencia podrían aplicar una serie de restricciones.
Pero en la expedición del POT los Concejos y Alcaldes Municipales deben guardar un equilibrio entre un adecuado uso del suelo y el derecho de los ciudadanos a contar con servicios de comunicaciones de calidad, lo cual no puede lograrse si las autoridades municipales restringen demasiado las posibilidades de expansión de las redes de los operadores.
Instalación de antena de telefonía móvil no tiene aval por la Dirección Marítima
Durante una visita técnica que se hizo con inspector de litorales, la Capitanía de Puerto se dio cuenta de unas excavaciones que se están realizando en diferentes aéreas por lo que se le informo a la gobernación como primera medida porque es quien tiene el control de los permisos que se otorgan en esta playa que es de carácter urbano.
En cuanto a un permiso que la Dirección General Marítima San Andrés haya otorgado para la instalación de esa antena no se ha dado, ni se ha solicitado, no tenemos ningún requerimiento de ninguna empresa civil ni ninguna autoridad.
La Corporación Coralina ha puesto un plan de ordenamiento de playas que esta abalado por el mismo Ministerio de Turismo, donde se plantea un trabajo para llegar a la certificación, esto no es de una sola autoridad tiene que tener la participación activa de todas las instituciones del estado.
Es importante que la gente entienda que las playas son de todos, porque no se puede pretender tener el control de las playas cuando esta les pertenece a todos, se espera organizar bien las playas, que los prestadores de servicio tengan sus certificaciones, sus zonas delimitadas.
No hay permiso vigente de cuanto al uso de playa, lo que se está haciendo es organizando para ver quienes realmente son los que van a estar en las playas, este es un trabajo social.
La insólita defensa de allegados a propietarios de locales comerciales
El debate por la instalación de esta antena en zona de playa corrió por cuenta de una publicación en la red social Facebook, por parte del periodista Guillermo Pertúz, quien planteó un cuestionamiento sobre los rumores que corrían de instalación de la estructura de comunicación.
De inmediato saltó el señor Román Gallardo Livingston, familiar del parlamentario Julio Gallardo Archbold, cuya familia es la propietaria de los locales comerciales al lado de los cuales se va a instalar la antena.
Gallardo Livingston acusó al periodista Pertuz Patrón de “inepto, pregunte directamente. Si se va instalar una celda malecón y están los permisos por si te queda alguna duda. Pregunte a Planeación y Coralina. Ahh por si no lo sabían es una propiedad privada.
A esto le ripostó el periodista Guillermo Billy Pertuz, inquiriéndolo “por qué se ofende el Señor Román Gallardo Livingston y se torna ofensivo? O es que no tenemos derecho de preguntar? ahora si se va a instalar una celda pues que expliquen cómo es el tema ahí. Y no me hable de permisos de Coralina y Planeación, que todos sabemos cómo es el juego acá.”
Gallardo Livingston respondió que “no es enojarme, estoy dejando claro las cosas porque allí en ese predio se desarrolla progreso para las islas y sus gentes. Ok ya está la explicación Sr Pertuz, lo importante es lo que la obra represente para la comunidad, pues mejora cobertura celular y de internet. Además va a ser ambientalmente amigable, el desarrollo no es sobre playa es en el lote”.
Gallardo Livingston es un polémico personaje de las islas que estuvo vinculado a entidades oficiales como la Registraduría e Infotep haciéndose pasar como ingeniero de sistemas con un diploma falso, lo que le provocó una condena y su posterior encarcelamiento en la cárcel Nueva Esperanza.
