Entes de control ratificaron investigaciones previas, pero no impusieron sanciones para autoridades insulares por contratación del COVID19. Doce mandatarios regionales y municipales fueron sancionados

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La muy esperada rueda de prensa de los entes de control nacional resultó sin mayores sobresaltos para las islas, como quiera que las autoridades  del Archipiélago no fueron incluidas en la categoría de sancionados como ocurrió con otras regiones de Colombia.

Así las cosas Procuraduría y Fiscalía ratificaron los anuncios que ya habían hecho hace más de un mes, en el sentido de adelantar investigaciones preliminares contra a Administración del Departamento y del gobernador de las islas Everth Hawkins Sjogreen por contratos ejecutados en marco de la emergencia Sanitaria del Covid19, por las que el mandatario sabrá dar las explicaciones del caso, pero que en esta primera etapa de procesos que adelantan dichas entidades por la contratación efectuada para la mitigación del Coronavirus, no implicó sanciones para dichos funcionarios.

Mientras que la Fiscalía anunció que la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia citó a interrogatorio a tres gobernadores en calidad de indiciados, entre ellos el de San Andrés, la Procuraduría General de la Nación informó que se abrió investigación contra la Secretaria de Gobierno Departamental y contra el mandatario por un contrato de elementos biosanitarios que se ejecuta actualmente con una empresa de nombre Islander Care Integrated Services SAS.

Así las cosas ahora el mandatario y su secretaria de Gobierno tendrán la oportunidad de dar las explicaciones del caso ante el ente disciplinador que apenas abrió indagación para luego determinar si fórmula cargos o impone sanciones, pero conservando el debido proceso que corresponde.

El bloque conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación tras revisar más de 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y

cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país.

En este momento hay 68 indagaciones abiertas y se hicieron 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Como parte de ese trabajo, la Fiscalía General de la Nación imputará y solicitará medidas de

aseguramiento contra 10 alcaldes por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado.

A su turno la Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario  a los gobernadores de Valle y Vichada.