Para este viernes 16 de octubre a las 10 de la mañana se fijó la audiencia de formulación de imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación contra los secretarios de Gobierno Crispín Newball Archbold y la Asesora Jurídica Yulissa Archbold por el delito de celebración indebida de contratos por la vinculación de la asesora Alexandra Archbold Hernández a la administración Municipal de Providencia estando impedidos para su contratación que involucra directamente al alcalde Arturo Robinson Dawkins, pero que por fuero constitucional debe ser investigado en una instancia superior.
Los funcionarios de la Alcaldía Municipal de la isla de Providencia tendrán que comparecer ante la justicia ordinaria, luego que la Fiscalía Seccional radicó ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de ésta isla -como corresponde- la respectiva investigación contra varios funcionarios presuntos implicados en la celebración de los contratos en el caso que involucró a la inhabilitada ex contratista de esa Alcaldía Municipal Alexandra Archbold Hernández, condenada a cuatro años de prisión domiciliaria por los delitos que le fueron formulados por la Fiscalía General de la Nación y consistentes en violación al ‘Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades’ y ‘Fraude Procesal consagrados en los artículos 408 y 453 del Código Penal Colombiano.
Como se recordará los presuntos implicados a quienes se les deberá definir posibles grados de responsabilidad son el Alcalde Municipal Arturo Robinson Dawkins, el Secretario de Gobierno Crispín Newball, y la Asesora Jurídica Yulissa Archbold, quienes se encuentran seriamente comprometidos en la celebración del contrato que precipitó la condena de la contratista Alexandra Archbold Hernández; lo cual quedó demostrado durante la audiencia preliminar de ‘Legalización de Captura’ de Archbold Hernández, luego que la Fiscalía descubriera las pruebas en su contra, y donde se reseñó que el propio Alcalde Arturo Robinson Dawkins, fue quien firmó el contrato con Alexandra Archbold Hernández, quien le fue presentada al burgomaestre por Emil Newball, el esposo de la contratista según lo reconoció Newball a un reportero de ésta redacción el día de la audiencia en la sala del Juzgado. También quedó demostrado que Crispín Newball, fue el funcionario encargado de la supervisión de su contrato, y quien firmó las actas de inicio y liquidación del contrato, y por virtud de la cual se ordenó el pago de los anticipos y los saldos finales del contrato de 69 millones 500 mil pesos.
Y, en cuanto a la Asesora Jurídica, era ésta, la funcionaria encargada de verificar que la contratista –al momento de ser vinculada- debía certificar con documentos de la Procuraduría y la Contraloría, verificables en las páginas web de tales entidades que efectivamente no estaba cobijada por el ‘Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades’. Estas conductas omisivas son las que deberá establecer la justicia isleña al amparo de las Leyes vigentes.
Además de este caso hay otra serie de anomalias que han sido denunciados por este rotativo debido a todas las irregularidades contractuales que se han evidenciado en la administración de Robinson Dawkins.
