Ex congresista Jack Housni Jaller, el cerebro en la trama de corrupción del Coral Palace. Fue una estrategia de financiación de campañas políticas de candidatos del partido liberal

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Desde el mes de septiembre pasado cuando fue capturado su hermano Ronald Housni Jaller junto a la ex gobernadora Aury Guerrero Bowie y casi una docena de funcionarios, ex funcionarios, y contratistas implicados en una multimillonaria trama de corrupción en el Coral Palace, el nombre del exrepresentante a la Cámara liberal por las islas, Jack Housni Jaller ha aparecido por los laditos, lo cual no guarda proporción con lo que verdaderamente ocurrió y el rol preponderante que éste jugó en los hechos.

Pues bien, THE ARCHIPIÉLAGO PRESS ha conocido que el rol del ex representante a la Cámara liberal en esta trama fue bastante determinante, habría sido el cerebro de la misma, estuvo desde el principio en ella y vinculó a su hermano posteriormente cuando lo hizo elegir gobernador de las islas por el Partido Liberal del que terminó apoderándose tras arrebatarle la curul al pastor Alberto Gordon May.

Todo este dossier contra Jack Housni Jaller estaba recogido en la Resolución de 70 páginas, con Radicado 110016099068 2018 00371 E.D que la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal, le notificó el pasado 25 de febrero de 2019 al propio Jack Housni Jaller en su residencia de Sarie Bay cuando le fue ocupada su vivienda, por orden de la fiscal Liliana Patricia Donado Sierra.

Aun cuando esta trama de corrupción quedó al descubierto en el año 2018, fue a la llegada al Congreso en 2010 de Housni Jaller y su colega y copartidario de Antioquia, el ingeniero John Jairo Roldan Avendaño, -quien hizo su carrera política en Bello Antioquia, y a través del cual parece haber conocido al empresario paisa, Hernán Moreno Pérez, también ingeniero (eléctrico) – cuando empezó a idearse la estrategia de financiación de campañas a cambio de contratación pública, utilizando para ello al Coral Palace.

En ese mismo 2010 cuando llegaron al Capitolio los dos congresistas liberales, Jack Housni y John Jairo Roldan, la Cámara de Representantes le confirió la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz de Gran Caballero al empresario Hernán Moreno Pérez; hecho éste que parece haber determinado que hacia futuro quedaría ligado a éstos en sus empresas contratistas, financista de campañas y de líos judiciales.

LA GENESIS

La génesis y los precursores de esta trama de corrupción de acuerdo con los testimonios claves que la Fiscalía recabó fueron el legislador Housni Jaller que fue elegido en marzo del 2010, Aury Guerrero Bowie que es elegida en octubre de 2011, quien al parecer quedó comprometida a entregarle los mega colegios a su financista, y John Jairo Roldan Avendaño que coincidió con Housni Jaller en el primer periodo como representante a la Cámara, siendo el gobernador Ronald Housni Jaller el último en llegar a la trama, quien se unió en el año 2015.

Fue en el año 2011 cuando el empresario Hernán Moreno Pérez, dueño de Furel, le entrega a la entonces candidata a la Gobernación Aury Guerrero Bowie y al ya representante a la Cámara de las islas Jack Housni Jaller, la suma de 400 millones de pesos para la campaña y luego en el año 2014 otros 700 millones de pesos para ser repartidos entre los representantes a la Cámara Jack Housni Jaller y John Jairo Roldan (liberal de Antioquia) para sus respectivas campañas electorales para ser reelegidos.

Para los investigadores es claro que el señor Hernán Moreno Pérez, interesado en la contratación de San Andrés le entregó los valores antes mencionados a los dirigentes políticos de las islas y al de Antioquia, pero además para continuar beneficiándose de la contratación administrativa del Departamento de San Andrés, entregaron 1.200 millones de pesos a Ronald Housni Jaller, como aportes que hacían además del dueño de Furel, el contratista Fernando León Diez Cardona y el empresario Mauricio Botero Restrepo en 2015.

El primer aporte de campaña por 400 millones de pesos fue “gestión realizada por el entonces congresista Jack Housni Jaller con el compromiso que una vez elegida la señora Guerrero le adjudicaría la mayor cantidad de contratos de obra e interventoría del Archipiélago a Hernán Moreno Pérez”, declaró el exsecretario General César James Bryan.

Ese primer aporte lo acordaron Moreno Pérez y Jack Housni Jaller en el año 2011 en una reunión en el hotel Casablanca a la que James Bryan asistió por invitación del legislador, donde el empresario categóricamente exigió que “espero toda la colaboración luego de ganar las elecciones”.

James Bryan confirmó que el dinero llegó e ingresó a la campaña, en efectivo, y del mismo a su cuenta le depositaron 20 millones de pesos para pagar un gasto de Jack Housni Jaller, por petición del legislador, quien le confirmó que la totalidad del dinero ofrecido por Moreno Pérez había llegado a la campaña.

Aury Guerrero Bowie resultó electa en octubre de 2011, tomó posesión el 1 de enero de 2012 y transcurrido todo ese año no se le adjudicó ningún contrato a Hernán Moreno Pérez como había sido el compromiso de financiación de campaña, por lo que en el año 2013 tanto su financista como el parlamentario Housni Jaller empezaron a realizar presiones para que se les adjudicaran las obras de los colegios Flowers Hill, Bolivariano y mega colegio Cemed y sus respectivas interventorías.

En un principio el proceso de contratación se empezó a hacer de manera transparente a través del SECOP pero al contratista no le gustó y a través de sus abogados ‘torpedeardearon’ el proceso para que fuera declarado desierto como en efecto ocurrió y posteriormente en una nueva licitación les adjudicaron todos los contratos a Moreno Pérez y sus aliados, “con el conocimiento y bajo las directrices de la gobernadora Aury Guerrero, quien cedió a las presiones tanto de Jack (Housni) como de los contratistas e impartió órdenes a las Secretarias de la Gobernación involucradas en los procesos de contratación”, declaró en agosto de 2018, el exsecretario general César James Bryan a la Fiscalía.

“Los contratos de interventoría siempre iban amarraditos al de las obras, obra e interventoría, para tal efecto se constituyó una Unión Temporal” reconoció Fernando León Diez Cardona, socio de Hernán Moreno Pérez.

FINANCIACION DE CAMPAÑAS

“De esos contratos obtendría las utilidades como contraprestación al aporte de los 400 millones de pesos a la campaña a la gobernación de Aury, pues no iba a invertir 400 millones de pesos para recibir 400 millones de pesos, eso es de lógica. Además esas utilidades las reinvertiría en la financiación de la campaña al Congreso de la República de Jack Housni con 500 millones de pesos y 200 millones de para la campaña del otro Representante a la Cámara John Jairo Roldan”, dejo oír luego de adjudicadas las obras el empresario Hernán Moreno Pérez.

Como los colegios Bolivariano y Flowers Hill fueron adjudicados en 2013, generaron los recursos necesarios para financiarles las campañas del 2014. Pero en ese mismo 2013 el Gobierno de Aury Guerrero le adjudicó al grupo de Moreno Pérez otras obras públicas, las casitas turísticas, remodelaciones de edificios públicos, etc., donde incluso se le adicionaba hasta en un 50 % del valor del contrato inicial, así como los respectivos contratos de interventoría. Al igual que contratos de seguridad a través de una Empresa de Seguridad Urbana de Medellín.

La financiación de la campaña de Ronald Housni Jaller en el 2015 la amarraron con adiciones futuras a los contratos que había celebrado el Gobierno de Aury Guerrero Bowie para las obras de los colegios Bolivariano y Megacolegio Cemed, lo cual cumplió a cabalidad el nuevo mandatario que les autorizó varias adiciones presupuestales a dichos contratos. Además de esas adiciones exigieron la firma del convenio de EDUA de Armenia a la que se le adjudicaron más de nueve mil millones de pesos para obras de un hipódromo que aún no se ve por ningún lado y el parque tropical en el antiguo hospital Timothy Britton donde se ha construido hasta ahora una caseta en materiales y unos senderos peatonales que no suman ni 500 millones en inversión.

A cambio de ello, los empresarios Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y Mauricio Botero (empresario de licores en Antioquia) le aportaron 1.200 millones de pesos a la campaña de Ronald Housni Jaller a Gobernación; 400 millones de pesos cada uno. “Ellos vinieron a la isla en noviembre de 2016 para averiguar por unos contratos y se reunieron con el gobernador Ronald Housni y con su hermano Jack Housni para exigir la adjudicación de contratos como contraprestación del apoyo a la campaña de Ronald, especialmente del convenio de EDUA, pero además se conversó de las adiciones de los contratos de los colegios”.

LAS COIMAS

Pero además de la financiación de campaña los funcionarios presuntamente recibieron pago de coimas en efectivo en las propias instalaciones de la Gobernación del Departamento, y en algunas ocasiones en una camioneta blanca de platón de la Gobernación. “El dinero era para Aury Guerrero y para Jack Housni, esas entregas de dinero siempre eran en efectivo. La primera vez llamó la gobernadora y le dijo que el señor Fernando Diez le iba a entregar un paquete y Herman Moreno y Fernando Diez fueron a la Gobernación y le entregaron el dinero en efectivo en un paquete y después él se lo entregó a la gobernadora en su despacho, a finales de 2013 luego de adjudicado el Bolivariano y el Flowers Hill”, confesó el exsecretario General Cesar James Bryan.

La entrega de dinero al emisario de la gobernadora y del parlamentario se repitió cuatro veces cada año entre 2013 y 2015 y una vez en 2016, luego de cada adjudicación de contratos a Moreno Pérez, quien siempre que entregaba el dinero, indicaba que debía entregar el paquete a Aury y a Jack.

“Aury Guerrero y Jack Housni conocían la procedencia del dinero que él les entregaba, pues ellos comentaban que esos dineros procedían de los recursos de los contratos que les habían adjudicado a esos contratistas y que esas eran ayudas sociales y políticas”, y su gestión era “en contraprestación de su trabajo” de Secretario General “y el de su esposa Mahalath como asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo de Jack Housni Jaller”, declaró César James Bryan.

Esto también lo confirmó Diez Cardona: “Tanto Aury Guerrero como Jack Housni conocían de la procedencia de los dineros que se les entregaba por cuanto ellos llamaban para acosar por la plata y él respondía que debían pagarles primero.”

Fernando León Diez Cardona confesó que en los años 2014 y 2015 cada mes y medio se entregaban dineros con destino a la gobernadora Aury Guerrero y que luego de haber recibido el primer anticipo de contrato, se entregaron mil millones de pesos para la gobernadora y 200 millones para Jack Housni Jaller, por indicación de Hernán Moreno Pérez. En los meses siguientes se giraban cheques de 300, 200 y 100 que eran cambiados para entregarles dinero en efectivo a los funcionarios. (…) Es decir, que se debían entregar alrededor de 7.900 millones de pesos para la Gobernadora y el Representante Jack Housni; 7.600 millones de las obras y 300 millones de las interventorías.

De ese total Fernando León Diez Cardona asegura haber entregado personalmente unos tres mil millones, de los cuales 1.200 millones de pesos salieron de Furel.
El 21 de noviembre de 2016 los empresarios viajaron en un avión privado desde el aeropuerto Olaya Herrera a San Andrés a una reunión con Ronald y Jack Housni Jaller con el objetivo de solicitar la agilización de unos pagos de actas presentadas a la Gobernación que estaban estancadas, la reunión demoró cerca de dos horas y ese mismo día regresaron a Medellín; y aterrizaron en el José María Córdova de Ríonegro. La reunión se llevó a cabo en la casa de Jack Housni, una casa de dos pisos que tiene piscina y está ubicada en Sarie Bay.

Es la misma casa que acaba de ocupar la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal al valorar los medios de prueba que acreditan la actividad ilícita que vicia el origen o destino de los bienes del señor Jack Housni Jaller, a quien se le atribuye una participación fundamental en la organización criminal por él conformada junto a su hermano y la exgobernadora, para la comisión de delitos que atentaron contra la administración pública, razón por la cual la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, compulsó copias a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que investigara la presunta comisión de actividades delictivas a cargo del entonces Representante a la Cámara Jack Housni Jaller, quien ahora deberá comparecer ante su juez natural, y probablemente correrá la misma suerte que su hermano hoy detenido en La Picota en Bogotá.

Para los investigadores es claro que como contraprestación de los dineros entregados para la financiación de campañas políticas, el señor Moreno y sus socios fueron beneficiados con la adjudicación espuria de contratos de obras públicas e interventorías, y de esa contratación debían pagar el 10 por ciento tanto a los exgobernadores como al señor Jack Housni Jaller, dineros que fueron entregados en la casa del parlamentario, además que en su casa se hicieron las reuniones con los contratistas para tratar los temas de la contratación y cuadrar las cuentas de las comisiones a los servidores públicos.

Jack Housni estuvo presente en las reuniones en las que se hacían exigencias por parte de los contratistas para el cumplimiento de los compromisos pactados a cambio de la financiación de campaña de su hermano Ronald Housni Jaller. Y era Jack Housni Jaller quien realizaba las llamadas para que se agilizaran los procesos de contratación para que se cumplieran los compromisos adquiridos con el contratista de los mega colegios. Y las actuaciones ilegales le reportaron utilidades espurias al ex representante, de quien se predica que sus acciones ilegales defraudaron la confianza depositada por sus electores, pues en lugar de realizar acciones en beneficio de la comunidad, se dedicó a realizar acuerdos marginales con contratistas para derivar provecho económico ilegal de la contratación de las obras públicas en las islas.

LA INCAUTACION DE SUS BIENES

Las razones por las cuales los bienes del exparlamentario, su hermano y sus socios de actividad fueron incautados, obedece a que de acuerdo con las causales reguladas en el artículo 16 del Código de Extinción de Dominio, se trataría de bienes que “hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de su actividad ilícita” o que sean “producto directo o indirecto de una actividad ilícita”.

Igualmente advierte la norma que se entiende por “actividad ilícita, toda aquella tipificada como delictiva, independiente de cualquier declaración de responsabilidad penal, así como toda aquella actividad que el legislador considere susceptible de la aplicación de esta ley por deteriorar la moral social”.

Entre los bienes que están incautados por la Fiscalía de propiedad del exrepresentante a la Cámara se encuentra un Lote de Sarie Bay, Carrera 20 No. 4-112 que en diciembre de 2013 el exparlamentario y su esposa lo traspasaron como aporte a la sociedad NIMA SAI SAS, de la que son socios con su núcleo familiar; el apartamento 204 y el uso de tres parqueaderos, un depósito y una cava del edificio Parque de los Rosales de Bogotá; el derecho de cuota del 50% de los apartamentos 106, 109, 112 y 302 del edificio La Playa en San Andrés junto con su hermano; el derecho de cuota del 25% sobre un lote de terreno en el sector de Hell Gate y el 100 por ciento de la sociedad NIMA SAI SAS, constituida en mayo del 2018 cuyo representante legal es Jack Housni Jaller, con domicilio en la oficina 204 del Centro Comercial New Point Plaza.