Gran asombro y sorpresa causó en los círculos judiciales de San Andrés la captura hace una semana de la ex Juez Penal del Circuito de San Andrés Stella Vargas Ramírez, una implacable operadora judicial que impuso las más severas condenas contra criminales y delincuentes que fueron procesadas y condenadas en ese Juzgado hasta finales del año 2006 cuando la funcionaria fue trasladada a Bogotá y luego de ahí al Departamento del Tolima.
Los hechos que hasta ahora habían pasado desapercibido en el archipiélago, se conocieron esta semana cuando el periodista Daniel Coronel publicó en su columna de la Revista Semana, un artículo titulado “Dónde se rompe la cuerda”, y con la que intenta demostrar el carrusel de corrupción que existe al más alto nivel del sistema judicial colombiano. Lo cierto es que la Juez Ramírez siempre se caracterizó en su paso por la rama judicial en el archipiélago, por su sindéresis y verticalidad al momento de asumir un proceso, y su implacable forma de impartir justicia, sobre todo frente a graves crímenes y delitos, le dieron un reconocimiento de funcionaria eficiente y transparente. Pero ahora por cuenta de unos fallos de tutela en los que aparentemente se favorecía a terceras personas con vínculos con magistrados de los altos tribunales encargados de hacer las nominaciones en importantes cargos de la rama judicial, la tienen enredada en un proceso penal donde es acusada por la Fiscalía ya fue capturada.
Según Coronel, el caso de una juez de Ibagué puede destapar un nuevo filón de corrupción en el Consejo Superior de la Judicatura. Todo indica que la juez cuestionada actuaba siguiendo las instrucciones de un magistrado o ex magistrado de esa “alta corte” por la que han desfilado tantos sospechosos: El de los botines, el de DMG, el de Almario, el del militar preso, el del tráfico de fallos en el Consejo de Estado, los del carrusel, entre otros.
Según el periodista, “la historia es la siguiente. Hace apenas unos días fue capturada la Juez Quinta Penal del Circuito de Ibagué, Stella Ramírez Vargas. La juez de larga -y brillante- carrera había empezado en Viotá, pasando por San Andrés y Bogotá, y aspiraba a convertirse en magistrada del Tribunal Superior de Ibagué, quizás para jubilarse con un mejor salario. Todo parecía ir dentro del plan, hasta cuando la misma Sala Penal del Tribunal, del que aspiraba a ser miembro, decidió investigar si la señora juez podía ser también una delincuente.
Dice el periodista que las sospechas empezaron cuando la juez Ramírez empezó a fallar tutelas de accionantes establecidos en departamentos distintos al Tolima contra el Instituto de Seguros Sociales y otras entidades del Estado. Los fallos, por fuera de su jurisdicción, siempre salían a favor de los accionantes que en algunos casos resultaron ser antiguos altos funcionarios de la rama judicial que querían pensionarse o mejorar considerablemente las condiciones de su jubilación.
“La investigación estableció que varios de los casos en cuestión no habían llegado por azar al despacho de la juez. El proceso de reparto, que pretende que los asuntos sean asignados a los jueces aleatoriamente, había sido alterado. Alguien se aseguró de orientar la suerte para que esos expedientes llegaran precisamente al conocimiento de la juez Ramírez. El oficial mayor del juzgado le afirmó a los investigadores de la fiscalía que ella estaba interesada en meterle mano a esas ‘tutelas millonarias’ no porque quisiera que le pagaran un soborno –al menos, no con un dinero- sino porque con sus decisiones tenía que hacerle un favor a un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura del cual dependía el futuro de su carrera. El diario ‘El Nuevo Día’ asegura además que “la Fiscalía señaló que Ramírez Vargas habría sido contactada por un exmagistrado para que fallara las tutelas a favor de los accionantes y, en contraprestación, esta persona, de quien el ente acusador no hizo mención, la recompensaría con un nuevo cargo en un Consejo Seccional de la Judicatura”
A juicio del comunicador “no hay evidencia de que la Juez quisiera entrar al Consejo Seccional de la Judicatura pero si de algo similar: Stella Ramírez Vargas había inscrito su nombre como aspirante al cargo de magistrada de la sala penal del Tribunal Superior de Ibagué. El proceso de selección de los magistrados del Tribunal lo maneja la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Entre las polémicas tutelas falladas por la juez Ramírez está la de Luis Francisco Melo Becerra. El doctor Melo Becerra fue director de la rama judicial en Neiva mientras el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura era el magistrado José Alfredo Escobar Araújo. No tengo ningún elemento para afirmar que Escobar Araujo sea el exmagistrado involucrado en estos hechos. La juez quizás decida colaborar con la justicia para la que trabajó tantos años. Lo que si puedo decir es que Escobar Araujo es el mejor ejemplo de la impunidad que ampara a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura. Escobar quiso callar a los periodistas que denunciamos su cercanía con Giorgio Sale, mediante procesos judiciales que en algunos casos le tocaron -por reparto- al juez que había absuelto a su padre Hugo Escobar Sierra y en otros asignados -también por reparto- a un fiscal corrupto que había sido funcionario del Consejo Superior de la Judicatura, que fue grabado hablando con el magistrado Escobar sobre estos temas y que terminó condenado por recibir sobornos en otros casos. En nada pararon las investigaciones contra Escobar Araujo por la manipulación de un proceso en contra de un carpintero al que despojó de su maquinaria de trabajo. Tampoco prosperaron las pesquisas por su sorprendente enriquecimiento mientras era magistrado. No sólo no le pasó nada sino que conserva su influencia en la rama judicial. Por ejemplo, un hijo suyo llamado Hugo Escobar Fernández de Castro trabaja hoy al más alto nivel en la Corte Constitucional en el despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos.”