The Archipiélago Press conoció que hubo ruptura procesal y se ordenó la apertura de investigación penal por parte de la Fiscalía Seccional 50 de San Andrés, y a la misma ya fueron vinculados el alcalde de Providencia, Arturo Robinson Dawkins, el secretario de Gobierno, Crispín Newball y la Asesora de la Oficina Jurídica, Yulissa Archbold, quienes deberán explicar sus actuaciones, más allá de la pueril excusa según la cual, fueron inducidos al error o engañados por la contratista, como lo han querido justificar éstos.
Hasta ahora lo que la Fiscalía y la Contraloría han indagado tiene que ver con el contrato 535 del 10 de mayo de 2013 y la inhabilidad que la contratista tenía desde el 8 de febrero de 2013 por 60 meses, y los funcionarios de la Alcaldía han pretendido hacer creer que se les indujo al error.
Pero The Archipiélago Press en sus investigaciones ha encontrado que previo a ese contrato e inhabilidad, la Alcaldía ya la había vinculado en el año inmediatamente anterior y sobre esa contratación también operó una inhabilidad para contratar.
Contratista con múltiples inhabilidades
Alexandra Archbold Hernández, antes de ser contratada en 2013 para levantar un censo vehicular para la Secretaria del Interior, ya había sido contratada como Personal Técnico de Apoyo al Plan de Desarrollo del Municipio en calidad de Asesora Externa; es decir desde el inicio de la administración de Arturo Robinson Dawkins ésta fue vinculada al Gobierno, y estando vinculada le sobrevino una inhabilidad cuando el 31 de julio del 2012 fue condenada a 42 meses de prisión e interdicción de funciones y derechos públicos por el juez Penal Gonzalo Bowie Gordon. A esta se sumó una segunda inhabilidad el 31 de octubre de 2012 por una nueva condena de 10 meses de prisión con interdicción de funciones públicas por el mismo lapso. Es decir que ya en la contratación del 2012 la contratista quedó inhabilitada dos veces y los funcionarios de la Alcaldía Municipal por desconocimiento o por omisión, no solo no suspendieron la contratación como corresponde para la inhabilidad sobreviniente, si no que al siguiente año la volvieron a contratar estando ya vigente una tercera inhabilidad por virtud de una nueva condena, ahora de prevaricato por omisión que quedó ejecutoriada el 8 de febrero del 2013. Incluso el fiscal José Tous en la diligencia de formulación de cargos reveló una inhabilidad disciplinaria vigente también desde el año 2009 de la Oficina de Control Interno Departamental.
Esta situación irregular se la advirtió el año pasado la Contraloría General del Departamento al propio alcalde Arturo Robinson Dawkins donde le notificó al mandatario que «en la revisión del expediente del contrato 535 de 2013 se contrató a la señora Alexandra Archbold Hernández a pesar de estar incursa en sanción disciplinaria y penal, se evidenció a través del sistema de certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación que la referida contratista se encuentra reportada o incursa en sanción penal por Prevaricato por Omisión, con pena de prisión por 24 meses e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 60 meses desde el 08/02/2013, es decir dentro del periodo en el que se suscribió el contrato 535 del 10 de mayo de 2013, por ello se podría estar inmerso en la inhabilidad contenida en el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, sobre inhabilidad para contratar con quienes incurran en actos de corrupción y facultades y deberes de los interventores y supervisores, contenidos en la misma norma».
Esta cantidad de inhabilidades demuestra que como mínimo los funcionarios de la Alcaldía Municipal fueron omisivos y no observaron su obligación de verificar en cada contratación que existían inhabilidades para contratar a una persona varias veces y con varios impedimentos legales para ello.
