El gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins, y su abogado, Julio César Ortiz, en la CIDH.
Fiscalía dice que material probatorio es sólido; y él, que hay amenaza inminente a sus derechos.
Hace exactamente dos años, el 16 de septiembre de 2020, el fiscal general Francisco Barbosa confirmó que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le impuso detención preventiva, en su lugar de residencia, al gobernador de San Andrés Everth Julio Hawkins Sjogreen.
Según la Fiscalía, a Hawkins se le señala como el presunto responsable de irregularidades detectadas en un contrato para material publicitario suscrito durante la emergencia sanitaria por la covid-19.
