Gobernador militar está legal en las islas y no va a ser expulsado. Se pedirá al ministerio del interior que actualice su registro de residencia: OCCRE

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El pronunciamiento lo hizo la directora administrativa de la Oficina de Control de Circulación y Residencia Occre, Katherine Archbold al dar respuesta a un oficio de la Procuraduria Regional de San Andrés a instancias de su jefe en las islas Karina Causil Archbold, quien dio traslado a un derecho de petición de la líder Raizal Corine Duffis Steele que pedía la expulsión del Almirante Juan Francisco Herrera Leal, quien funge de gobernador encargado del Departamento por orden del presidente de la República Iván Duque Márquez.

La Occre rechazó la insinuación de la Procuraduria de un presunto acto de prevaricato de esa dependencia por no expulsar al militar de la isla y le advierte que no puede emitir resoluciones injustas ni contrarias al derecho porque eso sí sería prevaricar.

Recordó que el militar está activo en la Armada Nacional, que no ha sido trasladado, que cumple una comisión administrativa en San Andrés ordenada por sus superiores, que lo único que se le acabó fue su periodo como jefe del Comando Específico, y trajo a colación lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia que declaró la Constitucionalidad del Decreto 2762 de 1991, al advertir que los militares ejercen jurisdicción en el archipiélago cuando estos ingresan a la isla y que los permisos de residencia que se le otorgan en el cumplimiento de tales funciones no se hacen para efectos de control sino de registro.

También advirtió que la Occre le solicitó al Ministerio del Interior que actualice la información de registro de residencia del uniformado encargado de la Gobernación del Departamento, para que la ajuste a la nueva condición que detenta el militar en el cumplimiento del encargo que se le ha asignado.

Finalmente la directora de la Occre dijo que no puede emitir una orden en contrario como lo pedía la líderesa Raizal, a quien le recordó que la ha acompañado en muchos procesos de la causa Raizal, de la que se dice una firme defensora pero que no coincide en esta ocasión con su posición respecto de la legalidad de residencia del gobernador militar, por que eso equivaldría a dinamitar la institucionalidad insular con consecuencias a futuro que resultarían muy perjudiciales por la anarquía que produciría y que lejos de contribuir al control poblacional generaría un desorden de incalculables consecuencias.

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