Por Sandra Borda Guzmán
Aunque los medios en Colombia no lo dijeron y aunque aquí nadie desea discutirlo, la estrategia de Santos frente a Nicaragua tuvo un fracaso rotundo esta semana. No es fácil buscar solidaridad internacional cuando uno viola el derecho internacional. El viaje del presidente Santos la semana pasada a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York era un momento clave para consolidar la estrategia diplomática del gobierno frente a Nicaragua y ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia de noviembre pasado.
El propósito más importante de la estrategia diplomática del gobierno era multilateralizar su insatisfacción frente a las intenciones nicaragüenses. Colombia buscó que Jamaica, Panamá y Costa Rica se sumaran a su voz de protesta frente a lo que denominó las ‘intenciones expansionistas’ de Nicaragua. El objetivo era lograr un consenso entre estos países que quedase plasmado en una carta dirigida al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y que diese a conocer a la comunidad internacional el ‘mal’ comportamiento de Nicaragua frente a sus vecinos marítimos.
Según las palabras del presidente Santos ante la asamblea de la ONU, a pesar del conflicto armado, el país ha logrado grandes avances en materia económica, de seguridad y en la lucha contra la pobreza. Las cosas empezaron a marchar mal desde el lunes 23 de septiembre cuando se anunció que Jamaica se abstendría de firmar la carta de protesta promovida por Santos. Según algunos medios internacionales, Jamaica no firmó la nota porque prefirió adelantar sus intereses en materia limítrofe ante la Convención del Mar. Había caído entonces la primera ficha de la estrategia colombiana y ello ya se constituía en mal augurio.
Sin que en Colombia lo registrara ningún medio de comunicación, el viernes 20 de septiembre ya se había empezado a perfilar una diplomacia de dos canales por parte del gobierno panameño. Antes de que los mandatarios partieran rumbo a Nueva York, el canciller Fernando Núñez de Panamá envío las primeras señales amistosas a Managua. En entrevistas con los medios aseguró que “emplear el término expansionismo es muy fuerte, no considero que esas sean las intenciones de Nicaragua” y sugirió que su gobierno no había descartado la posibilidad de negociar con Managua.
A su vez, el gobierno de Ortega y su agente en la Corte Internacional de Justicia, Carlos Arguello, habían enviado el mensaje de que ningún tercer país debía preocuparse por la nueva demanda presentada por Nicaragua contra Colombia para definir la plataforma continental, y el mensaje había sido recibido. En el gobierno panameño, el canciller Núñez jugaba el papel del ‘buen policía’ haciendo uso de una estrategia conciliadora, mientras el presidente Ricardo Martinelli asumía el rol del ‘policía malo’ que insistía en que su gobierno no tenía nada que negociar con Nicaragua y que no permitiría la invasión de su mar territorial por parte de ese país. De hecho, la manifestación más clara de este papel del ‘policía malo’ que jugaba Martinelli fue su discurso ante la Asamblea General de la ONU el miércoles 25 de septiembre. Su tono de denuncia no pudo ser más claro:
“Comunico a la Asamblea General… que mi Gobierno tuvo conocimiento de la solicitud formulada por el Gobierno de la República de Nicaragua, ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas, con miras a extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Sin perjuicio del derecho que le asiste a la República de Nicaragua para presentar esta solicitud […] mi Gobierno quiere expresar su profunda y enérgica preocupación en el sentido de que las coordenadas trazadas en la solicitud nicaragüense generan una inobjetable superposición a nuestros espacios marítimos y a los tratados concertados por la República de Panamá con los países vecinos, resultando afectada un área marítima aproximada de 49,892.54 kilómetros cuadrados.
El profundo malestar que sienten el pueblo y el gobierno de Panamá no radica en la solicitud formulada por Nicaragua de extender su plataforma continental; sino en el hecho de que siendo países a los que nos unen lazos de amistad, proximidad geográfica, vecindad regional e integración política y económica, no se nos haya consultado antes de presentar dicha solicitud para examinar todas las afectaciones que pudieran derivarse. (…) En razón de lo expuesto, mi Gobierno se ve en la imperiosa necesidad de rechazar categóricamente el intento de delimitación de las fronteras marítimas de la República de Nicaragua, porque vulnera los tratados vigentes con la República de Panamá, los cuales hemos cumplido de buena fe, así como nuestros legítimo derechos marítimos reconocidos y aceptados por la Comunidad Internacional en el área.”
Pero en el mismo discurso y justo después de la denuncia, pasó lo que debió haber caído como baldado de agua fría para el gobierno colombiano y que, de nuevo, ningún medio de comunicación en Colombia registró: “Producto de esta magna asamblea los cancilleres de ambos países han empezado el proceso de solución de nuestras diferencias las cuales espero lleguen a un pronto feliz término”. Así, en una escueta línea de su discurso y dos días después de que Colombia le entregara la carta de protesta en contra de Nicaragua al Secretario General de la ONU, Martinelli anunció que se bajaba del bus de la protesta multilateral para llegar a un acuerdo bilateral con Managua. Panamá, hábilmente, había avanzado sus intereses por dos caminos paralelos: El de la denuncia de las intenciones nicaragüenses y la coalición con Colombia, y el de la negociación directa con el gobierno de Ortega.
Al final Panamá, como siempre en estos temas, optó por lo que más le convenía: resolver el asunto directamente con Nicaragua y a través de la negociación. El mismo miércoles 25 de septiembre, momentos después del discurso de Martinelli, Panamá anunció públicamente que daba por superado su diferendo limítrofe con Nicaragua. Los medios anunciaron que los cancilleres panameño Fernando Núñez y nicaragüense Samuel Santos “llegaron a un acuerdo preliminar para que en caso de que hubiera un traslape (de las plataformas continentales) no se comprometa la jurisdicción panameña”. Colombia, oficialmente, se había quedado sólo con Costa Rica en su reclamo.
La coalición lograda por Colombia se deshizo en una semana, mientras tanto Nicaragua ya había puesto en marcha su propio plan para conseguir y organizar aliados. El jueves 26 de septiembre la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) exigió respeto al derecho internacional y manifestó su solidaridad “ante las campañas mediáticas contra Managua, a raíz de diferendos limítrofes marítimos con naciones de la región que se dilucidan en la Corte Internacional de Justicia”.
En el Consejo Político del ALBA que se reunió en Nueva York y que acordó esta declaración estuvieron, entre otros, los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez; de Ecuador, Ricardo Patiño: y de Venezuela, Elías Jaua. De esto tampoco dieron cuenta los medios colombianos. Así, Nicaragua logró mucha más solidaridad y compañía en su reclamo limítrofe y Colombia, por su parte, está aprendiendo a las malas lo difícil que es construir solidaridad internacional alrededor de un comportamiento desafiante del derecho internacional.
Aunque era claro que el efecto de la carta entregada al Secretario General de la ONU ser
ía político y sin ningún contenido jurídico, la intención de Colombia era presentar a Nicaragua ante el sistema internacional como un Estado expansionista y abusivo, hostil con sus vecinos. Sin embargo, la estrategia fue un fracaso rotundo. Hay tres explicaciones para esta debacle diplomática.
1. La primera razón es teórica. Uno de los temas más difíciles de multilateralizar en el sistema internacional es el fronterizo/territorial. Es imposible pensar en el territorio como un ‘bien común’ que pueda ser defendido entre varios y siempre va a ser más recomendable y fácil negociar bilateralmente que armar coaliciones que cierren eventualmente el camino de una solución directa. Los incentivos para abandonar el grupo y actuar unilateralmente son muy altos y ello reduce al mínimo las probabilidades de éxito de una iniciativa como la colombiana.
2. La segunda es una cuestión de principio: construir solidaridad alrededor de una causa en derecho es más fácil que hacerlo cuando la posición que se propone, es abiertamente violatoria del derecho internacional. Si Colombia desafía el fallo de la Corte Internacional de Justicia (o lo considera ‘inaplicable’, lo que sea que eso signifique), no tiene autoridad moral para convocar y conseguir apoyos en contra del supuesto ‘expansionismo’ nicaragüense.
3. Finalmente, el consenso en Colombia sobre la existencia de las ‘intenciones expansionistas’ de Nicaragua simplemente no existe fuera de Colombia. Ese es un discurso que el gobierno Santos logró vender a su audiencia interna como parte de su estrategia electoral para no asumir los costos políticos de haber “perdido” los 75.000 kilómetros de mar. Pero fuera de Colombia, para algunos, lo que busca Nicaragua es la simple definición de sus límites marítimos.
Mientras todo esto pasaba fuera de Colombia, aquí no hubo ni siquiera seguimiento al proceso por parte de los medios, ni discusión sobre lo que había acontecido en Nueva York. Parecería como si la estrategia de rodear al presidente en este tema, se hubiese convertido en un pacto de silencio alrededor de cualquier grieta que se le pueda abrir a la posición del gobierno colombiano frente al fallo de la CIJ y frente a Nicaragua. Ojalá que por cuenta de este silencio no se agrande aún más la ventaja jurídica y política que nos está sacando Nicaragua. Aquí todo el mundo sigue como si no estuviera pasando nada. Tomado de www.razonpublica.com
* Profesora e Investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes.
