La inefable Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, se dice una entidad de control empeñada en la lucha contra el contrabando. Sin embargo y para ser una autoridad de control, se nota que le importa muy poco la violación de nuestras normas especiales de control migratorio que impiden el “contrabando” de foráneos en el territorio insular.
No le queda nada bien a una entidad del Estado, que ejerce funciones de control promover la violación de las normas establecidas, sobre todo para una región frágil como el archipiélago, y andar no solo justificando, sino además respaldando procedimientos torticeros para favorecer a una funcionaria que se encuentra en situación irregular de residencia, pero cuyo padrinazgo político pareciera ser bastante poderoso como para merecer la movilización de la entidad a su favor hasta el punto de expedir en su nombre y a su favor un comunicado de prensa de cuartilla y media que ni los operativos anti contrabando han merecido en ocasión alguna.
No es nada legítimo que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian ande promoviendo que se violen las normas de control migratorio del Departamento, porque ello equivaldría a que cualquiera de nuestras instituciones, nacidas dentro del ordenamiento jurídico especial, promovieran la violación de las normas contra la evasión tributaria o el contrabando de mercancías. Entonces no hagas a otro lo que no quieres que te hagan.
Dice la Dian en su comunicado de prensa que “a través de la acción de tutela No. 000-2013-00423-01-T, la Sala Séptima de Decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ordenó el pasado jueves 19 de septiembre de 2013 a la Oficina de Control, Circulación y Residencia del Departamento de San Andrés y Providencia y Santa Catalina-OCCRE, expedir la respectiva tarjeta de residencia a la funcionaria Mónica Andrea Murcia Delgado. El fallo, permite que la funcionaria pueda desempeñar sus funciones como Ejecutor de Cobro Gestor IV Código 304 Grado 04, en la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés, por el tiempo que sea necesario, luego de haber superado todas las etapas del concurso público de méritos de la Convocatoria 128 del año 2009 y de haber sido nombrada por la DIAN en período de prueba por el término de 6 meses mediante la Resolución No. 00045 del 8 de marzo de 2013.”
Una cosa es que la DIAN con la fuerza de las imposiciones tributarias nos obligue a pagar onerosos impuestos para financiar la burocracia, el clientelismo y la corrupción de las estructuras de poder de este país, porque esa es la tarea que la Ley y las normas le han encomendado a esta arrogante entidad. Pero de ahí a que pretenda que tengamos que arrodillarnos y tragarnos nuestros derechos a gozar de unas leyes especiales para nuestro funcionamiento por las limitaciones espaciales y fragilidad ambiental, vaya y venga.
Entonces como a la Dian le resulta cómodo promover el incumplimiento de las normas especiales, y se ampara en fallos espurios producidos por jueces que desconocen el ordenamiento jurídico excepcional del archipiélago, sin siquiera atender la argumentación de la entidad tutelada, la región entera debe rodear a la Oficina de la Occre y enfrentar esta nueva imposición colonial de un Tribunal Cundinamarqués y de una entidad centralista, con un claro boicot a esa entidad de control, negándose a atender las cobranzas y los recaudos que le han sido encomendados a la señora Murcia Delgado, como si en San Andrés no hubieran profesionales que puedan ejercer el cargo que esta “sabelotodo” venida de la capital, “vaca sagrada” de la entidad, pretende ejercer en desmedro de los profesionales isleños.
Una cosa es que la región haya aceptado la llegada de militares foráneos en reemplazo de civiles lugareños, implicados en manejos dolosos y venales de la entidad, pero no por ello vamos a permitir su arrogancia ilimitada de traer sus “tropas” de funcionarios de niveles medios para llenar cargos que aquí bien pueden ser ejercido por residentes y raizales, dignos y buenos profesionales.
De modo que frente a la pretendida imposición de la Dian de funcionarios foráneos que pueden ser ejercidos por gentes de las islas, lo que debe imponerse es una especie de desobediencia civil, de declaratoria de “persona non gratta” de estos funcionarios colonialistas que creen que siguen en la época de los “oidores” de la colonia que llegaban a cobrar las alcabalas y los tributos ordenados por el Rey desde la Real Orden.
Estamos en pleno Siglo 21. Ah y en pleno proceso de incubación de una segura independencia frente a la actitud colonialista que desde hace más de 200 años padecen los pueblos y regiones de la periferia.
