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La irresponsable satanización de la contratación estatal en el Departamento

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Por Cesar Pizarro Barcasnegras*

Se ha vuelto un deporte casi que nacional y perverso satanizar la contratación estatal como instrumento de corrupción per se y de politiquería, generando la falsa creencia en la población que todo proceso contractual es una práctica venal y quienes exponen públicamente cuestionamientos a la contratación estatal se constituyen en ‘valientes veedores ciudadanos’, automáticamente.

Ni lo uno, ni lo otro. La contratación estatal per se no entraña corrupción o politiquería y quien cuestiona un contrato, necesariamente no es un veedor ciudadano, porque muchas veces detrás de la práctica de hablar mal de la contratación de una determinada administración, hay otros intereses no necesariamente de transparencia, sino en algunas circunstancias de enemistad política, de interés contractual, o incluso de presiones indebidas en busca de un provecho desde la administración.

Un contrato estatal es cualquier acto jurídico generador de obligaciones que celebran las entidades estatales. Para que un contrato público objetivamente sea cuestionado como instrumento de corrupción y politiquería, tendría que incumplir requisitos, características o principios establecidos en las normas y en la Ley (especialmente en la Ley 80 de 1993), y su ejecución no se haya hecho tal como se estableció, incumpliendo lo pactado, o con sobre costo o con la persona natural o jurídica no idónea para ejecutar lo contratado.

En palabras de la Corte Constitucional el fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado.

La finalidad de la Contratación Estatal es la de propender por el logro de los objetivos constitucionales del Estado Social de Derecho, toda vez que el cumplimiento de estas metas requiere del aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. En este orden de ideas, es innegable el carácter instrumental que ostenta el contrato estatal, puesto que no es un fin en sí mismo sino un medio para la consecución de los altos objetivos del Estado, sobre todo las más vulnerables.

Por ello satanizar la contratación estatal haciéndola pasar como herramienta de corrupción y politiquería es una irresponsabilidad y quienes apelan a esta estrategia para poner trabas y palos en la rueda a las administraciones, no están ejerciendo una veeduría transparente, si no un sesgado y temerario mecanismo de parálisis de la Administración que termina perjudicando a la comunidad, porque muchos procesos de atención a la población, de provisión de bienes y servicios, terminan dilatándose en el tiempo, y afectando a las comunidades.

En el caso de la Gobernación del Departamento para que la Administración pueda poner en marcha su Plan de Desarrollo, el Gobierno tiene dos instrumentos a través de los cuales puede cumplir sus fines sociales: los convenios interadministrativos y los contratos (prestación de servicios, licitaciones, selecciones abreviadas, etc), todos los cuales están reglamentados y legitimados por la Constitución y la Ley (Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto en el 1082 de 2015).

En el caso de la Administración Departamental que tiene una nomina de funcionarios de menos de 300 empleados, muchas de las actividades que buscan el cumplimiento de los fines sociales del Ente Territorial con sus asociados, requieren la contratación de profesionales, técnicos, tecnólogos y operarios que se obliguen para con el Departamento a ejecutar acciones o actividades, prestar servicios o suministrar bienes y servicios, y ello está legitimado en el Régimen de Contratación Estatal, que no puede confundirse con nominas paralelas, corbatas o ferias de contratos.

Por ejemplo, en los recientes días algunos opositores de la Administración Departamental que hablan desde la comodidad de su zona de confort en otras ciudades o países, han vanalizado y estigmatizado la contratación que ha hecho el Gobierno Departamental para la entrega de bonos alimentarios y mercados a la población, lo cual se ha venido haciendo en cumplimiento del principio constitucional de solidaridad, del que no es ajena la Ley 80 o Ley de Contratación Estatal, y menos en situaciones de emergencia como la Pandemia del Covid19.

Gracias a dicha contratación hemos visto a mujeres y hombres visitando puerta a puerta, casa a casa, barrio a barrio desde las 4:00 de la mañana, los mas recónditos sectores residenciales de la isla para entregar ayudas alimentarias a la población para lo cual la Administración Departamental ha dispuesto los recursos sin titubeos, para que la comunidad pueda tener algo para subsistir durante esta pandemia, para de esta forma garantizar la seguridad alimentaria de la población mientras ésta se mantenía confinada, en cumplimiento de las directrices gubernamentales para evitar la propagación del contagio de Covid19, atendiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud.

En la estructura funcional del Departamento, la totalidad de la contratación que se ejecuta en la Gobernación de San Andrés y Providencia debe pasar por la Secretaria General del Departamento que es una especie de gerencia departamental que se encarga de que la entidad funcione para que todas las demás dependencias ejecuten las diferentes acciones sectorizadas que deben llegar a beneficio de la comunidad.

Por ello, la Secretaría General maneja un indicador de transparencia al ciudadano, el cual lleva todos los procesos contractuales indistintamente de la cuantía para que la información esté disponible para todo ciudadano interesado, la cual se carga a las plataformas SECOP l, pero que esta siendo migrada a SECOP ll, por exigencia legal.

En la actualidad aún se trabaja en la implementación absoluta de SECOP II para servidores públicos de la Gobernación a efectos de que los funcionarios estén a la vanguardia en el uso de esta nueva plataforma, con lo cual toda la contratación del Departamento debe quedar ahí cargada para que cualquier ciudadano a través de internet y desde un computador pueda consultar en que gasta o invierte el Gobierno cada peso de los impuestos que pagan los ciudadanos.

La Secretaría General dentro de sus funciones debe velar por el buen funcionamiento de la entidad y en aras de incorporar las mayores herramientas de transparencia se contrató la actualización de manuales de contratación, los manuales de interventoría y defensa jurídica, con los cuales no cuenta la gobernación y para lo cual era necesario buscar especialistas en contratación, en derecho Público y en derecho administrativo por ser idóneos y contar con el perfil para hacer dicha labor.

Un buen ejemplo de la contratación que hace la Administración Departamental para el beneficio de la población es el de la Secretaría de Educación que fue adjudicado a Selcomp Ingeniería para adquirir 1515 computadores para entregar a los niños de bajos recursos como parte de las nuevas modalidades educativas que ha generado la Pandemia del Covid19, a través de la Educación Virtual. Esa será una inversión de 724 millones de pesos y en aras de la transparencia se hizo por la plataforma Colombia Compra Eficiente.

Otro de los rubros importantes en los procesos que se adelantan en materia educativa desde esa Secretaría es por $570 millones para el “Fortalecimiento de las competencias de los estudiantes de los niveles de básica y media de los establecimientos educativos y la capacitación en competencias básicas a los docentes de todo el departamento, con lo cual se evalúa la forma de mejorar las capacidades de nuestros estudiantes para enfrentar la prueba Saber 11, para las capacitaciones de más de 8000 estudiantes inscritos en el Simat y mil bachilleres de decimo y undécimo grado dispongan a través de sus maestros de todos los contenidos de la totalidad de asignaturas del pensum académico para que éstos preparen a los estudiantes para las pruebas de Estado (Icfes) que deben presentar en el mes de noviembre.

En la misma línea social de la educación o la salud, o el desarrollo social, está la actividad deportiva, y máxime si ésta hace parte de los deportes insignias del Archipiélago que por el biotipo de nuestros jóvenes, potencializa sus habilidades para que desde el deporte genere posibilidades de futuro, aleje a nuestra juventud del ocio, y de conflictos como la delincuencia o la drogadicción.

Por ello es importante cuando desde la Administración se patrocinan o realizan certámenes en disciplinas como el basquetbol o el beisbol. La comunidad basquetbolista se ha quejado durante años por la falta de atención de la Gobernación a esta que es una de las disciplinas más fuertes, y que en los últimos años solo ha contado con los mayores esfuerzos del sector privado.

Para ello en los próximos días con el apoyo de la Administración que ha dispuesto $ 850 millones (para jugadores, refuerzos, tiquetes, alojamiento, comida, transporte, fichaje), por dos meses de torneo para reconocer la importancia de esta disciplina y muestra que credibilidad en nuestro equipo local, fortaleciendo la disciplina y brindando las condiciones para que tengan el mejor desempeño.

Pero no solo se trata de las acciones sociales hacia la comunidad, también una de las funciones de la Administración es la defensa de los intereses de la Entidad Territorial, y para ello la contratación de profesionales con determinados perfiles son esenciales en dicha tarea, sobre todo cuando de asuntos jurídicos se tratan, los cuales son transversales a toda la actividad de la administración y sus dependencias y procesos internos.

Que en una entidad territorial como el Departamento disponga de la contratación de medio centenar de profesionales del Derecho no podría constituir ninguna irregularidad si tenemos en cuenta que la Administración central dispone de 17 secretarías, y hay otras dependencias por fuera de ese nivel, y que las solas dependencias al interior podrían disponer de 3 profesionales por cada una , para atender todo el cumulo de asuntos jurídicos, consultas, derechos de petición procesos licitatorios, tutelas, demandas, etc

De modo que la contratación estatal siempre será el instrumento jurídico que le permitirá a una entidad cumplir los fines sociales y esenciales para la que fue creada, incluso si se trata de la provisión de tiquetes que más que para hacer turismo oficial, es la provisión necesaria para que, ya superada la parálisis de la aeronavegación por la Pandemia del Covid19, los funcionarios y las comitivas se desplacen en gestión fuera del Archipiélago, o incluso para garantizar la expulsión de ciudadanos en condiciones de ilegalidad que la Occre muchas veces debe retornar a su ultimo lugar de origen para cumplir los controles poblacionales que le fueron encomendados por virtud del Decreto 2762. Lo único que requiere la Contratación Estatal es que sea transparente en todos sus procesos, y quienes sobre ella pretendan ejercer veeduría, deben hacerlo de forma igual de transparente, y no como una forma de paralizar una administración por venganza política o por indebida presión en provecho propio.

*Comunicador Social -Abogado

 

Imágenes tomadas de internet