El presidente de Nicaragua hizo una jugada sorprendente –los nicas podrían llamarla magistral- y dejó el balón del fallo de La Haya en el campo de Colombia. Daniel Ortega, en un tono conciliador, desacostumbrado cuando de hablar de Colombia se trata, le propuso al presidente Juan Manuel Santos crear una comisión binacional para llegar a “un tratado que nos permita poner en práctica el fallo de la Corte de La Haya”.
En su discurso en una parada militar en Managua, Ortega precisó que la comisión se encargaría de definir “cómo se va a patrullar la zona y el tema de la pesca”. Y utilizó, incluso, palabras que pretendían mostrarlo magnánimo: “Tenemos que ponernos de acuerdo con los hermanos colombianos”, y habló de “establecer ya una administración conjunta de la reserva con el acompañamiento de la ONU”.
Se refiere a la reserva Seaflower, la segunda barrera de coral más grande del mundo, que ha sido de Colombia, pero que según el fallo de La Haya, ahora pertenecería también en parte a Nicaragua.
¿Qué hay detrás de esta propuesta? ¿De verdad hay un interés genuino de poner punto final? ¿O se trata de un lobo con piel de oveja?
La nueva actitud llama la atención porque apenas dos semanas atrás Ortega aparecía en Colombia como la peor pesadilla. Por un lado, el comandante del Ejército nica hablaba de compras de navíos, por otro, el ministro de Minas anunciaba planes para explorar hidrocarburos en las dos zonas sensibles, y Ortega mismo echó sal en la herida al pedirle a la Comisión de Límites de la ONU que, de acuerdo con el fallo de La Haya, defina cuál es el tamaño de su plataforma continental.
Esa solicitud desató de nuevo el pánico pues Nicaragua estaría buscando que midan el mar con el concepto de plataforma, que le daría 350 millas, con lo cual su mar se extendería casi hasta Cartagena, y no con el jurídico de 200 millas. Dicho escenario, aunque no se puede descartar por completo, es muy improbable. No están dadas las bases jurídicas para que Nicaragua logre que su plataforma vaya más allá de lo ya establecido.
En ese contexto de crispación se da la nueva propuesta ‘pacifista’ de Ortega. Y a primera vista pone al gobierno de Colombia en un dilema. Un observador de otro país, es decir sin el sesgo del patriotismo, podría pensar que es una buena salida, que es una mano que le tiende el presidente Ortega a Colombia para ir dando pasos hacia el acatamiento del fallo. A eso se suma que un escenario como el de esa comisión podría desactivar las amenazas de nuevas demandas y dejar de una vez por todas claros los límites con un tratado.
La internacionalista Laura Gil sostiene que “solo una negociación podrá alcanzar el doble propósito no solo de modular la sentencia de la Corte de La Haya mediante el acuerdo entre las partes, sino también de impedir o lograr el retiro de una acción legal inminente. Las sentencias de los tribunales son impredecibles; los tratados bilaterales, no”.
Pero en la práctica, para el gobierno de Colombia, la propuesta de Ortega no es más que un canto a la bandera por dos razones. En primer lugar, porque ningún gobierno se da la pela de apresurarse a acatar un fallo como este. Por el contrario, se suelen dar todas las largas posibles para que el sapo no sea tan difícil de tragar. Y menos lo hará Colombia, si se tiene en cuenta que tan solo van diez meses del fallo, la herida sigue abierta y el gobierno está en plena campaña para la reelección.
Precisamente por eso, no es tan claro que se trate de un gesto generoso de Nicaragua. De hecho, hay quienes pueden pensar que detrás del tono cortés hay una nueva provocación, pues Ortega bien sabe que Colombia ha dicho que es un fallo “de difícil aplicación” (es decir, que por ahora no lo acata) y que el gobierno, por las circunstancias antes mencionadas, no va a responder o le va a decir que no a su propuesta.
En otras palabras, el presidente nica no pierde nada. Por el contrario, con ese gesto de fina diplomacia queda como un príncipe y va sumando puntos para mostrarle a la Corte y a la comunidad internacional, un registro de sus ‘buenas acciones’.
Es muy común que los países dilaten la aceptación de los fallos de la Corte Internacional de Justicia. El que más se tardó fue el caso de la disputa por los estrechos de Corfú, que está en las costas de Albania. A pesar de que la Corte resolvió a favor de los albaneses en 1949, Gran Bretaña acató la orden en 1992.
Un caso más reciente es el de Nigeria, que se demoró diez años para cumplir una sentencia favorable a Chad, y evitó así ser llevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
¿Qué va a hacer Colombia? En los próximos días el presidente Juan Manuel Santos hará una alocución para contarle al país la decisión que se ha tomado, hablará de si se acata el fallo o no y cómo será la contraofensiva. Esta aparición ya está lista pero las circunstancias internas del país no han sido las mejores para el anuncio.
Lo que han recomendado todos los juristas es que hay que acatar el fallo. Pero el hecho de que se vaya a hacer eso no quiere decir que el gobierno no vaya a recurrir a toda suerte de recursos para tratar de recobrar terreno. El tono del gobierno sigue siendo el del primer día cuando la canciller María Ángela Holguín dijo: “Esto no se va a quedar así”. Holguín lo ha ratificado en sus últimas intervenciones al decir que el gobierno está actuando “con toda la determinación en la defensa y en la estrategia (…) que nos permita recurrir a los mecanismos del derecho internacional para elevar nuestras opiniones y críticas hacia el fallo”.
Lo más probable es que Colombia busque interponer algún recurso a la Corte: ya sea el de aclaración del fallo o el de revisión. Este último se puede pedir cuando surja un nuevo hecho o información que no se había tenido en cuenta durante el litigio.
El decreto que expidió el gobierno el pasado 2 de septiembre (el 1870 de 2013) podría ser ut
ilizado en últimas para ese fin. El decreto ordena hacer una nueva cartografía de San Andrés, que se haga un censo de los habitantes de la isla y se pongan en práctica planes ambientales para proteger el Seaflower.
El caso de la cartografía es interesante porque si resulta que la nueva medición de San Andrés y Providencia es distinta a la que se tuvo en cuenta para el fallo, podría constituirse en un dato nuevo que eventualmente serviría la revisión del fallo.
Cabe recordar que la Corte de la Haya para su fallo tomó como “factor decisivo” el tamaño de los dos litorales. En el caso de Colombia solo se midió el litoral de San Andrés y las otras islas, no el de la parte continental porque el trozo de mar que está en disputa está muy lejos de las costas del continente.
Por eso la relación fue de un apabullante 8 a 1 en favor de Nicaragua. Y con base en esa diferencia, la Corte consideró que la relación de entrega de mar sería de 3 para Nicaragua y 1 para Colombia. Así como lo ha hecho en otros casos (Rumania-Ucrania, Alemania-Dinamarca y Túnez-Libia).Los otros puntos del decreto servirán tal vez para mostrarle a la Corte lo difícil que es aplicar el fallo.
El esfuerzo de Colombia puede tener algún éxito, aunque pocas veces ha pasado. En la historia de la Corte se han interpuesto tres recursos de revisión, dos los ha negado porque no media un hecho nuevo y uno que aceptó finalmente el país interesado, Guinea-Bisáu, desistió. O puede también convertirse en el legítimo derecho al pataleo mientras el país se va haciendo a la idea de esa pérdida.
