La Procuraduría frente a las crisis de la salud insular: ¿Intervención oportuna u oportunismo intervencionista?

0

Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/thearchipielagopress.co/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212
Por Cesar Pizarro Barcasnegras*
No es la Procuraduría Delegada para la Salud la que ha diagnosticado oportunamente los problemas sanitarios de San Andrés, ni el aumento de los contagios de Covid19 y mucho menos de la situación de filtraciones recurrentes en el hospital departamental Clarence Lynd Newball, como lo evidencio el propio titular de esa dependencia cuando hacía un recorrido por el Nosocomio y se precipitó sobre la isla un fuerte aguacero producto de una Onda Tropical que el día anterior había anunciado el Ideam para todo el Caribe colombiano.
Todas estas son situaciones históricas que se han venido presentando en la administración de la red hospitalaria departamental y que llevó al Gobierno Departamental, en cabeza de su titular Everth Hawkins Sjogreen a tramitar en la Asamblea Departamental un proyecto de ordenanza encaminado a que el Ente Territorial retome el manejo de la salud, que en administraciones anteriores fue entregada a un privado, que no solo ha tercerizado y encarecido los servicios, sino que además en todo este tiempo ha omitido algunas obligaciones como el mantenimiento de la edificación hospitalaria, por cuya razón, además de lloverse por dentro, presenta otras falencias físicas.
Aunque ahora el procurador con sus anuncios aparece como el salvador de la situación hospitalaria de San Andrés, y con ello generó golpes de opinión y de alguna forma politizó la situación de San Andrés, en la que han estado oportunamente acompañando y conociendo las procuradurías regional y judicial ambiental, toda esta situación ya se encuentra sobre diagnosticada y mal que bien los gobiernos han venido tratando de resolver, a veces con “pañitos de agua tibia”, pero nunca antes se había atendido en forma integral y con la voluntad política de avanzar en una solución definitiva y estructural como la actual coyuntura.
En lo estructural con la creación de la Empresa Social del Estado ESE Hospital, que fue aprobada en la Asamblea y se encuentra en la etapa de implementación, se debe avanzar a un nuevo y adecuado modelo de administración de nuestra red hospitalaria, sin tercerización, y sin el ventajismo del privado que pretende que el Departamento siempre le salve la papeleta cuando surge cualquier problema que es su propia obligación resolver en virtud de las cláusulas contractuales.
Y en lo coyuntural, no puede la Procuraduría desconocer que ha habido un trabajo de los últimos cinco meses en los que el Gobierno Departamental y el Ministerio avanzaron en la adecuación de una Unidad de Cuidados Intensivos para pacientes Covid19, para lo cual, con cargo al Erario del Departamento se adecuó un área física hospitalaria, la adquisición de unidades y equipos de atención intensiva y se complementó con aportes tanto de bioelementos como dotaciones por parte del Ministerio de Salud, con lo cual ha habido toda una estrategia gubernamental departamental-nacional, la cual ya está en operación parcial y se avanza en los ajustes para que la totalidad de este pabellón quede operando al cien por ciento.
El lamentable episodio de las filtraciones de agua que presenció el procurador delegado resulta bastante oportuno por que sirvió para que éste evidenciara que a pesar de que desde 2008 el hospital está en manos privadas, no ha tenido el mantenimiento adecuado para evitar que las áreas internas se inunden y los equipos se dañen. Pero no es lo único incorrecto que ha hecho el operador privado por que cuando el personal médico, paramédico, enfermeras, especialistas, administrativos y de oficios varios del Hospital no reciben pagos de parte del operador del hospital, debe el Departamento salir a responder por esas deudas para garantizar que éstos no paren actividades y se afecte la atención al público, o cuando se va el operador contratado dejando las deudas laborales insolutas, es al Departamento al que demandan solidariamente e incluso le toca pagar tales demandas.
Esa relación desequilibrada para el Departamento que cada cierto tiempo debe salir a resolver las crisis que se presentan en el principal centro asistencialista, bien sea por falta de pago de salarios, de insumos médicos, de dotación hospitalaria, manejo de residuos hospitalarios, mantenimiento de la edificación hospitalaria, entre otros servicios que reiteradamente debe costear o responder el Ente Territorial para garantizar la atención al público, no obstante que exista un contrato de operación con alguna IPS, es la que debe cambiar con la entrada en funcionamiento de la Empresa Social del Estado, ESE Hospital Clarence Lynd Newball Memorial, a la que algunos sectores interesados se oponen y que esperamos ahora, en forma oportunista no lo vaya a hacer la Procuraduría con la judicialización o politización del tema que suele presentarse, cada que uno de estos funcionarios visita la isla.
De modo que si los activos de la Red hospitalaria del Departamento son propiedad del Ente Territorial, y adicionalmente le cuelgan todas las obligaciones que incumple el operador privado, entonces por que los ingresos no son del Departamento?
Los antecedentes son más que suficientes: hay gigantescas goteras que inundan el edificio, ponen en riesgo de daño los equipos, y de infecciones intrahospitalarias a los pacientes por la falta de mantenimiento adecuado que ha mantenido el operador privado, demandas de reparación directa por daños causados en el hospital, donde la Gobernación del Departamento está respondiendo solidariamente por las fallas en el servicio que los operadores del Clarence Newball han causado a pacientes; hay decenas de millonarias demandas laborales por las que el Departamento está respondiendo ante la situación insoluta en las que el operador ha quedado con sus contratistas; son los gobernadores como representantes legales del Departamento y no los gerentes de hospital, los que son objeto de acciones disciplinarias por parte de los entes de control, cuando hay emergencias sanitarias por mal manejo de residuos hospitalarios. Y así es todo. La relación es desequilibrada a favor del operador privado que no responde por nada, pero quien percibe la facturación de servicios.
Hay que abonarle a la presencia de la Procuraduría en San Andrés, la legitima preocupación que como agente del Ministerio Público en representación del ciudadano, se ocupe de los problemas de deficiencia de salud pública en la región, y que en virtud de la colaboración armónica de las diferentes ramas del poder público y entes de todos los niveles públicos, acompañen y apoyen los procesos.
Pero no por ello debemos seguir aceptando el trato “intervencionista” que la misma señala al ocuparse de este asunto, y mucho menos que pretenda una judicialización del tema, y menos aún la farandulización del problema mediante shows mediáticos que no hacen más que desestimular aun más el ya muy golpeado destino turístico, al estigmatizar un centro hospitalario que a pesar de sus problemas como cualquiera otro, es más el beneficio que aporta y que históricamente ha garantizado la salud de toda la población.
La honestidad que reclaman los entes de control de los funcionarios públicos del Estado, sobre todo de las regiones colombianas, deben demostrarlo ellos también al momento de presentar la información, y al momento de emitir juicios de valores éstos deben estar caracterizados por la sindéresis y la sensatez.
Y lo decimos por que al momento de emitir su informe nacional en el que se dio a conocer el aumento de los contagios de Covid 19 en un 700 por ciento, lo que no dijo el Ministerio Público es que tan desbordado indicador es producto de la estrategia que hace un mes exacto puso en marcha tanto el Ente Territorial como el Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez en su visita de finales de agosto a la isla.
Tanto así que la Administración Departamental mediante un comunicado debió salir a aclararle a la Procuraduría General de la Nación, que el “notorio incremento de contagios por el coronavirus, esto se debe a la implementación de la estrategia PRASS (pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible), que inició el 7 de septiembre de 2020 en el departamento de San Andrés con el fin de detectar de forma más rápida los posibles casos de dicho virus en los diferentes sectores de la isla. Dicha estrategia, ha permitido detectar personas asintomáticas y así tratar desde casa a los casos positivos; evitando de esta forma, saturar a futuro el sistema de salud, en el territorio ya que cuenta con nueve (9) camas de la nueva UCI, y se está a la espera de una nueva planta de oxígeno para dar funcionamiento al área en su totalidad, resaltando que el pico para el archipiélago está estipulado para mediados del mes de octubre del presente año.”
Y esto quedó revalidado durante la Mesa de Trabajo que la Procuraduría instaló con el Gobierno Departamental sobre el tema de Salud, donde le fueron presentados los compromisos y esfuerzos que la administración ha desarrollado para afrontar la pandemia que se vive, sin desmeritar que aún hay más trabajo por hacer.
»Se ventilaron temas importantes en cuanto a la prestación de salud en el Departamento, y como la Secretaría a través de sus planes de inversión y planteamiento a futuro de la operación del hospital garantizarán estos derechos a la salud de la comunidad».
Y complemento de lo que debe ser el trabajo armónico entre instituciones, el procurador delegado, destacó algunos puntos fijos de trabajo para llegar a caminos eficientes, efectivos y cortos para dar mejores resultados, en cuanto al manejo de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la planta de oxígeno, el suministro de medicamentos por parte de las EPS y el control del Hospital Clarence Lynd Newball a futuro, así como la necesidad de continuar trabajando en el territorio Insular con todas las entidades regionales y nacionales como es el caso de la visita del Viceministerio de Salud este fin de semana para continuar avanzando y concretar las medidas ya anunciadas e implementadas hace un mes con la llegada del ministro del ramo, para garantizar un mejor sistema de salud a los isleños, en medio de la calamidad pública.
Por ello esperamos que la manifestación expresada por el delgado en el sentido que »las decisiones que se están tomando van en el camino correcto, hay que fortalecer las medidas que se están tomando, no desfallecer en todo este trabajo que se viene haciendo pero que todavía tenemos cosas por corregir (…) Por supuesto invitar a toda la población al autocuidado; esta pandemia la derrotamos entre todos», sea lo que se imponga en toda esta problemática que tiene mas de trama que de drama.
*Abogado y Comunicador Social

Imágen: RCN radio