Por César Augusto Pizarro Barcasnegras
Uno de los más graves problemas que afronta San Andrés es el de la violencia juvenil que causa víctimas y victimarios que está acabando la vida de menores de edad, adolescentes y jóvenes de las islas, quienes parecen estar condenados a la cárcel o el cementerio.
Y de toda esta grave situación que tiene la isla, el más emblemático de todos los casos de violencia juvenil de reciente ocurrencia es el de la supuesta orden de un hijo que habría ordenado la muerte de su padre para quedarse con los bienes del padre, y habría instrumentalizado a un menor de edad para que perpetrara el homicidio. Ambos jóvenes, solo que uno de estos era menor de edad.
No obstante, ese no es el único caso de ingrata recordación, ya que hay casos más dolorosos, en donde las llamadas fronteras invisibles han causado la muerte de jóvenes e incluso apenas niños en la flor del crecimiento que han caído inocentemente, y sin saberlo por haber traspasado territorios vedados por los violentos que son pandilleros igual de jóvenes que sus víctimas.
La pregunta y reflexión que siempre surge, es qué es lo que está haciendo el Gobierno como principal responsable de la política social, como organismo de poder del Estado en la isla, con sus respectivas obligaciones constitucionales que debe velar por que los derechos de los niños y los adolescentes y jóvenes se cumplan, y sobre todo que garantice la integridad de éstos como lo establece la Constitución Política, por cuanto la violencia y el crimen de los jóvenes no puede convertirse en un elemento más del paisaje insular; y es necesario intervenir rápidamente, no solamente desde el aspecto policivo sino desde el aspecto educativo y social; en la vida de estos adolescentes desde muy temprana edad y por un buen tiempo entre esas comunidades.
Y para responder esa pregunta decidimos buscar a expertos en el tema que tratan permanentemente estos problemas. Por ello le pedimos a Shanna Taylor Bush, psicóloga con una experiencia profesional de 13 años trabajando con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, y quien teme que por la pandemia del covid-19, con todas las repercusiones que ha traído a nivel económico, social y psicológico para las personas, puede terminar convirtiéndose en un problema mucho más complejo de intervenir.
Lo cierto es que desde el Ente Territorial se han establecido en diferentes épocas acciones del Estado en procura de la atención del problema, que aun cuando no han sido soluciones integrales, si han sido aproximaciones para atender un problema estructural que no solo es responsabilidad del Estado que aplica acciones policivas, judiciales y algo sociales, sino de padres y hogares que por cuenta de la disfuncionalidad de muchos de éstos, termina empujando a sus jóvenes hijos a la violencia, el occio, la delincuencia y la drogadicción.
Las acciones van desde programas de acercamiento para jóvenes en conflicto intersectorial, acompañamiento para impulsar la resocialización de jóvenes en vulnerabilidad mediante equipos de trabajo interdisciplinario (Gestores de Paz), caracterización de jóvenes en riesgo de contravención y delincuencia o que presentan problemas por pandillismo, tratamiento sicológico y asesoría para la elaboración de proyectos que cambien sus estilos de vidas.
Acciones como estas que en el pasado se han realizado en barrios de la isla han tenido la buena receptividad de la comunidad: «(…), se nota la intención que tiene el gobierno con estos jóvenes. Los muchachos se están dando cuenta que tener una vida con enemigos, consumiendo drogas todo el día es nocivo para ellos y toda la comunidad.
Es muy bueno este espacio para ellos», (…) es bueno que el gobierno llegue a los barrios a hablar con los jóvenes para ver si cambian de actitud. También está bueno para ver si se acaba la venta de drogas por aquí y la inseguridad», opinaron en su momento una dirigente comunal y una madre que experimentó.
Solo que otros factores inciden mucho en el mal camino de la violencia que siguen muchos de nuestros jóvenes, empujados además por la disfuncionalidad de sus hogares.
El auge de las actividades ligadas al narcotráfico y la llegada y conformación de ciertas estructuras a su servicio, reforzados por conflictos entre familias producto de la intolerancia o vendettas relacionadas con el ejercicio de actividades ilegales, tales como el hurto y el micro-tráfico, aunado a la proliferación de armas de fuego y el fácil acceso a éstas, exacerban la conflictividad e incrementan la letalidad.
Por eso son muchos los adolescentes y jóvenes de nuestra isla, incluyendo los sectores nativos-raizales, que han tenido contacto con este tipo de armas, muchos de los cuales terminan involucrados en hechos de violencia, aun cuando no son todos, dependiendo de la presencia o no de factores protectores y factores de riesgo a nivel personal, familiar y social, explica Shanna Taylor.
“Los factores protectores o de generatividad, son condiciones favorables que permiten el desarrollo integral de los sujetos, mientras que los factores de riesgo o de vulnerabilidad, son condiciones adversas que elevan la probabilidad de daño en estos sujetos”, concluye.
Para la facultativa, “está demostrado que el comportamiento violento en adultos jóvenes viene precedido de un comportamiento agresivo en la niñez y adolescencia temprana. Estos comportamientos no aparecen de forma repentina y normalmente cuando he indagado al respecto en la historia clínica con los padres o acudientes, me encuentro con antecedentes de problemas de conducta tales como déficit de atención con hiperactividad, conductas desafiantes, problemas de aprendizaje o acontecimientos vitales estresantes como exposición a eventos de violencia a temprana edad, encarcelamiento de alguno de los padres, entre otros; muchos de los cuales no fueron atendidos de forma oportuna y profesional”.
Esto quiere decir que los problemas de violencia juvenil de hoy no son el resultado de la ausencia de política de atención integral de un gobierno presente, mucho menos del actual que apenas completa once meses en el cargo. A lo sumo, habría que buscar tres periodos de Gobierno atrás, donde no fueron atendidos desde la infancia, los problemas disfuncionales de estos adolescentes de hoy.
La responsabilidad del actual Gobierno, -que no obstante debe enfrentar la herencia que hoy tiene- a lo sumo debe verse reflejado en unos ocho o diez años (dos periodos y medio de Gobierno), pero que a partir de diagnósticos especializados como el que claramente expone la doctora Taylor, debe merecer la estructuración de programas de atención integral desde la infancia, para que educando en paz y sana convivencia a los niños de hoy, no tengamos que castigar a los hombres del mañana.
En tal sentido propone la profesional de la psicología un modelo de atención a partir del diagnóstico de antecedentes de comportamiento antisocial, patrones de personalidad antisocial, conocimiento antisocial, socios antisociales, (pandillas, combos, maras) contexto familiar / circunstancias matrimoniales, (familias criminales, violencia íntima e intrafamiliar), entornos escolares y laborales (Escuela, trabajo, bajo nivel educativo por inicio de trabajo a temprana edad, deserción escolar, desempleo) actividades de Ocio / recreación, (falta de recursos económicos, no practicar deporte), Abuso de sustancias psicoactivas (A inicio más temprano, mayores secuelas).
Aspectos en los que la familia como núcleo fundamental de la sociedad, es el primer actor ya que es el espacio de socialización que tienen los niños y niñas, en dónde se aprende valores y normas de conducta, adquieren hábitos y rutinas, luego la escuela que es el segundo espacio de interacción con los profesores y las demás personas de su entorno, pero luego viene el Estado, la familia y la sociedad que son corresponsables en este ejercicio y cuando la familia falla, el estado debe intervenir.
“Por años he visto cómo pasan los gobiernos sin realizar inversiones significativas a nivel social y en general, para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades vulnerables, con intervenciones que tengan continuidad y estén articuladas a nivel interinstitucional para lograr resultados y un impacto positivo”, advierte Taylor.
Este análisis evidencia que las responsabilidades del fuerte impacto que la violencia juvenil ha causado en el año más violento de las últimas décadas, y quizás de todos los tiempos en San Andrés, corresponde a un problema histórico y estructural, producto de las “subculturas de ilegalidad” que han crecido consecuentemente.
A partir de estos análisis el actual Gobierno, tiene una valiosa oportunidad de adelantar una tarea compleja que requiere, desde la experiencia de quienes como la doctora Taylor conocen ampliamente la problemática, de varias acciones tales como la elaboración de proyectos con esta población a partir de los insumos estadísticos producidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la implementación de programas y proyectos a nivel comunitario en los que se trabaje en la prevención de la violencia con los niños y adolescentes y sus familias en sus entornos, el mejoramiento de la atención para la población consumidora y con abuso de sustancias psicoactivas a través de la creación de centros de desintoxicación y demás programas que estipula el Ministerio de Salud, estrategias para prevenir el escalamiento de la conducta agresiva en la educación primaria y secundaria, capacitar al personal docente y directivo de las instituciones educativas en el tema de justicia y prácticas restaurativas en el entorno escolar, mecanismos preventivos de la deserción escolar y más modalidades de educación flexibles diferentes a la oferta existente para los adolescentes y jóvenes en vulnerabilidad psicosocial, reactivación del Observatorio del Delito, un programa de justicia juvenil restaurativa que permita la reparación del daño causado y si es posible, la reconstrucción de los lazos sociales del agresor con su comunidad, promover la vinculación y permanencia de esta población en disciplinas deportivas y artísticas como factor protector, sensibilizar y capacitar a los funcionarios que atienden víctimas en las diferentes instituciones, sobre atención diferencial y trato digno y oportuno a las mismas.
Finalmente, si queremos sacar a estos adolescentes y jóvenes del espiral de violencia y romper con ese legado intergeneracional, se requieren sólidas políticas de prevención, promoción e inversión social.
