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El lamentable bloqueo a la conectividad hacia Providencia

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Desde el inicio de la operación charters de la compañía de taxi aéreo Transportes Aéreos de Colombia TAC, la cual opera vuelos fletados por la agencia de turismo Ocean Wonder Tour, ha tenido que soportar toda suerte de presiones, obstáculos y dificultades para que esta nueva alternativa de transporte para la comunidad insular de Providencia y Santa Catalina pueda disponer de mayor cantidad de sillas aéreas y mejores precios para resolver su principal problema de conectividad.

Esta especie de bloqueo no solo ha sido de carácter comercial desde la competencia, sino algunas  actuaciones oficiales también se le han atravesado desde la  respectiva autoridad aeronáutica de Colombia en las islas, y en cabeza de una funcionaria nativa raizal que debería contribuir más a un trato más justo y comprensivo.

Primero fue en los primeros días de operación cuando funcionarios y pilotos de la empresa Searca que también opera de manera charters para dos compañías turísticas de la isla, anunciaron que la operación de TAC no tendría larga duración y mediante derechos de petición a la Aeronáutica Civil, intentaron frenar la misma.

Pero lo que ha resultado bastante extraño es la actuación de la administración aeroportuaria de San Andrés, en cabeza de la gerente regional Julieth Howard González, quién insistentemente le ha negado espacio en las instalaciones del aeropuerto a la agencia que ópera esa agencia de turismo, para lo cual, incluso ha usado la Policía Aeroportuaria para que desaloje el personal que despacha los vuelos de TAC en ese aeródromo.

La situación se creía resuelta luego que la misma administración portuaria le alquilara un pasillo sin uso ni salida en el segundo piso del Gustavo Rojas Pinilla a la agencia de turismo para que atendiera sus usuarios, pero a última hora lo declaró espacio público y ordenó el desalojo de los operadores de ese sitio, para que no pudieran operar dentro del aeropuerto.

Tratándose de una nueva alternativa de transporte para turistas y residentes que beneficia el destino turístico de Providencia y Santa Catalina y la necesidad de transporte doméstico de sus habitantes, además tratándose de empresarios Raizales que están explotando un servicio de gran utilidad para esas islas, resulta incomprensible la actuación de la autoridad aeronáutica que al mismo tiempo anuncia proyectos de ampliación de la pista de Providencia para que lleguen más vuelos, pero a instancias de su agente regional en el Departamento, obstaculiza la operación de una de las aerolineas que hoy funcionan hacia ese destino.

Todo este bloqueo ejercido a la nueva operación de TAC, plantea una serie de interrogantes sobre la actuación de la administradora de Aeronáutica Civil en San Andrés Julieth Howard González: A qué intereses responde?; siendo cuota del congresista Julio Gallardo Archbold en la Aeronáutica Civil y servidora público, acaso no se debe al bienestar de las gentes de la Región, especialmente de habitantes tan necesitados de transporte aéreo como los habitantes de Providencia y Santa Catalina?.

También vale la pena advertir, porque si el área alquilada a la operación de TAC es un pasillo sin utilidad, sin salida y que solo sirve para la vergüenza de tener viajeros tirados en el piso durmiendo o sentados, mientras esperan su vuelo, puede ser adecuada para una oficina, no la alquila al nuevo operador y facilita su labor?; siendo una funcionaría nativa de las islas, no debería apoyar el desarrollo empresarial de las gentes de las islas, sobre todo si estos han cumplido sus requisitos legales?

Esta actitud de Howard Gonzales claramente le va a pasar factura a Julio Gallardo Archbold en su nueva aspiración a la Cámara de Representantes en marzo próximo, cuando los habitantes de Providencia le sacaran en cara que su pupila en vez de colaborar con el propósito de disponer de una alternativa de transporte aéreo a más bajo costo, torpedeó todo y él no hizo mayor cosa tampoco para ayudar en la situación y por el contrario, parecía estar representando poderosos intereses económicos que se oponen a la operación de TAC.