Menores infractores agonizan por falta de condiciones en su reclusión

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La situación de niños y jóvenes en  Latinoamérica durante los últimos años  se ha convertido indiscutiblemente en la preocupación de organismos de derechos humanos  nacionales e internacionales  que  buscan a diario  soluciones eficaces para las principales causas que ponen en riesgo la integridad física, moral y social de los menores  de edad.  El caso de la isla de San Andrés tiene que ver con los niveles socioeconómicos, familias  de bajos recursos, violencia intrafamiliar, abuso sexual y falta de oportunidades, por otro lado menores involucrados en  hechos desafortunados a causa del narcotráfico que no da tregua, también se encuentran los menores trabajadores  que dejan de lado la oportunidad de asistir a un centro educativo, para poder suplir sus necesidades básicas sin medir las consecuencias de abandonar la escuela.

La situación no es exclusiva de la isla y es tan solo un reflejo de la situación extensiva hacia todo el territorio nacional, cabe resaltar que durante  los últimos meses se han incrementado los episodios violentos en los cuales se ven involucrados menores de edad, esto ha generado polémica, hasta el punto de que el gobierno nacional busca reducir la edad para la penalización  de los menores, claro que el archipiélago  también hace parte de las estadísticas que reflejan la dura situación con la que la sociedad se enfrenta cada vez que un menor de edad se ve involucrado en hechos delictivos. Entonces si logran ser capturados  son trasladados a centros de atención especializada, mal llamados en el caso de San Andrés “Casa del Menor Infractor”;  donde por lo general el contacto con ese ambiente familiar dañino continúa y en lugar de concretarse la resocialización que plantea el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, avanza hasta convertirse en persecutora de homicidas, narcos y violadores.

Hoy Cuando un número escalofriante de  menores de edad resultan involucrados en delitos atroces el gobierno nacional trata de  reducir la edad de imputabilidad o insistir en una acción que busque la readaptación de los muchachos mirándolos como víctimas y no como victimarios, teniendo en cuenta que estos centros de reclusión deben contar con ciertas características fundamentales para que los procesos de resocialización, si bien no son cien por ciento efectivos, se ejecuten en ambientes propicios para tranquilidad de las autoridades que custodian a estos menores y para su beneficio durante el periodo de resocialización.

Acerca de la legislación actual

La ley de Infancia y Adolescencia contempla el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que se aplica actualmente en Colombia. Con esta ley pasó lo mismo que con la Constitución del año de  1991, hay muchas buenas intenciones, pensado en un país con un alto desarrollo social y recursos económicos suficientes para financiar programas de reintegración para los menores infractores, pero la realidad dicha por especialistas se ve de otra manera.

“El deber del estado es el proteger y educar a niños y a jóvenes como corresponde a una sociedad que se precie de ser responsable, justa y civilizada.  A este punto los adolescentes tienen derechos prevalentes y eso es sagrado, pero tienen también deberes que deben cumplir ante la sociedad,  eso también debe ser sagrado, sus crímenes no se pueden castigar en función de la edad del delincuente, se deben castigar en función de la gravedad de delito y del daño para las víctimas. Por eso vamos a proponer la penalización de delitos graves cometidos por adolescentes, en centros carcelarios especiales, donde tengan de verdad la opción de ser resocializados, pero también paguen penas proporcionales al daño causado.” Afirmaron las directivas del partido verde en medio de esta polémica que no cesa. 

 

El artículo séptimo del código de infancia y adolescencia, define  por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. Es claro entonces como lo afirma la misma ley que: La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.

¿Si el código es tan claro, qué pasa en San Andrés?

Este Es un claro llamado de atención para que los funcionarios de las instituciones pertinentes del caso en las islas para que se ponga en marcha efectiva de la adquisición de un espacio propicio para esta labor de resocialización, ya que en la actualidad se asignó un espacio que no reúne las condiciones mínimas para ser asignado como reclusorio y por el contrario abre otra brecha en medio de esta polémica si tenemos en cuenta que mucho jóvenes que practicaban deporte en las instalaciones del Coliseo Rosado, ahora “casa del menor infractor” se han visto perjudicados” .

“Es el colmo, tenemos escenarios deportivos incompletos, y en los que podíamos jugar ya no nos dejan y los cogen para otra cosa”, aseguró Sergio Castro, un joven de 17 años que acostumbraba a departir con sus amigos en torno al Basquetbol en horas de la tarde luego de salir del colegio.

La redacción de este medio acudió a Marcela Carvajal, Directora de la asociación gotas de paz, administradores actuales del centro, pero fue imposible obtener una entrevista para aclarar que está pasando con la adquisición necesaria de un espacio propicio para este fin. Se conocen los antecedentes del pasado centro pero no  debe considerarse como excusa. Queda abierto el interrogante de quienes pasar por el sector y ven en las rejas del centro deportivo a los adolescentes apostados como seres agonizantes, o la queja de quienes los ven montados en el techo bañándose desnudos, o de aquellos que aseguran que cuando entran a este centro salen peor de lo que entraron.

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