“No queremos pertenecer a ningún país”: presidente de la autoridad raizal

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Por: Cecilia Orozco Tascón

Habla, con profundo dolor de su patria, el pastor Alberto Gordon May, presidente de la Autoridad Raizal, órgano que representa a los habitantes nativos de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se sienten atropellados por el gobierno central.

Según este líder de las víctimas del huracán Iota, la administración Duque llegó con sus “prácticas neocolonialistas” y las ha ignorado así como a sus dirigentes y comunidades.

Alberto Gordon May, líder de las víctimas del huracán Iota, advierte: “No estamos dispuestos a seguir siendo una colonia de Colombia». / Archivo particular

Para usted, ¿cuándo se cumplen los 100 días, tiempo en el cual, según prometió el presidente, estarían reconstruidas Providencia y Santa Catalina? ¿Cuenta desde la fecha del paso del huracán Iota (16 de noviembre de 2020) o desde el 1° de enero de este año, de acuerdo con el anuncio oficial de inicio de obras?

El conteo de los 100 días debió haber comenzado el día posterior al huracán o a partir del primero en que el presidente Duque anunció, por los medios, la reconstrucción de las islas con viviendas antisísmicas y antihuracanes. Pero, contrario a lo que esperábamos, lo que comenzó fue el martirio de nuestra comunidad.

En términos prácticos, el plazo puesto por el mandatario finalizó el 27 de febrero pasado.

Después se extendió hasta el 10 de abril, término que ya se amplió hasta el primer trimestre de 2022. Para ser sincero, dudamos de que haya reconstrucción en los próximos mil días.

¿Todos los raizales de Providencia y Santa Catalina comparten su pesimismo? ¿Así de triste ven su realidad?

Es exactamente así: todos los miembros de la comunidad comparten mis sentimientos.

Le pregunto directamente, ¿cómo están viviendo, hoy, los isleños: ¿igual, peor o mejor que antes del 16 de noviembre, teniendo en cuenta que han pasado tres meses y medio de Iota y el Gobierno algo debe haber avanzado?

Hoy viven mucho peor. Antes tenían casa, cubiertas sus necesidades de energía, agua y otros elementos necesarios. Las condiciones a que están sometidos ahora son lamentables, deprimentes e inhumanas.

La presencia del Estado, entonces, no significó el inicio de las obras del Plan 100?

La presencia de funcionarios del Estado ha sido ininterrumpida.

Pero desconocemos el Plan 100 y, mucho menos, hemos sido enterados de un plan anual que se ha anunciado a pesar de las múltiples visitas de Iván Duque. Contrario a la Ley 1523 de 2012 (Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres), elaborada para ocasiones como la que sufrimos ahora, el Plan de Acción Específico (PAE) para el archipiélago, que será la carta de navegación para las islas, según Susana Correa, gerente de reconstrucción de Providencia, no ha sido ni siquiera firmado por el consejo de ministros. El Gobierno ha tenido dos “planes”: el que le cuenta a la comunidad y el que manipula. La gente ha venido reaccionando a la improvisación diaria, lo que nos parece sumamente grave porque reinan el desespero y la incertidumbre. Los habitantes están viviendo a sol y lluvia, aunque esta fase de la crisis debió haber sido superada en la primera etapa de la emergencia.

¿Cuáles principios del Sistema de Gestión de Riesgos ha desconocido el Gobierno?

Le insisto: hasta este momento la única persona que conoce el PAE es Susana Correa. No lo ha compartido ni discutido con nadie y se escuda en diversas disculpas para protegerse. Pero sale a mentir ante los medios. El Gobierno ha desconocido la totalidad de la ley y ha ignorado, principalmente, los principios de igualdad, protección, el participativo que ordena reconocer y promover la colaboración activa de las comunidades, y, muy importante, el principio de diversidad cultural que exige respetar las particularidades de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos de la misma.

¿No era necesario, en su opinión, un Plan de Acción Específico (PAE) para las islas, sino cumplir lo que ordena la Ley del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres?

No estoy en contra de un plan específico, pero si el Gobierno se hubiera ceñido estrictamente a la ley, y la hubiera cumplido, no habría tanto desespero. La población de las islas está al borde de un colapso emocional por la incertidumbre sobre su presente y, ante todo, sobre su futuro.

¿Cuáles son las condiciones de vivienda, servicios de agua y energía, suministro de medicamentos y servicios de conexión de internet hoy 7 de marzo en las islas?

Mucha gente pasa los días en carpas. Las viviendas a las que les han reparado techos sin reconstruir sus bases no cuentan con los amarres y las técnicas antihuracán, a pesar de que el propio Ministerio de Vivienda reconoce que hay que cumplirlas. La energía ha sido restablecida y se instalaron unas plantas desalinizadoras (del agua marina). Sin embargo, es preciso resaltar que la disponibilidad de agua del embalse Fresh Water Bay ha venido disminuyendo por causa de los procesos erosivos de la cuenca y que este es el único embalse que existe. En las épocas de sequía hay escasez. Pero, en este momento, otro motivo de gran preocupación es qué va a suceder con el suministro del líquido, además de la sequía, por la sobrecarga de personas de afuera que llegaron sin medir su impacto.

Según reportes públicos, entre obreros y contratistas hay mil personas en las dos islas desde el 25 de enero, para participar en los planes de construcción o reconstrucción. En Providencia y Santa Catalina residen unos cinco mil habitantes. ¿Cuál ha sido el impacto sufrido por el incremento repentino del 20 % de la población total?

Empecemos por el ambiental: es un desastre. Los servicios de energía y agua que son precarios, igualmente son escasos. Por lo tanto, no dan abasto con el incremento poblacional. También nos preocupa el brusco cambio de relacionamiento social con grupos tan numerosos de personas ajenas a nuestra cultura.

Como he dicho, se desconocen los términos de referencia y códigos de reconstrucción de las viviendas porque las condiciones contractuales con Findeter no han sido puestas a consideración de la comunidad. Pero de hacerse con las especificaciones técnicas descritas, se podría suplir con trabajo local gran parte de las obras de construcción, para lo cual la comunidad se ha venido organizando. Consideramos que la vinculación laboral externa debe ser gradual y organizada para evitar efectos negativos y garantizar la sostenibilidad social, ambiental y económica.

Hasta el momento, ¿cuántas viviendas nuevas se han levantado y cuántas se han reconstruido sobre lo que quedó en pie?

No se ha construido una sola casa de las 1.200 que el Gobierno prometió que haría en 100 días. Susana Correa se jacta de haber reparado 280 viviendas, pero insisto, ninguno de los techos reinstalados cumple con los códigos antihuracanes. Hubo seis donaciones de vivienda y en Santa Catalina no han hecho absolutamente nada. Nadie sabía qué tipo de casas iban a construir hasta hace unas semanas, cuando entregaron los términos de referencia como resultado de un derecho de petición instaurado por la Veeduría Cívica de Providencia. Hasta la fecha, tampoco hemos visto los contratos que Findeter ha hecho o hará con las empresas constructoras. Esperamos que no se desperdicie la inversión como ocurrió en 2005, cuando hicieron unas reparaciones y apenas llegó el huracán Beta, que solo era de categoría II, destechó la isla y todo lo invertido se perdió.

¿Qué pasó con la consulta previa?

La consulta previa es un derecho constitucional y legal. El Gobierno pretendía obviar esa obligación escudándose en el estado de desastre. Los planes incluían casas prefabricadas y sin el cumplimiento de los códigos internacionales contra huracanes. Por suerte, un grupo de raizales, en la diáspora, ayudó a preparar varias propuestas de casas. Solo después de insistentes reclamos por parte de líderes de la comunidad, el Gobierno, al parecer, finalmente incluirá tales diseños en sus planes. La vocería y la presión de un grupo de líderes, la veeduría local, a través de tutelas, la Autoridad Raizal, la Comunidad Raizal en la Diáspora, a quienes agradecemos inmensamente, y la prensa local e internacional, ayudaron a que la administración Duque atendiera los reclamos comunitarios.

¿Hay alguna obra para reconstruir los medios de transporte?

El puente entre Providencia y Santa Catalina, que fue destruido, no ha sido recuperado. No hay paso de un lado al otro. Este es el momento en que no se ha proyectado, que sepamos, su reconstrucción. En cambio sí construyeron un muelle guardacostas sin preguntarle a la comunidad si estaba o no de acuerdo. O sea, sin consulta previa después de que ese muelle había sido objetado por los residentes. Parte de la zozobra que todos tenemos es que no estamos enterados de nada. Pero sí vemos que hay interés en edificar instalaciones oficiales, como el muelle, en lugar de, por ejemplo, darles prioridad a unas viviendas para embarazadas y los niños. El Gobierno también se comprometió a reconstruir la terminal de transporte y a ampliar el área de parqueo de las tres aeronaves que hacen las rutas. Vigilaremos que se respete la voluntad del pueblo de no ampliar la pista para el ingreso de aviones más grandes, porque se pondría en riesgo la sostenibilidad ambiental de la isla.

¿Cuántas instituciones oficiales están en las islas y cómo coordinan el trabajo entre ellas, y entre ellas y la población afectada?

Se encuentra la gerente Susana Correa, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, el Ministerio de Vivienda y Findeter, que se encargará de desarrollar los contratos de reconstrucción, y Fontur. La verdad es que no ha sido muy clara la manera como están coordinando el trabajo. Esporádicamente hay reuniones con algunos líderes, pero no necesariamente con la comunidad. Y las reuniones son más para decir lo que ellos harán que para consultar y socializar los planes con la comunidad afectada. Por si fuera poco, también se ha desconocido el rol del gobierno local, empezando por el alcalde, en el proceso. Según la gerente, la reconstrucción estará a cargo de Findeter, que se ha convertido en el ejecutor de todas las obras a través de tres grandes empresas constructoras: Marval, Amarilo y Constructora Bolívar. Nadie conoce los términos de los contratos, ni si quiera el alcalde municipal.

a Providencia, en cabeza de la doctora Susana Correa, y excluyó tanto al gobierno departamental como al municipal, del proceso de reconstrucción. Es claro que el presidente tiene sus funciones en una situación de desastre, pero ello no le da derecho de excluir o suplantar a la administración local. Lo correcto hubiera sido ayudar al alcalde y darle un papel activo a la comunidad para que se apropiara y dirigiera su reconstrucción y su plan de desarrollo. Sin embargo, la administración nacional apareció con sus prácticas colonialistas aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las víctimas del Iota. No hay duda de que se requiere mano de obra foránea, pero eso no se puede decidir sin consultar a la comunidad ni sacrificando a nuestros profesionales y constructores locales mediante el ingreso de centenares de trabajadores foráneos, con lo cual la Gerencia de la Reconstrucción viola la ley de la Occre (derechos de circulación y residencia en el archipiélago). Y desconoce las funciones y competencias de la Secretaría de Planeación municipal, porque se ordenó construir sin licencia cualquier edificación. Todo esto es leonino.

He oído que existe también temor por el aprovechamiento de algunos empresarios de turismo que querrían pescar en mar revuelto para instalarse en esas apetecidas islas.

Con maquinaria del Gobierno se inició la intervención del proyecto turístico Mount Sinaí, que ya había sido rechazado por la comunidad. Estaremos atentos para que, con la disculpa de Iota, no terminen afectando los recursos naturales por privilegiar a personas con capacidad económica; ni a otras que han convertido sus casas en posadas haciéndoles competencia desleal a las posadas nativas.

¿Es cierto que se están ignorando prohibiciones de proyectos que ya habían sido consultados y votados por los raizales, por ejemplo, el asentamiento de la base naval que alteraría las condiciones ambientales?

Ese es otro acto de violación a los derechos del pueblo raizal: construir en contra de la voluntad de la comunidad. En numerosas ocasiones la comunidad de Providencia y Santa Catalina ha manifestado su oposición a la construcción de la base de Guardacostas o de Salvamento Marítimo que la Armada Nacional ha querido edificar en el sector de Old Town. Los providencianos no permitirán la militarización de su isla, como lo hicieron en San Andrés. La base de la Armada estaría violando la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que consagra que “no se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas… sin que se haya acordado libremente con los pueblos interesados”. El sitio en donde se piensa realizar la construcción es una zona de reserva de manglares, por lo que se debe consultar el informe de Coralina sobre impacto ambiental.

¿Los habitantes de Providencia y Santa Catalina, además de los de San Andrés, han reforzado, debido a todo lo que han sufrido desde el paso del huracán Iota, sus sentimientos separatistas respecto de Colombia, y se inclinarían por pertenecer a Nicaragua, Panamá o, incluso, Costa Rica?

Ha habido mucho inconformismo por la ineficiencia del Gobierno Nacional en reconstruir las casas. Aún hay muchas familias a la intemperie, como he dicho. El Gobierno aprovecha la vulnerabilidad del pueblo para militarizar las islas construyendo una base de guardacostas en vez de construir viviendas para las víctimas. El pueblo raizal está cansado de las prácticas neocolonialistas. No queremos pertenecer a ningún país. Deseamos ejercer nuestros derechos a la autodeterminación (consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, artículo 1) y poder, como lo prevé el Convenio 169 de 1986 de la OIT, ejercer también nuestro derecho a diseñar y controlar nuestro propio desarrollo económico, social y cultural como lo hacíamos cuando nos adherimos a la Gran Colombia en 1822. No estamos dispuestos a seguir siendo una colonia de Colombia. El Gobierno Nacional nos ha dilatado el proceso del Estatuto Raizal durante más de 20 años. Nuestra única solución es la de ser incluidos en la lista de Territorios No Autónomos del Comité Especial de Descolonización de la ONU, e iniciar el proceso de recuperación de nuestro estatus de territorio autónomo.

“Dictadura gerencial y operativa”.

Si no es con el alcalde ni con la comunidad raizal, entonces, ¿con quién concierta el gobierno nacional?

La reconstrucción en una dictadura gerencial y operativa. Se evidenció, desde el principio, la falta de coordinación interinstitucional y la improvisación. La comunidad se queja de tantos encuestadores haciendo las mismas preguntas pero la encuesta no se traduce en coparticipación. Seguramente, con adecuada coordinación se obtendrían mejores resultados y no se requerirían tantos foráneos. Siendo la primera vez que un huracán categoría 5 afectaba el país, nadie sabía qué hacer. La respuesta hubiera sido más ágil si se hubiera solicitado apoyo de países vecinos, dispuestos y con experiencia, que tienen organizados cronogramas para responder en casos semejantes. Creemos que jugaron un papel, algo de arrogancia en el alto nivel, y de baja valoración del gobierno central hacia la población raizal. El Ejército se ha convertido en un fuerte aliado de Findeter. Siendo que la isla viene de un proceso de parálisis económica total a raíz de la pandemia, se debería considerar mayor vinculación de mano de obra local y que solo se supla el déficit, con personal foráneo.

“Si mañana llega otro huracán, la islas desaparecen”

¿Se ha avanzado en la reconstrucción del hospital, centros comunitarios o muelles las lanchas, pista de aterrizaje u otro tipo de transporte?

Se ha instalado un hospital de campaña porque el único que había, quedó destruido. El gobierno prometió reconstruirlo y elevar el nivel del hospital a categoría 2. Antes de la devastación, había prometido construir uno nuevo para el 2023. Como no ha puesto sobre la mesa el PAE, no sabemos cuáles son sus intenciones. Y, con urgencia se requiere priorizar la construcción de albergues debido a la temporada de huracanes que se inicia en mayo.

La temporada de huracanes en el Caribe empieza a finales de mayo y termina en noviembre ¿No han construido ningún albergue?

¿Albergues? No hay nada parecido. No se ha avanzado en la reconstrucción de viviendas, menos se ha iniciado un plan de albergues antihuracanes. Si mañana llegara uno, las islas desaparecerían. Solo hay carpitas. Allí se están quedando muchos habitantes de Providencia y Santa Catalina y se tienen que resguardar de un clima que, en esta época, alcanza 38 grados bajo la sombra. En las carpas, el calor es infernal. La gente tiene que salir y exponerse a pleno sol. Si llega otro Iota, simplemente, no existe un sitio donde refugiarse.

Tomado de El Espectador