Un intenso debate se ha generado entre dos directores de la OCCRE. Pese a que se expulsaron a los quince empleados foráneos que laboraban en las obras de la nueva sede de la Policía en San Andrés, un intenso debate entre el director de la OCCRE Joseph Barrera Kelly y el abogado Juan Carlos Pomare despertó la atención de la opinión pública. Joseph Barrera Kelly, Director de la OCCRE: “Mi argumento era que no era necesario traer obreros de afuera, que el costo de vida en la isla es alto y eso estaba debidamente acordado a la hora de permitir sus operaciones en la isla.” Juan Carlos Pomare, abogado: “El mismo día de la expulsión de los empleados, el Director de la OCCRE saca un oficio a los dos fechados el 31 de octubre y 19 de diciembre diciendo que les da respuesta y que las personas que aparecen en los listados se les permite llegar a su despacho una serie de documentos para poderlos recibir creando un aborto jurídico.” Los empleados han sido expulsados de la isla la semana anterior, dando punto final a un debate que ha despertado la indignación de la comunidad raizal por el enfrentamiento de ambos profesionales.
Pese a que esta semana se le dio punto final al debate generado en torno a la presencia de quince operarios, quienes permanecían de forma irregular en San Andrés laborando en las obras de construcción del nuevo comando de Policía de la isla, el debate mediático generado entre el Director actual del organismo, Joseph Barrera Kelly, y el anterior y profesional del derecho, Juan Carlos Pomare, dio mucho de qué hablar por los términos en los que se presentó la misma.
De hecho, espacios radiales de noticias y opinión sirvieron de escenario para el debate en el cual hubo acusaciones mutuas, pero en los que se centraron en acusar al Director del organismo de control poblacional de liderar una persecución a personas que vienen laborando legalmente en la isla.
En representación de los contratistas, el abogado Juan Carlos Pomare indicó que todo se trata de una persecución orquestada por el actual director de la OCCRE contra su representado que en varias ocasiones ha sido renuente a atender sus peticiones de permiso para traer empleados foráneos.
“El problema empieza el 31 de octubre del año pasado donde el Consorcio María Providencia envió un oficio a la dirección de la OCCRE solicitando la venida de personas a laborar en el Departamento en la construcción de la nueva sede de la Policía.
“Al no conseguir respuesta, el consorcio envió otro oficio que data del 19 de diciembre, oficios que nunca fueron contestados por el Director de la OCCRE.
“Ahora bien, el 20 de enero de este año, el director de la OCCRE va al lugar de la construcción a hacer la captura y pesquisa en flagrancia de 15 personas y procedió a declararlos en situación irregular en el Departamento con una sanción pecuniaria y de expulsión.
“Hasta ahí todo iba bien, pero ese mismo día el Director de la OCCRE saca un oficio a los dos fechados el 31 de octubre y 19 de diciembre diciendo que les da respuesta y que las personas que aparecen en los listados se les permite llegar a su despacho una serie de documentos para poderlos recibir creando un aborto jurídico porque no puedes decirle a alguien que está en situación irregular y por otro lado le dices que se quede.
“Incluso, el día anterior nos acercamos al despacho del director de la OCCRE para tener una charla, para decir que hubo omisión de parte y parte y los errores cometidos dentro del trámite que configuran además hechos punibles como prevaricato por acción pero nos atiende de manera grotesca, no nos deja entrar a su despacho y nos atiende en el pasillo sin ninguna etiqueta amenazando con quitarle los derechos de residencia al contratista de la obra”, Las versiones han sido negadas rotundamente por Barrera Kelly, quien ha sido enfático en afirmar que su único propósito es hacer cumplir la ley y los derechos de los isleños nacidos y legalmente residenciados en la isla a trabajar dignamente en el territorio insular.
“Mi argumento era que no era necesario traer obreros de afuera, que el costo de vida en la isla es alto y eso estaba debidamente acordado a la hora de permitir sus operaciones en la isla.
“Nosotros estaremos pendientes, ellos se comprometieron a hacer una convocatoria y si ningún trabajador de la isla se acerca a pedir un trabajo los pueden traer, de lo contrario deben contratar gente de la isla”, afirmó el funcionario local.
La discusión llegó a términos donde, incluso, Barrera Kelly indicó que Pomare no tiene certificado alguno que lo acredita como apoderado de los contratistas y que su intervención en los medios lo estaría efectuando a título personal, lo que podría llevar a una denuncia ante el Consejo Nacional de la Judicatura por mala práctica jurídica en este caso.
Por lo pronto, en medio de la indignación que se ha generado, en especial entre la comunidad raizal por el debate calificado de absurdo de los dos profesionales del derecho, Barrera Kelly por sus acciones en defensa de los derechos de los trabajadores locales ha contado con el pleno respaldo de la Gobernadora Aury Guerrero Bowie que anunció una reunión para el nueve de febrero para ventilar el tema con los contratistas de obras foráneos y la prioridad en darle trabajo a los operarios locales en obras de inversiones superiores a los $100 mil millones que se ejecutan actualmente en las islas.
