Ante la incertidumbre creada a nivel local, y en especial entre los miembros del liderazgo de la comunidad raizal, sobre el tema de la presencia masiva y creciente de personas desplazadas en la isla de San Andrés, organismos como la Defensoría del Pueblo anuncian que estas personas “deberán ser reubicadas de acuerdo a las normas y programas actualmente establecidos por el Gobierno Departamental”.
La respuesta fue dada por la Defensora del Pueblo Tonney Jean Salazar quien afirmó que el organismo que viene presidiendo, y como parte del ministerio público, más que protección viene cumpliendo con una normatividad vigente y de acuerdo a lo establecido por la Oficina de Atención de Víctimas de la Violencia.
“A nosotros nos llegan personas desde el continente colombiano a nuestra oficina con documentos que los certifican como personas desplazadas, lo que hacemos es hacer la respectiva investigación para establecer si la persona es desplazada o no.
“Cuando verificamos la veracidad de los documentos con la Oficina de Atención de Víctimas inmediatamente le ofrecemos protección pero no con eso significa que va a permanecer de forma indefinida en la isla”, afirmó la funcionaria.
Recientemente un grupo de desplazados de la violencia, y en el marco de la conformación del Comité Departamental de Desplazados de la Violencia en San Andrés, venían reclamando de la Oficina de Control de Circulación y Residencia OCCRE la residencia legal para poder permanecer y laborar legalmente en el territorio insular, por lo que el director del organismo, Joseph Barrera Kelly indico que “no es menester de la OCCRE expulsarlos por estar en condición de desplazados pero que no podía certificarlos como residentes legales por estar en contra de las normas vigentes”.
No obstante el optimismo de los organismos locales en el cumplimiento de la reubicación de los desplazados hacia otro lugar del país, la veedora raizal Ofelia Livingston de Barker, y en el marco de la conferencia local sobre restitución de tierras para la comunidad raizal en las Islas, fue enfática en afirmar que “no es aceptable que se siga violando las normas vigentes de control poblacional de las islas colocando otras normas por encima de las actualmente vigentes para el archipiélago.
“Tenemos claro que el Decreto 2762 de 1991 es una norma con peso de ley y vemos como de manera reiterada el Gobierno Nacional impone otras normas como si la que prima para el archipiélago no tuviera validez”.
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo de la actual administración, se ha establecido como prioridad que las personas desplazadas por la violencia sean reubicadas en una zona determinada en el Departamento de Bolívar, zonas que fueron acordadas de manera previa y mediante convenios interinstitucionales entre ambos departamentos en la pasada Cumbre de Gobernadores celebrada en San Andrés.
“Con la Gobernadora Aury Guerrero tenemos claro que las personas desplazadas deben ser reubicadas hacia otro lugar ya que no se pueden seguir albergando personas de otros lugares por ser este un territorio insular con espacios limitados”, señaló Salazar.
