Cobros jurídicos a usuarios, con el fin de recuperar la cartera morosa estimada en más de $6.000 millones de pesos, viene realizando la empresa Proactiva a usuarios morosos con la entidad por la prestación del servicio.
Por: Daniel Newball H.
Con el objetivo de lograr reducir al máximo la cartera morosa por más de $6.000 millones de pesos, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de las Islas, Proactiva, inició ante los estrados judiciales el proceso de cobro coactivo a los usuarios morosos con la misma.
La medida, que ha causado malestar e indignación en algunos usuarios, y en especial a los afectados, no pretende embargar sino en buscar, según la Gerente de la empresa, Elizabeth Young Duffis, que los usuarios se acerquen a la empresa y puedan cancelar el servicio prestado.
“Es un sistema que la empresa va a implementar, hace dos años inició un proceso de acercamiento a los usuarios que tienen deuda a través de notificaciones para que se acerquen a la empresa y puedan hacer acuerdos de pago.
“Usuarios que luego de la segunda notificación no se acerquen a la empresa para realizar convenios, ya tenemos abogados quienes efectuarán la gestión de cobro y, de no llegar a un acuerdo con los apoderados, se iniciará un proceso de cobro jurídico y serán los jueces que determinarán el embargo de los bienes o no”, afirmó la funcionaria quien agregó que no se trata de despojar a nadie de sus predios sino de lograr acuerdos de pago con la empresa.
Sobre el tema de los pequeños usuarios que podrían estar en la lista de embargo, la funcionaria puntualizó que se trata de “cualquier usuario que tenga deuda, puede acercarse a la empresa a efectuar un acuerdo de pago, en el caso de los usuarios residenciales no están obligados a pagar una cuota fija sino que, en común acuerdo con la empresa, pueden fijar la forma como pueden pagar”.
La reacción de los vocales de control de servicios públicos no se hizo esperar y desde ya Leandro Pájaro Balseiro, quien además oficia como Zar Anticorrupción, presentó ante la Procuradora Delegada para el Departamento Archipiélago, Marlene Roa, una denuncia por Fraude a Resolución Judicial tanto por parte de Proactiva como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Para Pájaro Balseiro, en el año 2011, y en ejercicio de sus funciones en defensa de los intereses colectivos, se logró fallar favorablemente a los usuarios ordenándose en la sentencia revisar todo el sistema de facturación.
“A pesar del fallo, la empresa Proactiva sigue facturando a los usuarios de forma continua, mientras el servicio que se presta es deficiente y con unos niveles de cobertura que siguen siendo bajísima con un índice de agua no contabilizada que, por igual, sigue siendo altísima alcanzando un 70 por ciento”, afirmó.
Pájaro Balseiro además indica que los procesos de embargo se vienen efectuando sin que se hayan agotado el debido proceso y con la complicidad, según el veedor, de la misma Superintendencia de Servicios Públicos que, conociendo de la situación, acolita las acciones de la empresa.
Sobre este tema, Young Duffis indica que “un usuario que se encuentra en proceso de reclamación nunca pasa a cobro jurídico, si la persona no reclama las ultimas cinco facturas que se han emitido se registra como si están vencidas. La empresa debe continuar con el proceso de facturación si el usuario no se acerca a informar sobre la prestación o no del mismo”.
Por lo pronto, ya existe un listado publicado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Andrés donde ya se hacen requerimientos, conforme al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, donde en procesos ejecutivos singulares de mayor cuantía se ordenan embargos a los usuarios sin pretender, según la empresa, despojar de bienes a los mismos sino que se puedan lograr acuerdos de pago con la entidad.
