Proclama de la veeduría cívica Old Providence frente a denuncias que acusan a dicha organización sobre presunto recibo de dinero oficial para no ejercer control social

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Providencia y Santa Catalina, Islas. Sábado 16 de marzo de 2019.

El Movimiento de Veeduría Cívica “Old Providence”, se permite emitir el siguiente comunicado a la opinión pública:

Sea lo primero extender un saludo al pueblo raizal que habita estas islas, único titular de los derechos étnicos que, de manera especial y prevalente, rigen en nuestro territorio insular.

Ahora bien, ha surgido en la comunidad de Providencia una denuncia sin rostro, consistente en que la Veeduría Cívica, ha recibido dineros y es participe de beneficios económicos, que provienen de la actual administración de las islas, con el objeto de callar y/o dejar de ejercer el respectivo control político.

En ese sentido quiero decir que, dichos comentarios no generan efecto alguno en mi persona, al saberlos completamente falsos. No obstante, si despiertan algún grado de curiosidad, y me llevan a preguntarme, si los mismos surgen porque en verdad la comunidad raizal de Providencia y Santa Catalina se encuentra preocupada por el futuro colectivo de nuestro pueblo y nuestro territorio, o si, por el contrario, es caballo de batalla política, de cara a las elecciones que se avecinan.

La Veeduría Cívica Old Providence, tuvo desde su nacimiento, la claridad de que, en este territorio, por encima de todo, siempre habrían de estar los intereses de conservación ecológica, de conservación de la soberanía alimentaria, de reivindicación de la cultura raizal por encima de los planes de homogenización o asimilación desplegados por el gobierno colombiano, y del respeto por los derechos humanos de nuestro pueblo.

Por ello, y desde hace más de 25 años, hemos actuado para que los procesos de desarrollo económico, sean en beneficio del pueblo raizal de las islas, y no de intereses privados y extranjeros, provenientes de Colombia, que han querido asentarse en este territorio, con el ánimo de desplazar y excluir al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina, tal como ha sucedido con la hermana isla de San Andrés.

Para ello, conseguimos la declaratoria de McBean Lagoon, como un área de conservación ecológica integrada al Sistema de Parques Nacionales, permitiendo que este sagrado territorio, del que depende nuestro equilibrio ecológico y nuestra soberanía alimentaria, sea hoy en día intocable, por parte de los intereses del gobierno colombiano y de inversionistas extranjeros.

Pero volviendo al presente, debemos señalar que, aun cuando una parte de la comunidad, no ha querido entender de qué se trata esta lucha, hemos logrado la expedición de la Sentencia SU 097 de 2017, expedida por la Corte Constitucional de Colombia, sentencia que se convierte en parte integrante fundamental del ordenamiento jurídico excepcional que rige en estas islas, al lado de los artículos 7 y 310 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, el Decreto 2762 de 1991, el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, Acuerdo 015 de 2000, y el Plan de Desarrollo Turístico de Providencia y Santa Catalina.

La sentencia SU 097 de 2017, declara que el desarrollo social y económico de las islas, está reservado, en aras de proteger la cultura, las tradiciones, la relación con el territorio y con nuestras costumbres, al pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina, así como cuáles son las condiciones que debe cumplir, cualquier intervención externa, que quiera proyectarse en nuestro territorio, y cómo su aprobación o no, estará siempre en cabeza de nuestra comunidad. Esta sentencia puede invocarse por cualquier miembro de la comunidad, cada vez que considere que existen actuaciones de terceros, o provenientes de la misma comunidad, que afectan la autonomía de nuestro grupo étnico, único titular del derecho al desarrollo en este territorio.

Antecedente a la sentencia SU 097 de 2017, es la sentencia T 800 de 2014, gracias a la cual, la administración del Spa de Providencia, conocido como Cotton Tree, está hoy dirigida desde la comunidad raizal, y no desde el interior del país como se quería por parte del gobierno colombiano, reafirmándose la importancia que tiene para el pueblo raizal, dirigir el desarrollo del turismo en las islas, de una manera armónica con sus costumbres, tradiciones y relación ecológica con el territorio. Cabe resaltar que han existido dificultades en la consolidación de este espacio, en razón a que el respaldo al que se comprometió el gobierno nacional, no se presentó de la manera esperada, afectando temas esenciales como la instalación del servicio eléctrico, acompañamiento profesional y capacitación, el diseño de un plan de negocios adecuado, y el desarrollo de un plan de promoción y publicidad consecuente con las especiales condiciones de la isla de Providencia.

En relación con la estabilidad ecológica del ecosistema, la Veeduría Cívica Old Providence se opuso a la ampliación de la pista del aeropuerto, en tanto se afectaba gravemente el área de conservación conocida como McBean Lagoon, área donde se sustenta nuestra soberanía alimentaria, además de proyectar el incremento de una demanda turística que no consultaba la capacidad de carga técnica de las islas de Providencia y Santa Catalina, sumado a que aun en la actualidad, no tenemos hospital, agua potable, ni alcantarillado, lo que en ultimas ocasiona además, la contaminación de nuestra área marítima.

Respecto al asunto del estado deficiente de la prestación del servicio de salud en el Hospital Local de Providencia, esta organización interpuso en diciembre de 2017, demanda de acción popular en contra del Ministerio de Salud, Gobernación del Departamento Archipiélago, Alcaldía de Providencia, Superintendencia de Salud y Nueva Eps; acción a través de la cual, se demostró ante el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago, la vulneración sistemática del derecho humano a la salud del pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina, el cual expidió la Sentencia 011 del 24 de septiembre de 2018, que amparó el derecho colectivo a la salud de nuestra comunidad, estipulando un plazo de seis (6) meses, que se cumplen el 24 de marzo de 2019, para diseñar un nuevo modelo de salud acorde con las especiales condiciones étnicas y de insularidad de nuestro territorio, plazo después del cual, tendrán lugar los respectivos incidentes de desacato.

De igual forma, y preocupados por la proliferación de la oferta de servicios de alojamiento, por personas y empresas externas a la comunidad raizal y residente legalmente declarada, hemos iniciado a formular demandas de nulidad en contra de los registros otorgados por la Cámara de Comercio de San Andrés, organización que diariamente viola el numeral 3 del artículo 5 del Decreto 2762 de 1991, que señala que para inscribirse en el registro mercantil y ejercer actividades comerciales de manera permanente en el territorio del Departamento Archipiélago, se debe contar con la residencia definitiva, reservada a los miembros de la comunidad raizal, o a los residentes permanentes legalmente declarados; así como el parágrafo 2 del artículo 72 del Acuerdo 015 de 2000, expedido por el Concejo Municipal de Providencia, que establece que las actividades turísticas, dentro de las que se incluyen los servicios de alojamiento, son reserva de la comunidad raizal, teniéndose como única excepción a este principio, que en caso de que la actividad sea ejercida por una sociedad comercial, la misma debe ser al menos 90% propiedad de miembros de la comunidad raizal. Sin embargo, en Providencia vemos como cada vez son más las personas extranjeras que constituyen sociedades para ofertar este tipo de servicios, llegando al punto de realizar negocios jurídicos ficticios en los que se incluyen de manera aparente a miembros de la comunidad que se prestan para esto, afectando el futuro socioeconómico de la isla.

Más allá de todo esto, se invita a tomar consciencia de que veedores de la administración pública somos todos y cada uno de los miembros de la comunidad raizal. La Veeduría Cívica Old Providence, está siempre dispuesta a escuchar las denuncias que provengan de la comunidad, siempre que las mismas estén sustentadas y argumentadas, y no sean sencillamente disparates sin fundamento, lanzados a través de las redes sociales.

Seguramente, existe un sin número de temas que se encuentran pendientes de revisar, lo que no entiendo es por qué la comunidad no se dirige de manera formal a esta organización, con el ánimo de diseñar estrategias de control a la administración, sino que sencillamente lanzan la piedra y esconden la mano.

Agradezco enormemente su atención,

Atentamente,

Josefina Huffington Archbold
Presidente Movimiento de Veeduría Cívica Old Providence.