Procuraduría proclama gestión ambiental suya en Johnnie amparo de derechos colectivos en Johnie Cay ordenado por Tribunal

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Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina amparó los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano y la existencia de un equilibrio ecológico en Johnny Cay, y ordenó a la Corporación Autónoma Coralina la protección integral de este ecosistema.
El Tribunal aceptó la petición del Ministerio Público en defensa de la salubridad, medio ambiente sano y la protección de áreas de especial importancia ecológica y ordenó a Coralina que en el término de seis meses actualice el Plan de Manejo Ambiental de Johnny Cay Regional Park y que en coordinación con la Dirección General Marítima (Dimar) aseguren que el número de visitantes no exceda la capacidad de carga en el área.

El Tribunal ordenó que cada trimestre se prohíba el ingreso de turistas por tres días para la ejecución de un proceso de mantenimiento de la infraestructura del parque.

La Procuraduría sustentó esta petición en la presencia masiva y desmedida de visitantes, situación que se agrava por la falta de redes de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, la inexistente prestación de servicios públicos y el inadecuado manejo sanitario.

El Tribunal de San Andrés también impuso la realización de capacitaciones a los operadores logísticos para el cambio gradual de materiales desechables como plásticos e icopor por biodegradables, y la elaboración de un video para ser presentado a los visitantes con los mínimos cuidados ambientales que deben tener por tratarse de un área protegida, precisando las actividades permitidas y prohibidas.

En la página web de la autoridad ambiental deberán actualizar en el término de 15 días la descripción geográfica del Johnny Cay Regional Park, el horario de atención, los servicios que ofrecen, las recomendaciones especiales, en aras de fomentar actitudes ambientales de protección en los visitantes.

Finalmente, el Tribunal ordenó la conformación de un Comité de Verificación con representantes de la Procuraduría General en calidad de accionante, de la Corporación Ambiental Coralina, del departamento, de la Dirección General Marítima (Dimar), de la Policía Nacional y del Ministerio Público.

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