Ratifican fallo que ordena revocar demolición de fachada de una casa vecina a la hacienda de «el mexicano» quien pretende ampliar su muro de cerramiento

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Puede ser una imagen de cielo, árbol, masa de agua y pared de ladrillo

El Juzgado Primero Civil Circuito del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina  en providencia del 19 de abril de 2021 confirmó “in integrum” el fallo de tutela impugnado  por el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la Inspección de Policía de La Loma, en el que se revocó una orden de demolición y multa que se había emitido contra los vecinos de la Hacienda Casa Guadalupe del sector de Harmony Hall Hill.

La sentencia que ahora se remite a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de la radicación: 88-001-40-03-001-2021-00030-01 fue impetrada por Luz Rosalba Corpus Pomare gracias al apoyo jurídico del abogado César Pizarro,  e impugnada por la Inspección de Policía de la Loma, y en la que se vinculó a la  Sociedad Casa Guadalupe Co Rodríguez Carranza S.A.S. por la presunta vulneración de su derecho fundamental del debido proceso, como quiera que mediante Resolución No. 000720 del 18 de febrero de 2020 la Inspección de Policía de la Loma impuso medida de demolición hacia parte de la construcción que se alzó en el predio identificado con No. catastral 000000040069000 y matricula inmobiliaria No. 450-3343, de propiedad del señor Ories Classon Corpus quien era su padre, el cual falleció 5 de diciembre de 2019.

Argumentó que, a través de auto No. 087 del 02 de septiembre de 2019 se dio inicio al proceso urbanístico sancionatorio contra el señor Gustavo Valencia Lucio, como responsable del bien inmueble y quien es su cónyuge, pese a que, para esa fecha, el propietario del predio aún estaba con vida, por ende, era el único titular de los derechos de propiedad y tenencia, razón por la que considera que el proceso antes mencionado debía ser en contra del señor Ories Classon Corpus.

Arguyó que, a pesar de que el señor Gustavo Valencia Lucio hiciera la aclaración de no ser propietario del bien inmueble, la Inspección de Policía de la Loma hizo caso omiso a lo manifestado, y continuó con el proceso urbanístico sancionatorio en contra de éste, desconociendo los derechos de contradicción y defensa del verdadero propietario del predio.

Aseveró que, el proceso urbanístico sancionatorio tampoco fue puesto en su conocimiento, como quiera que, ella era la sucesora del propietario del predio, y solo hasta hace poco conoció del proceso, en ocasión a la orden de demolición. Concluyó manifestando que aún cuando conoce que el procedimiento idóneo debe ser llevado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, considera procedente la acción constitucional, como quiera que, existe la inminencia de la orden de demolición decreta el 5 de febrero de 2021.

La acción de tutela fue avocada por el Juzgado Primero Civil Municipal de esta ínsula, admitió la acción referenciada y ordenó vincular al representante legal de la sociedad Casa Guadalupe CO Rodríguez Carranza SAS, en calidad de denunciante en el proceso policivo, a lo cual la Secretaria de Gobierno contestó que “ la Inspección de Policía en su proceder no está violando los derechos fundamentales y constitucionales del infractor, simplemente sancionamos conforme a lo establecido en la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y que puede que el señor Gustavo Valencia Lucio puede que no sea propietario del lote, pero es responsable de la construcción ilegal conforme a los informes técnicos de los peritos de obra y aclaró, que ante la violación del debido proceso del acto administrativo emanado por un funcionario de la inspección es susceptible a la Nulidad y el juez en competente en declararlo, tal como aparece en la tutela, si llegase a existir vulneración de los derechos fundamentales y al debido proceso”.

Posteriormente el Juzgado Primero Civil Municipal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, profirió sentencia No. 020-21, amparando el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, dejando sin validez y efecto las actuaciones administrativas sancionatorias adelantadas por la inspección de policía en el proceso No.107 ,y, además, ordenó rehacer las actuaciones dentro del procedimiento administrativo.

Adujo , en síntesis lo siguiente : “(…) (i) de la actuación administrativa adelantada por la autoridad encargada, resuelta evidente que la misma no se dirigió y mucho menos se notificó a todas las personas que podrían resultar afectadas con la decisión de la inspección de policía, a pesar que la autoridad desde el inicio, tenía pleno conocimiento de que la persona destinataria de la actuación, catalogada como “el responsable del bien inmueble ubicado en la loma del mexicano” no era el propietario del bien ni la única persona que residía en el mismo conforme se desprende de las pruebas documentales que hacen parte de la actuación en comento, con lo cual resulta palmario que dicho procedimiento se adelantó sin el cumplimiento de las normas que rigen las actuaciones y procedimientos administrativos, en detrimento al derecho fundamental al debido proceso de quienes debían ser citados (…). la omisión de la autoridad en el procedimiento administrativo que se revisa, trasgrede de bulto el debido proceso, no solo de la actora como ocupante del bien inmueble en cuestión y sucesoras de los derechos y obligaciones de su propietario, sino de todas aquellas personas que a cualquier título detentan el inmueble objeto del procedimiento administrativo sancionatorio, al desconocer las garantías más elementales que integran el derecho fundamental invocado, tales como la publicidad, notificación y contradicción que se derivan del mismo,. (…)”

Inconforme con la decisión, la Inspección de Policía impugnó y fundamentó su disentimiento, argumentando que “la señora Luz Rosalba Corpus Pomare interpone la Acción de Tutela que ocupa el Despacho, luego de más de 24 meses; que no existe razón suficiente para deprecar una razón válida suficiente para justificar la inactividad del accionante por un término superior frente al ejercicio de cualquier acción administrativa o judicial, ya sea a través del agotamiento de la Vía Gubernativa, la solicitud de una revocatoria directa o la interposición de acciones, si fueren procedentes, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En ese orden de ideas, corresponde entonces resaltar que el transcurso del tiempo entre la supuesta violación y la fecha de ejercicio del actor no tiene de ninguna manera justificación plena y válida para soportar la inactividad de la señora Luz Rosalba Corpus Pomare, por lo que esta acción formalmente no debería estar llamada a prosperar”.

Para el operador judicial de segunda instancia, resulta manifiestamente obvio que el debido proceso, cuyo amparo se solicita, es un fundamentalísimo derecho de profunda raigambre Constitucional , que se constituye en la quintaesencia de todo Estado Social de Derecho , el cual aspira , como Estado Demo Liberal que es, a la realización de los siguientes objetivos : controlar el poder público, proteger los derechos de los asociados, ejercer el poder representativo que se traduce en la expedición de leyes por corporaciones de elección popular. Para lograr las dos primeras aspiraciones, esto es, controlar el absolutismo del poder y lograr el garantismo jurídico, se instituyó en nuestro estatuto fundacional, un bello artículo, el canon 29 superior, que consagra, como ya se dijo , el debido proceso <pilar decimonónico del Estado de Derecho>, que representa, parafraseando a David Hume, “El imperio de la ley sobre el imperio del hombre”.

Para el juez de tutela “de acuerdo con las reglas fijadas por la jurisprudencia constitucional y las interpretaciones garantistas efectuadas sobre este principio, no se desprende la imposición de un plazo terminante para la procedencia del amparo, sino uno razonable y prudente que debe ser verificado por el juez, de acuerdo a las circunstancias fácticas y jurídicas que rodean cada caso en concreto, máxime si el establecimiento de un plazo perentorio para interponer la acción de tutela implicaría el restablecimiento de la caducidad, con efectos contraproducentes sobre principios que inspiran la filosofía de la Constitución de 1991, tales como: i) el acceso a la administración de justicia; ii) la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; iii) la autonomía e independencia judicial; iv) la primacía de los derechos de la persona y; v) la imprescriptibilidad de los derechos fundamentales.”

Como en el asunto bajo estudio, según reconoció el señor Gustavo Valencia Lucio, en la declaración rendida ante el inspector de policía del sector de la Loma el 27 de septiembre del 2019, fue quien efectúo “la pequeña modificación” sobre el predio del Señor Ories Corpus Corpus y como este último es el propietario real inscrito, conforme a la norma y el referente jurisprudencial aludidos en precedencia, también se reputa como propietario de la construcción por el hecho de haberse incorporado a su propiedad. Entonces, resulta manifiestamente obvio que, en su momento, debió vincularse al proceso policivo al dueño del inmueble.

Además, según se observó del contenido del Auto No. 107 del 2 de septiembre del 2019, que dio inicio al proceso urbanístico sancionatorio, la inspección de policía conocía que el propietario del inmueble era el señor Ories Corpus, por consiguiente, independientemente de quien haya sido el responsable de la construcción, es lo cierto que esta se hizo sobre la propiedad del señor Corpus, por lo que, en razón a su derecho de propiedad también le pertenece. Por consiguiente, era menester que fuera vinculado al proceso, pues, los efectos de la decisión adoptada dentro del proceso policivo pudiesen hacérsele extensivos, máxime que, para la época aún se encontraba con vida, y, además, el proceso culminó con una orden de demolición de parte de la construcción que, como ya se dijo, se reputa de su propiedad.

Se especifica además que, como se vislumbra en el registro civil de defunción del señor Ories Corpus Corpus , adosado con la acción de tutela, éste falleció el 05 de diciembre de 2019, y el inicio del proceso urbanístico fue el 02 de septiembre de 2019, es decir, para la época en la que se inició el aludido proceso , el propietario del bien raíz aún se encontraba con vida, por lo cual, se reitera, lo pertinente era que se le vinculara al presente asunto con el fin de ser escuchado y ejercer su derecho a la defensa, sin que ello se hubiere hecho.

No siendo suficiente, en el auto No. 087 del 25 de noviembre del 2019, el inspector de policía de la Loma ordenó la notificación del señor Gustavo Valencia Lucio en calidad de propietario del inmueble, cuando era de su conocimiento que, conforme al certificado de tradición del bien, este no figura con tal calidad.

Subsiguientemente, a juicio de este dispensador judicial, la presente acción de tutela si cumple con el requisito de inmediatez, pues, además, no puede desconocerse que nos encontramos frente a un defecto procedimental por falta de notificación del propietario del bien inmueble y tras su fallecimiento, se echa de menos la notificación de sus herederos, además de los terceros que pudiesen verse afectados con la decisión policiva.

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