Por: Andrés Valencia*
La verdadera intención del gobierno de Petro con este proyecto de ley consiste en acelerar la reforma agraria, mediante el aumento de los impuestos a los propietarios rurales (pequeños y grandes), quienes no tendrían más opción que vender sus predios a la Agencia Nacional de Tierras.
El Proyecto de Ley (PL) elimina los topes que tienen los pequeños propietarios rurales establecidos en la Ley 44 de 1990, la cual plantea una tarifa mínima establecida por los concejos municipales.
Con el PL del gobierno del cambio el incremento podrá ser hasta del 50% del Impuesto Predial Unificado (IPU) del año anterior.
La Ley 1995 de 2019, que quieren derogar, establece que en los predios rurales de menos de 100 hectáreas el máximo incremento del IPU será del IPC+8% del monto liquidado el año anterior. Con la propuesta se incrementa el IPU a pagar entre 50% – 300% dependiendo del valor del avalúo.
El PL del gobierno hay que leerlo en conjunto con el artículo 61 de la Ley 2294 de 2023 (Plan de Desarrollo de Petro) que establece mecanismos para dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria. Ahí se establece que van contra el precio de compra del inmueble las obligaciones tributarias territoriales. Con ello, los productores que no puedan pagar el IPU podrían verse en la obligación de vender su predio al gobierno, pues no tienen con qué pagar el enorme incremento.
Así su inmueble se desvaloriza en el valor equivalente a la deuda.
Sin duda, la propuesta del gobierno Petro es lesiva para los propietarios de la ruralidad, pues los nuevos prediales se volverían confiscatorios y ellos no tendrían más remedio que vender su predio por un menor valor al gobierno.
Esto constituye un plan para acelerar la reforma agraria.
*Economista exdirector de Fogafin y exministro de Agricultura
