En un fallo de 111 páginas el Tribunal Contencioso
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, declaró no probadas las excepciones propuestas por el Ministerio
de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones MINTIC y el Fondo de las Tecnologías y Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. – Telefónica, la sociedad Colombia Móvil S.A. E.S.P., Directv Colombia Ltda, Empresas de Telecomunicaciones de Bogotá -ETB, Avantel SAS, la empresa Axesat S.A., BT Latam Colombia S.A., Giliat Colombia S.A. E.S.P., y la empresa UNE EPMTelecomunicaciones S.A. E.S.P., y en consecuencia amparó los derechos colectivos a la prestación eficiente, oportuna y de calidad del servicio público de telecomunicaciones e internet en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el derecho de los consumidores y usuarios del servicio público de telecomunicaciones e internet y la defensa del patrimonio público, vulnerados por la Nación Ministerio de la Tecnologías de la Información y Comunicaciones MINTIC, el Fondo de las Tecnologías y Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC y la Sociedad Energía Integral Andina S.A.
De igual forma el Tribunal le ordena a la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, que en el marco de sus funciones, adelante un análisis a las tarifas ofertadas por la empresa Energía Integral Andina S.A. y determine si obedecen realmente a los costos eficientes y una utilidad razonable, con el objetivo de dinamizar el mercado y obtener los fines fijados por el Estado cuando celebró el contrato de fomento en el año 2009, para el beneficio eficaz de la mayoría de los usuarios del servicio de telecomunicaciones e internet del Archipiélago.
El inicio de las gestiones administrativas necesarias para elaborar el análisis correspondiente será de manera inmediata, a partir de la notificación de esta decisión. El análisis de las tarifas ofertadas por Energía Integral Andina S.A. deberá culminarse en un término de seis meses, contados desde la notificación de esta
decisión. Del informe deberá enviarse copia al Tribunal.
Por su parte, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones MINTIC, en su calidad de contratante y la empresa Energía Integral Andina como contratista del contrato de fomento 331 de 2009, deberán adelantar las gestiones
administrativas y contractuales que estimen pertinentes con el fin de procurar que la mayoría de los usuarios del servicio de telecomunicaciones e internet fijo y móvil del sector residencial y corporativo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina puedan ser beneficiarios reales por la construcción y operación del cable submarino de fibra óptica con dineros públicos.
Para el inicio de las gestiones correspondientes se concede un término de un mes, contado desde la notificación de esta decisión y deberán concluir antes de los
siete meses posteriores al inicio de la gestión.
Por último, en atención al principio constitucional de la colaboración armónica que establece la Constitución, se exhortará a las diferentes entidades del Estado y
particulares que ejercen función pública accionados, para que a futuro, dentro del marco constitucional y legal ejerzan de manera enérgica y efectiva sus
competencias con el objeto de evitar la ocurrencia de los hechos generadores de la presente acción popular y con ello evitar continuar vulnerando los derechos
colectivos a la prestación eficiente, oportuna y de calidad del servicio público de telecomunicaciones en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la defensa del patrimonio público.
