Un Tribunal de Conjueces conformado por los abogados Jaqueline Llanos, Marlene Cuervo Smith y Fernando Correa Echeverri declararon que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar está incumpliendo las disposiciones especiales del Archipiélago contenidas en el Decreto Ley 2762 de 1993 y la Ley 47 de 1993 al momento de proveer cargos para los despachos judiciales de San Andrés.
De acuerdo con el fallo de los conjueces al tramitar una demanda incoada por varios ciudadanos de las islas, no se están cumpliendo las normas en materia de residencia y de idioma de las islas por lo que es perentorio que a partir de la ejecutoria de la sentencia, se deberá fijar como regla para quienes quieran aspirar a cargos por el Archipiélago, tener la residencia definida y certificar la condición bilingüe.
