Madre de las dos hijas del ingeniero busca adelantar proceso de sucesión. La ciudadan Sheryl Patricia Bent, ex esposa del fallecido ingeniero Fernando Manuel Newball Castellar presentó un incidente de desacato contra el alcalde de Providencia Arturo Robinson Dawkins, quien se ha negado a suministrarle información y documentación de toda la contratación que tenía el profesional de la construcción al momento de su muerte en un accidente de tránsito, para poder adelantar el proceso de sucesión, ya que éste dejó en marcha contratos por más de 4 mil millones de pesos y algunos de estos valores han sido cobrados por terceras personas.
A finales de agosto pasado la Juez Segundo Penal para Adolescentes Licenia Burbano Smith, había tutelado a favor de los menores Shanelly Michel Newball Bent y Laura Rose Newball Bent, los derechos de de petición (información) y al patrimonio económico de los menores hijos del fallecido y la tutelante y le ordenó a la Alcaldía Municipal de Providencia que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente tutela resuelva las peticiones incoadas por la señora Sheryl Patricia Bent suministrando la información y documentación requerida por la señora Sheryl Patricia Bent con el fin de proceder a instaurar el Proceso de Sucesión del señor Fernando Manuel Newball Castellar.
De igual manera se le conminó a la Alcaldía Municipal de Providencia para que en ninguna ocasión vuelva a incurrir en este tipo de actuaciones omisivas que dieron lugar a la interposición de este mecanismo constitucional, so pena de ser sancionado conforme lo establece la normatividad legal.
En un escrito de incidente de desacato radicado el día 25 de agosto de 2015 en el referido despacho judicial la tutelante expresa que la entidad tutelada continúa en clara, manifiesta y flagrante violación de los derechos invocados de petición, obtención de documentos, debido proceso, igualdad y la protección reforzada de los derechos de los niños.
La señora Bent le recuerda a la Juez que desde el 10 de julio elevó petición a la Alcaldía solicitando la documentación e información del caso, ya que se trata de información de carácter pública proveniente del desarrollo y ejecución de contratos suscritos entre la entidad tutelada y el señor Fernando Manuel Newball Castellar, fallecido, los cuales se encuentran en ejecución y en liquidación, así como pagos pendientes por recibir de parte de la Alcaldía, por lo que la Alcaldía estaba en la obligación de cumplir con los términos establecidos para dar respuesta y proceder con la entrega de lo solicitado.
Considera la señora Bent que “es evidente la burda y grosera violación de los derechos fundamentales invocados que la entidad accionada mediante un escueto escrito identificado con el No. DM-02-2015-172 que data del 14 de agosto de 2015, recibido el 21 de agosto le responde que “le daremos respuesta dentro de los 20 días siguientes al recibido de esta comunicación”, lo cual no responde el asunto de la petición, pues “este señor Alcalde, se subroga una función que no le corresponde como servidor público, como lo es varias los términos establecidos para variar los términos establecidos para dar respuesta pronta y oportuna a las peticiones”.
La señora Bent además de hacer una detallado análisis de los preceptos jurisprudenciales que avalan el rango constitucional de los derechos de petición, también abunda en conceptos doctrinales y jurisprudenciales tanto nacionales como del Derecho Internacional que amparan los derechos de los niños y niñas, que considera violentados para con sus hijos.
A su juicio se observa que se ha podido incurrir en faltas a los estatutos disciplinarios que controlan la función de los servidores públicos en general, pues resulta imperativo que la Ley la califica como faltas gravísimas, pues así lo estipuló el Código Único Disciplinario en su artículo 48 numeral 49, por lo que además pidió al Juzgado que ordene el traslado de estas actuaciones a la Procuraduría General de la Nación a efectos que se indague la conducta del alcalde por ser violatorio de las disposiciones disciplinarias.
Las peticiones de la señora Bent para acceder a la documentación de la contratación, liquidación de contratos y pagos pendientes encuentra asidero en un hecho extraño que se presentó en la última semana de vida del ingeniero Fernando Newball Castellar, ya que éste dio poder a uno de sus parientes para cobrar algunos pagos de uno de los contratos de la Alcaldía, pese a que estaba en capacidad de hacer tales cobranzas. Uno de esos pagos se tramitaron por Tesorería Municipal de Providencia, por lo que en su momento The Archipiélago Press indagó con la Alcaldía mediante derecho de petición, pero no se evidenció ninguna irregularidad en el procedimiento por que el poder aparentemente es legitimo y obedece a que el ingeniero estaba de viaje, pero si generó la alerta en la ex esposa sobre quiénes estarían cobrando dineros que en virtud de la sucesión por muerte corresponderían a las hijas del fallecido.
